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Hace 2 años, tuve la oportunidad de presenciar las elecciones en Costa Rica, país que me hospeda actualmente, donde me encontré con diferencias tan grandes con México que me costó trabajo procesarlas

Interesada en conocer cómo funcionaba el sistema electoral en un país ajeno, me uní a amistades costarricenses para poder participar como espectadora, en lo que resultó una de las experiencias más extrañas en mi vida política.

Mis amistades y yo acudimos a una de las casillas ubicada en la escuela de una ciudad pequeña, llamada Santa Ana, afuera de la cual había varias carpas con mesas de trabajo de militantes de los diferentes partidos que disputaban los comicios federales. ¡Literalmente había casas de campaña afuera de las casillas electorales! La gente portaba estandartes, playeras, calcomanías, banderines; algunos tenían los rostros pintados con los colores propios de su partido, y otros entregaban volantes de sus candidatos a quienes acudían a emitir su voto.

Aturdida por presenciar tantos actos juntos que conformarían delitos comiciales en mi país de origen, me dejé guiar hacia una de aquellas carpas, donde mis amigos y amigas se registraron y ofrecieron su ayuda voluntaria. La función de los mencionados espacios era el de ubicar y orientar a la gente sobre el padrón electoral, ayudándoles a encontrar su mesa de votación según sus apellidos, e incluso ayudándolos a llegar. Fue en este rubro voluntario en el cual mis amistades se registraron.

Pronto me encontré completamente inmersa en el frenesí comicial. Dotada de una áspera camisa de tan baja calidad que no podía usarse sin tener otra por debajo (por lo menos para alguien lo suficientemente pudorosa), con el nombre de Otón Solís impreso en ella, nos separamos en varios automóviles y nos dispusimos a movilizar a la gente a sus respectivas mesas de trabajo.

No sólo llevábamos a las personas que acudían a los toldos, sino que íbamos a otros distritos electorales a responder a llamadas de gente que no tenía forma de llegar a sus respectivas mesas antes de que éstas cerraran. El hecho de que fuera domingo y el servicio de autobuses se hubiese reducido a la mitad, aunado a la enorme distancia que hubieran debido recorrer a pie y por carretera, hacía no sólo lógico este servicio, sino incluso necesario.

Cuando dieron las 6 de la tarde, y el último votante, que fuimos a recoger hasta Puriscal (algo así como de Tecomán a Cerro de Ortega), tuvo que salir corriendo del auto para poder manifestar su preferencia política, dimos nuestro voluntariado por terminado y nos reunimos para celebrar con un aromático café tico.

Esa noche fue de profundas reflexiones para mí: ¿Por qué se le permitía a la gente portar propaganda el día de las elecciones? ¿Por qué incluso se le permitía hacerlo fuera de las casillas electorales? ¿Cómo era posible que autorizaran a los partidos a llevar gente a votar? Pensando en eso llegué a algunas conclusiones; las dos primeras preguntas se podían contestar fácilmente: por un respeto a la expresión ciudadana, porque no se le puede negar a las personas el exhibir sus preferencias políticas sin caer en la represión; mientras que el servicio de transporte, aun cuando facultaba a los partidos a acercar simpatizantes y militantes a sus respectivos centros de votación, todos tenían la misma potestad, la cual era ejercida por voluntarios autorizados, que libres de cualquier interés económico ayudaban a las personas a ejercer su derecho ciudadano. Después de desenseñar a mi cerebro lo aprendido en México, dejé de considerar estas prácticas como algo perjudicial, siempre y cuando se mantuviera una equidad en el procedimiento.

Viendo aquel día en retrospectiva, y comparándolo con el sistema electoral mexicano, puedo darme cuenta de lo rígido que se ha vuelto este último, al grado de llegar a violar garantías constitucionales y de rozar ideales fascistas. Si bien acá en Costa Rica también se impone un tiempo de tregua entre partidos, donde éstos no podrán hacer propaganda en medios de comunicación para darle tiempo al electorado a evaluar sus opciones, las restricciones en dicho país, que se destaca por su democracia, se limitan a los partidos políticos y a los miembros de la junta receptora de votos (funcionarios de casilla), no a los ciudadanos, quienes libremente pueden manifestar sus preferencias de sufragio hasta en el mismo día de los comicios y cerca de las urnas.

Si bien existen razones de peso por las cuales el Instituto Federal Electoral ha ido restringiendo la propaganda política, las prohibiciones al día de hoy han caído en el abuso, pues no sólo tratan a los ciudadanos como deficientes mentales incapaces de formular o mantener una decisión propia, que puede ser afectada por un diminuto logotipo antes de entrar a su casilla, al grado de cambiar su voto, sino que llegan al extremo de violar la misma Constitución al limitar la libertad de expresión de un ciudadano común.

La multa de 29 mil 910 pesos que el Consejo General Electoral le impuso a Juan Manuel Márquez, por haber usado el logotipo del Partido Revolucionario Institucional en la pelea que dio contra Manny Pacquiao el 12 de noviembre del año pasado, un día antes de las elecciones en Michoacán, siguiendo lo resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expone claramente a lo que me refiero. No sólo la pelea tuvo lugar fuera del territorio nacional, a más de 2 mil 700 kilómetros de distancia del lugar donde al día siguiente se celebraban comicios, sino que el púgil no fungía como funcionario de casilla, ni como parte del comité de campaña del PRI, es más, ni siquiera estaba en el sitio referido, por lo que se le está sancionando simplemente por ejercer su libertad de expresión, lo que va en contra de las garantías individuales especificadas en nuestra Carta Magna.

Aun cuando el haber portado el logo pudo haber violado el artículo 345 inciso b del vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ninguna ley puede estar por encima de la Constitución Política mexicana, la cual, en su artículo quinto, protege a los ciudadanos de ser objeto de inquisición administrativa por la manifestación de sus ideas, por lo que la sanción impuesta a Márquez no sólo es injusta, sino también inconstitucional.

Lo lamentable de lo sucedido es que nuestros institutos obraron en función de lo que dictan las leyes, es decir, el TEPJF formó su resolución conforme a lo que indica el Cofipe, así como el Consejo General Electoral, aunque inconforme, actuó obedeciendo a lo que le ordenaba el Tribunal. Incluso cuando, a mi parecer, los magistrados interpretaron la ley de manera forzada para que ésta aplicara en el caso de la elección michoacana, ya que el boxeador ni siquiera se encontraba dentro del territorio nacional, la responsabilidad del hecho recae en los diputados y diputadas que aprobaron dicho Código, el cual es tan paternalista que cae en la represión de nuestras libertades más básicas, dirigiéndonos lenta pero seguramente a un Estado totalitario.

Tanto la gente como las autoridades deben de recapacitar en esto y poner los intereses y garantías de los individuos por encima de los de los partidos políticos, respetando el derecho de cada persona a expresarse, no forzando las leyes para emitir sanciones a costa de las libertades de los y las ciudadanas. Si los y las integrantes del Poder Judicial no hacen tal cosa, y si la ciudadanía mexicana cede ante esta clara medida represiva, habremos perdido la batalla por la democracia… y todo por unos calzones.