Esta semana ocurrió una secuencia que, a primera vista, parece casual: Trump volvió a hablar "bonito" de Claudia Sheinbaum —esa cosa medio ya recurrente de llamarla líder maravillosa, mujer muy inteligente—, días después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hiciera pública una acusación de 34 páginas contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios sinaloenses por presunta colusión con Los Chapitos, y el viernes 1 de mayo el propio Rocha Moya pidió licencia al cargo. La presidenta, en sus mañaneras, repite que México no se subordina, que la soberanía no se negocia, que cada quien jala por su lado. Pero la coreografía dice otra cosa.
En privado, la presidenta está siendo más colaborativa con Estados Unidos de lo que parece. No por convicción, sino por coerción. Y los gritos de soberanía no van dirigidos a Washington: son para consumo interno, para el electorado mexicano. Una vez que se asume eso, varias piezas que hoy parecen contradictorias empiezan a encajar.
Un tablero internacional, un tablero doméstico
Para entender por qué Sheinbaum hace lo que hace, sirve un marco que Robert Putnam describió hace décadas y que aplica al caso casi como un guante: el juego de dos niveles.
La idea es sencilla. Cualquier negociación internacional ocurre, simultáneamente, en dos tableros. En el tablero internacional el jefe de gobierno negocia con su contraparte extranjera. En el tablero doméstico el mismo jefe de gobierno tiene que conseguir que su coalición política ratifique —de facto o de iure— el acuerdo. El conjunto de acuerdos que la coalición doméstica aceptaría sin romperse se llama win-set. Si lo que se negocia internacionalmente queda fuera del win-set doméstico, el acuerdo se cae aunque el negociador internacional ya lo haya firmado.
Sheinbaum tiene un win-set doméstico muy estrecho. Su base electoral lleva años con la narrativa antiimperialista incrustada como identidad: "no nos van a venir a mandar los gringos", "patria sí, colonia no", soberanía como símbolo de pureza moral del proyecto. Cualquier acuerdo que parezca una concesión abierta a Washington puede ser inaceptable para ese electorado. Pero el otro lado del win-set también está apretado: la asimetría con Estados Unidos es enorme y las herramientas de presión —aranceles, ataques militares contra cárteles, sanciones financieras, retiros masivos de visas, deterioro del T-MEC— pueden comprometer la viabilidad económica de todo el proyecto.
La presidenta, entonces, se mueve en una franja muy delgada. ¿Qué se puede hacer ahí? Lo único que se puede: cooperar, pero discretamente. Cooperar lo suficiente para que Trump baje la presión —de ahí los elogios públicos que recibe desde Washington, que no son gratuitos— y, al mismo tiempo, construir hacia adentro un relato donde nada de eso es entrega, sino digna defensa de la soberanía. Por eso la cooperación va de fondo y los discursos de soberanía van por delante.
Para qué sirven los opinadores orgánicos
En este escenario, los opinadores e influencers orgánicos del régimen tienen una doble función. La primera es relativizar la asociación entre gobierno y narcotráfico, porque esa asociación, naturalmente, daña al régimen. La segunda es evitar que el gobierno parezca entreguista, porque eso lo desconectaría de su base más dura. Las dos cosas se hacen al mismo tiempo y, de paso, una sirve para la otra: si el enemigo es Washington —su intervencionismo, su soberbia, su unilateralismo— el problema deja de ser el narcogobierno y pasa a ser el imperialismo.
Vista así, la insistencia en la soberanía no es un acto reflejo: es una decisión estratégica. Y permite formular el cálculo político del oficialismo de una manera bastante terrenal: tal vez hayan concluido que mostrarse entreguistas les costaría más con su base que dejar que un sector del país los siga asociando con el narco. No sé si sea un buen cálculo. Tiene cierta lógica de corto plazo —el costo de perder a la base movilizada es inmediato; el costo de que cuaje la asociación con el narcotráfico es difuso, depende de cómo y dónde se vaya expandiendo—. Pero juega con fuego: la asociación gobierno-narco, una vez instalada, no se desinstala fácilmente.
Mientras tanto, Sheinbaum hace de equilibrista. Tiene que colaborar con Estados Unidos lo suficiente para que su gobierno no termine asfixiado, pero hacerlo con la discreción necesaria para poder, simultáneamente, salir todas las mañanas a defender la soberanía. Es un papel difícil y, en términos estrictamente políticos, no le ha ido mal. Pero tiene un costo: cada licencia como la de Rocha Moya delata el truco.
Y todo esto, conviene decirlo, no quita un punto de fondo: el gobierno actual está infestado por los tentáculos de los cárteles, y eso es, sobre todo, herencia de López Obrador. Las visitas a Badiraguato, el saludo a la mamá del Chapo, los abrazos no balazos, la pasividad institucional sostenida durante seis años, no son anécdotas: son la infraestructura simbólica y operativa sobre la que hoy se construye la crisis.
MORENA como signo
Aquí entra otro plano del problema, más sutil y menos coyuntural. Una cosa es lo que MORENA es —un partido registrado ante el INE, con estatutos, con un acrónimo (Movimiento Regeneración Nacional)— y otra muy distinta es lo que la palabra MORENA significa hoy en la cabeza de millones de mexicanos.
Saussure separaría las dos dimensiones; Barthes las explicaría mejor. La denotación es el registro literal del signo: lo que oficialmente nombra. La connotación es el sistema de asociaciones, valores y cargas afectivas que se le adhiere con el uso. Un partido controla casi por completo su denotación —su nombre, su logo, su declaración de principios—, pero no controla del todo su connotación. Eso lo construye la comunidad de hablantes, día con día, con cada nota, cada hashtag, cada escándalo.
Hoy, en Twitter, la connotación de MORENA pasa cada vez más por el narcotráfico. Las acusaciones contra varios miembros y gobernantes del partido, la displicencia del gobierno de López Obrador con el crimen organizado, la repetición sistemática de hashtags como #NarcoGobierno, y ahora el escándalo del gobernador de Sinaloa junto con la reacción de la presidenta y de los miembros del partido, todo eso se va sedimentando. Para quien al escuchar MORENA activa la palabra narco —y, por consecuencia, lo que esa palabra acarrea: drogas, violencia, asesinatos, miedo— esa palabra ya no se puede limpiar con un comunicado. Y ese segmento, evidentemente, ni de locos va a votar por el partido.
Hay que ponerle límites a este diagnóstico, sin embargo. Twitter no es el país, ni de lejos. La conversación digital amplifica una narrativa, pero no es representativa de los millones de mexicanos en edad de votar. La asociación MORENA-narco es la norma en Twitter; en el resto del país convive con otra connotación más fuerte para muchos —programas sociales, identificación con AMLO, sensación de que "por fin alguien voltea a vernos"— que sigue dándole a Sheinbaum aprobaciones altísimas. Que la asociación gane terreno fuera de Twitter es posible, incluso probable; que ya haya ganado, todavía no.
Ahí hay una oportunidad para la oposición, si supiera leerla: no se trata de salir a gritar "narcogobierno" como eco de Twitter, sino de instalar la asociación con calma, con datos, con pluralidad de voces, en el resto del país. Pero existen dos riesgos que conviene nombrar sin diplomacia:
- Que algún miembro de la propia oposición termine también embarrado en un escándalo del mismo tipo. No es descartable —al contrario—. Si eso ocurre, la asociación se generaliza al sistema entero y deja de ser un activo de la oposición para volverse una característica de la partidocracia mexicana completa.
- Que simplemente no aprovechen la oportunidad. Que sigan compitiendo por likes, repitiendo agravios sin estructura, sin construir una narrativa alternativa creíble.
Y hay un punto adicional que conviene decir, aunque incomode. Con el PRI y el PAN nunca alcanzaban los dedos para contar a los corruptos, pero tampoco era difícil distinguir figuras rescatables, cuadros íntegros, perfiles defendibles. Con MORENA, honestamente, cuesta. Hasta los perfiles que parecían más sensatos —un Ebrard, por ejemplo— ya tienen sus episodios incómodos. Tal vez Harfuch esté haciendo un trabajo decente, hasta donde se ve. De ahí en más, no se me viene a la mente nadie.
Lo que ya se sabía sobre Rocha Moya
Sobre Rocha Moya, además, hay que decir lo obvio: lo que Estados Unidos acaba de poner sobre la mesa no es un descubrimiento. Sus presuntos vínculos con el narcotráfico estaban públicamente documentados desde mucho antes. En 2024, Adela Micha difundió un video sobre los nexos de Rocha Moya con el cártel de Sinaloa. El Universal publicó reportajes. Ricardo Ravelo, periodista que lleva décadas cubriendo narcotráfico, lo señaló como operador de los Chapitos. Esto no salió ayer ni el miércoles pasado.
Por eso la exigencia de "pruebas" a Estados Unidos —al gobierno que detuvo al Mayo, que tiene a los Chapitos, que escucha medio cártel y que produjo una acusación formal de 34 páginas— suena ociosa, casi deshonesta. Es muy probable que las pruebas existan, que se hayan compartido por canales formales, y que el gobierno mexicano simplemente prefiera no ventilarlas para hacer control de daños. Bajo el manto de la soberanía caben muchas cosas; la verdad, la que el público merece, no siempre cabe.
Por eso fórmulas como "yo no meto las manos al fuego por nadie" son, más que cautela, una forma de desentenderse: traer al frente el discurso de la soberanía para que la relación entre el partido en el poder y los cárteles quede en un segundo plano. Y por eso no me sorprendería que dentro del movimiento haya quien defienda a Rocha Moya con la esperanza —legítima, en términos de cálculo personal— de que mañana, cuando aparezca lo suyo, el movimiento también lo defienda. Es una lógica de protección mutua que, al final, blinda a todos los implicados a costa del país.
Soberanía, en serio
Vale la pena, para terminar, reapropiarse del concepto que el gobierno está usando como cortina.
La soberanía reside en el pueblo. El gobierno representa los intereses del pueblo. Si llega un agente externo —los cárteles, en este caso— y consigue que el gobierno represente sus intereses en lugar de los del pueblo, eso ya es un atentado contra la soberanía. Una intervención no se mide solo por el origen geográfico de quien interviene; se mide por en interés de quién opera el Estado.
Tener escepticismo sobre la intervención estadounidense es razonable, incluso saludable. Estados Unidos tiene sus intereses y los va a perseguir; nadie debería sostener su política exterior creyendo que actúa por convicción humanitaria. Pero si esa intervención te indigna más que la posibilidad de que un gobierno esté coludido con los cárteles del crimen organizado de los que se supone que debería protegerte, entonces el problema ya no es la geopolítica: es el orden de prelación de tus indignaciones.
Y si haces ese ordenamiento por consigna, no por convicción —porque toca defender al equipo, porque hay que cerrar filas, porque "ahora no es momento"—, entonces ya no estás defendiendo la soberanía. Estás haciendo otra cosa. Y esa otra cosa, en algún punto, se llama complicidad.
