Como es sabido, el ahora ex Presidente de Guatemala Otto Pérez fue depuesto de la silla presidencial de ese país por ser presunto beneficiario de una red de corrupción llamado La Línea, la cual operaba a través del sistema de aduanas. Como afirma el analista Jorge Zepeda Patterson, en 2007, Guatemala, en medio de una crisis de legitimidad, adoptó la creación de la CICIG (Comisión Internacional Contra la Corrupción de Guatemala), independiente, soportado por la ONU y con facultades por parte del Congreso del país centroamericano. No se puede entender la deposición de Otto Pérez sin la CICIG, pero menos se puede entenderla sin la presión que ejercieron los ciudadanos.
Guatemala nos ha puesto el ejemplo; sí, un país centroamericano al cual hemos estado acostumbrados a desdeñar (ni en la CONCACAF son relevantes). Es cierto, nos han vendido la idea de que México es un país estable debido a que desde que la “institucionalización de la Revolución” todos los mandatarios han cumplido sus seis años de mandato. En realidad ese record (que no ostenta siquiera Estados Unidos gracias al Watergate) no es algo para presumir, en tanto los ciclos cumplidos de los presidentes no fueron necesariamente derivados de un país estable y rimbombante, sino de un sistema hecho para que los mandatarios, sobre todo los del viejo régimen, no sufrieran las consecuencias de sus actos.
Durante un periodo de tiempo (sobre todo desde el año pasado) se ha hablado mucho de “la noticia que pone en jaque al Gobierno de Peña Nieto”, una tras otra, golpe tras golpe, que ya se ha hecho una costumbre. Los más acérrimos opositores se preguntan en cual golpe Peña se baja del tren, los opositores moderados se sorprenden porque eso no ha sucedido. Peña Nieto, a pesar de todo, sigue al frente del barco porque tiene un congreso demasiado sumiso y porque en la cabeza tal vez no nos cabe la idea de que un mandatario deje el puesto (o piensen que la consecuencia de la partida de Peña pudiera ser la llegada de López Obrador).
No estoy sugiriendo ninguna insurrección, ni mucho menos alguna revolución, pero desde el punto de vista ético un Presidente con antecedentes de conflictos de interés y envuelto en un mar de corrupción, no tendría por qué seguir siendo Presidente y posiblemente debería de enfrentar a la ley. En México eso no pasa y mientras, Federico Arreola le hace una entrevista a modo para ayudar a legitimarlo y en la cual Peña Nieto, de forma forzada le dice que algunos de los memes que hacen de él son graciosos.
Ahora el nuevo golpe a su imagen es el informe de la GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ha desmentido la “verdad histórica” de Ayotzinapa. Al parecer el Gobierno nos mintió, los estudiantes no fueron incinerados en Cocula. Y mientras todo esto ocurre, los social media strategists ya están una vez más en control de daños; ya están usando a sus periodistas de cajón.
