A Natalia Torres, influencer constitucionalista, le cayó toda la funa por proponer que, para votar, el elector debiera tomar antes un curso de algunas semanas donde aprendiera las nociones básicas de qué es el Estado y qué hace un diputado o un senador. Su compañero de podcast, Ignacio González Jáuregui, se atrevió a más: dijo que el voto de alguien con estudios debería valer más que el de alguien sin ellos. Quizá tuvo la suerte de que el foco no cayera sobre él porque fue Natalia quien desarrolló el argumento y, además, lo expuso de forma más confrontativa: "me turbo vale madre si no les pareció", soltó.
Este tipo de ideas no son nuevas. De hecho, durante mucho tiempo el derecho al voto estuvo reservado a los hombres con propiedades. En las sociedades patriarcales, donde la mujer ocupaba un rol secundario, ella no votaba; y a los afrodescendientes ni siquiera se les consideraba personas libres: se les trataba como una raza inferior y se les deshumanizaba. Incluso John Stuart Mill, un progresista para su época, sostenía que quienes tuvieran más educación o conocimientos debían disponer de más votos que el resto. Con sus matices, ese orden restrictivo fue la norma allí donde se votaba, desde la Grecia antigua hasta el Estados Unidos del siglo XIX. El sufragio solo empezó a universalizarse hace relativamente poco, y no de forma simultánea: la llegada del voto femenino varió mucho de un país a otro.
El voto universal fue un logro que costó enorme esfuerzo —y a veces sangre— y hoy es la constante en prácticamente todas las democracias. Aun así, hay quienes lo cuestionan. El filósofo Jason Brennan, en su libro Against Democracy, defiende lo que llama una epistocracia: el gobierno de quienes poseen mayor conocimiento. Según él, los votantes se dividen en tres especies:
- Hobbits: apáticos, poco informados, casi no participan.
- Hooligans: muy involucrados políticamente, pero tribales; tratan la política como fanatismo deportivo.
- Vulcanos: informados, racionales, capaces de revisar sus creencias a la luz de la evidencia… y prácticamente inexistentes en la población real.
A partir de ese diagnóstico, Brennan baraja varios mecanismos: restringir el voto a quienes aprueben un examen de competencia cívica; otorgar más votos a quienes demuestren mayor conocimiento o competencia cognitiva (algo cercano a lo de Mill); crear un consejo epistocrático con poder de veto sobre la legislación; e incluso un "oráculo" simulado que infiera qué votaría un público plenamente informado, para ajustar el resultado electoral en consecuencia. La propuesta, sin embargo, ha recibido varias críticas:
- Cualquier prueba de conocimiento cívico corre el riesgo de reflejar los sesgos de quien la diseña.
- Que alguien "sepa más" no legitima automáticamente que mande: puede saber mucho y tener intereses oscuros.
- El riesgo de captura oligárquica.
- Se compara una epistocracia ideal con una democracia real, y no una y otra en igualdad de condiciones.
- El efecto de la exclusión: quienes quedan fuera terminan sintiéndose tratados como ciudadanos de segunda, no como iguales.
De algo podemos estar seguros: nunca existirá garantía alguna de que los votantes elijan la opción que más beneficie al conjunto de los ciudadanos. Una de las razones es la información disponible para evaluar a los candidatos. Nadie puede aspirar a conocer a fondo cada oferta electoral ni a juzgarla con información completa, así que todos recurrimos a atajos heurísticos: si es de izquierda o de derecha, si lo que sé del candidato empata con mis valores, si me "parece" confiable. Es razonable esperar que una persona con más educación disponga de más información para decidir; pero eso no garantiza en absoluto que su decisión sea la mejor para la sociedad.
La segunda razón tiene que ver con los sesgos cognitivos y las pulsiones identitarias. Ni la educación ni la capacidad cognitiva funcionan como antídoto: al contrario, como muestra Jonathan Haidt en The Righteous Mind, la gente suele usar su inteligencia para reafirmar y racionalizar sus propios sesgos. Lo mismo ocurre con el tribalismo y el identitarismo. Más educación te da más información y más herramientas para juzgar, pero de ningún modo asegura que la elección vaya a ser racional.
Y aun una elección "racional" de un votante informado no es necesariamente la mejor para la sociedad. Ese votante puede decidir conforme a sus intereses personales, aunque choquen con los de la mayoría: alguien inteligente e informado puede votar por X candidato precisamente porque calcula que "con ese gobierno podrá hacer negocios".
Estos argumentos no son exclusivos de la derecha, pero quienes hoy los enarbolan —como Nat Torres— suelen ubicarse en ese lado del espectro y ser muy críticos de la 4T (yo también lo soy, aunque no me considere una persona de derecha). Y aquí aparece un problema incómodo para su tesis: si la educación y la información fueran un antídoto contra el "mal voto", y si les concedemos que votar por López Obrador en 2018 fue la peor decisión, ¿cómo se explica que el voto por Andrés Manuel tuviera una correlación positiva con el nivel educativo? Es decir: a mayor escolaridad, mayor probabilidad de votar por él. Y, al revés, que el voto por José Antonio Meade —de quien hoy se dice que era el candidato más preparado— correlacionara de forma más negativa con el grado de estudios.
Un requisito "neutral" que no lo es
Conviene aclarar algo. Claro que es deseable —como quiere Natalia— que los mexicanos sepan cómo funciona el Estado, qué hace su diputado o su senador, o que comprendan la separación de poderes. Lo que muchos cuestionamos es otra cosa: que el derecho a votar quede condicionado a adquirir esa información.
La propuesta de Natalia es clasista, aunque seguramente ella no sea consciente de ello; quizá crea de buena fe que es neutral porque es "igual para todos". Pero bajo esa apariencia de neutralidad se reproducen diferencias sociales que golpean más a unos grupos que a otros. El caso más sonado son los literacy tests de Alabama —que el propio Brennan reconoce como uno de los grandes obstáculos a su argumento—: en apariencia neutrales, en la práctica excluyeron a la enorme mayoría de la población afrodescendiente.
Según le entendí, Natalia propone que, para votar, todos los ciudadanos contesten un examen sobre el funcionamiento del Estado, aplicado por el INE o algún otro organismo autónomo, y que esa misma institución ofrezca cursos para adquirir ese conocimiento: acudir a la sede un día a la semana durante varias semanas. Igual para todos, dice ella. Pero basta escarbar un poco para ver que la propuesta deja en desventaja a los más desfavorecidos.
Pongamos que los cursos se imparten los domingos. Un profesionista llegará a la sede con facilidad: se mueve en coche o pide un Uber y, con cierta probabilidad, la tiene más cerca que quien vive en la periferia. Es más probable que ese profesionista, o un estudiante, tome los cursos a que lo haga alguien que trabaja en un tianguis o que sale a limpiar casas.
Y aunque el gasto absoluto de quien vive en una colonia marginada y se traslada en transporte público sea menor que el Uber del profesionista, pesa muchísimo más en proporción a su ingreso: para quien tiene poco, el costo de asistir es mayor. Más aún si necesita tomar dos o tres rutas para llegar, cosa nada rara.
Al costo económico se suma el esfuerzo. Desplazarse en transporte público una distancia larga es más incómodo y agotador que hacerlo en coche propio. Supongamos que los cursos duran tres horas, de 9 a 12. En una ciudad como Guadalajara, alguien de clase media o media alta quizá salga de casa a las 8:20 y esté de vuelta antes de la 1:40. Para esa misma distancia, alguien de una zona marginada tal vez tenga que salir a las 7:20 y no regrese hasta casi las 3:00. El primero llega a comer; el segundo llega tarde y cansado. Y mientras el primero probablemente tuvo el sábado libre, el segundo quizá no, de modo que el curso lo dejó prácticamente sin descanso. ¿Quién crees que tendrá menos disposición a asistir? La respuesta es obvia.
Supongamos ahora que los cursos no son obligatorios, sino que existen para que todos "tengan derecho a adquirir la información necesaria". Es verdad que muchas personas de clase media y alta también ignoran cómo funciona el Estado, y que no pocas ni siquiera saben qué hace un diputado. Pero esa información está disponible en otras fuentes, como internet, y ahí la brecha se ensancha todavía más: por la brecha digital y porque los sectores menos privilegiados aprovechan menos la red. Es más probable que ese sector se sienta obligado a acudir a los cursos, mientras que alguien de clase media podrá estudiar en casa el día y a la hora que quiera; también es menos probable que posea una tableta o una computadora, mucho más cómodas para estudiar que un teléfono de gama baja.
A eso hay que añadir —sin que sea una regla, porque en los sectores vulnerables hay personas de altísimas capacidades— que quien viene de clase media o alta suele haber recibido mejor educación y mayor desarrollo cognitivo. Es probable que quien viene de abajo tenga menor comprensión lectora y, a veces, peor alimentación, lo que incide en sus capacidades: tendrá que esforzarse más para aprender los mismos contenidos.
Así, un requisito aparentemente neutral termina ampliando la brecha y dejando a los más pobres con más trabas para votar, justo el sector que hoy vota menos.
El voto no es una licencia de manejo
Natalia equipara el voto con manejar un automóvil: si para conducir hace falta una licencia, para votar también debería exigirse algo equivalente. La comparación falla por partida doble. Primero, es puramente instrumental: la democracia no se reduce al resultado, también es representación. Segundo, equipara dos cosas que no son equiparables. Saber conducir es esencial para manejar; en cambio, tener nociones mínimas del Estado no es esencial para "votar bien": es apenas una de tantas cosas que pueden ayudar a hacerlo.
Manejar es un privilegio que el Estado concede; votar es un derecho constitutivo de la ciudadanía. Restringir el voto crea ciudadanos de primera y de segunda categoría. A quien se excluye por "incompetente" se le sigue obligando a obedecer leyes que se dictaron sin su voz; el no automovilista, en cambio, no está obligado a cumplir las normas de tránsito. Y quien puede pagar un coche no tendrá problema para tomar el curso: la inequidad reaparece.
La pendiente resbaladiza
Natalia no fue ambiciosa y fijó un umbral bajo: conocimientos mínimos sobre cómo funciona el Estado. Pero ¿quién decide cuál es el umbral para determinar que alguien está en condiciones de "votar bien", y con base en qué? ¿Quién define qué significa "votar bien"? ¿Es siquiera posible concebir esa idea de forma ideológicamente neutral? Quien la defina tendrá, como cualquiera, su propia idiosincrasia y su afinidad ideológica.
Además, unos conocimientos mínimos del Estado no cambiarán gran cosa en cómo vota la gente; apenas le darán algo más de información. Así que alguien podría venir y decir: apliquemos un examen más exigente, que pregunte a fondo la diferencia entre un régimen presidencial y uno parlamentario, con historia y filosofía incluidas. Y con eso se restringe todavía más quién puede votar.
Por ese camino, podemos evaluar —y excluir— por casi cualquier cosa que supongamos capaz de desviar a alguien del "buen voto":
- Quien no sabe cómo funciona el Estado.
- Quien no tiene suficientes conocimientos de economía.
- Quien no conoce la historia de México.
- Quien no acostumbra leer con regularidad.
- Quien es impulsivo y proclive a dejarse llevar por sus sesgos.
- Quien no tiene propiedades.
- Quien no tiene sus finanzas en orden.
- Quien carece de título universitario.
- Un deudor alimentario.
- Quien no paga impuestos.
- Quien tiene algún problema de salud mental (depresión, ansiedad, algún trastorno).
- Quien no ha tomado cursos de equidad de género.
- Quien es religioso, o quien no lo es (según convenga a quien quiere restringir el derecho).
Y así llegamos a un padrón integrado por una élite diminuta. Lo habitual, además, es que los proponentes nunca aparezcan en su propia lista. Ahí asoma el tufo clasista y de superioridad: como creo tener más conocimientos e inteligencia que tú, soy yo quien decide si tú tienes o no derecho a votar.
Y si la propuesta de Natalia puede disfrazarse de sentido común, la de las mujeres de Turning Point —lideradas por la viuda de Charlie Kirk— va mucho más lejos: propone quitarle el voto a la mujer para que se vote por hogar y sea el hombre quien acuda a las urnas. Aquí la escena resulta más desconcertante, porque son mujeres quienes usan la libertad que les conquistaron las luchas de otras mujeres para arrebatarse a sí mismas ese derecho, en buena medida por motivos religiosos. Si los argumentos de Natalia ya parecían discutibles, estos no se sostienen en absoluto. Desde una mirada patriarcal y de sumisión femenina, dan por hecho que, al votar por familia, el jefe del hogar representará los intereses de todos —como si no lo hiciera ya cuando el voto es libre— y suponen, sin decirlo, que la mujer no está tan capacitada como el hombre para decidir en las urnas.
El peor sistema, salvo todos los demás
Estoy de acuerdo en mucho de lo que señala Brennan: el votante muchas veces no es racional, a veces elige a quien no resulta la mejor opción, es imposible tener información completa, cargamos con sesgos y actuamos desde impulsos tribales e identitarios. Todo eso es cierto. Y, con todo, como decía Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno… salvo todos los demás. Por regla general, los países con mejor calidad de vida, mejores economías y más libertades son democracias; los regímenes no democráticos que han prosperado, como China, son la excepción, no la norma.
La democracia tampoco es perfecta. La representativa arrastra fallas y, por diseño, no siempre genera los mejores incentivos para quienes gobiernan; cada vez menos gente se siente representada, siente al gobierno más lejano, y eso vuelve más atractivos a los populismos. Pero esas mejoras pueden hacerse sin cancelar la democracia por dentro, sin restringir ni arrebatar a las personas su derecho constitucional a votar.
