Los seres humanos hemos, con el tiempo, aprendido a dejar las armas para resolver nuestros conflictos y diferencias. A pesar de las constantes noticias sobre casos de violencia, vivimos en el mundo menos violento de la historia de la humanidad. Las organizaciones que han sido creadas para ejercer el uso de la violencia, tales como el ejército, siguen existiendo y al parecer lo seguirán haciendo por un buen tiempo; pero las diferencias entre naciones y comunidades tienden cada vez más a resolverse de otras formas, menos violentas. Las guerras son cada vez menos comunes y en éstas suelen estar involucradas países que muestran cierto rezago en su desarrollo.
La propuesta que hizo el senador José Luis Preciado del PAN es un paso atrás en esa intención de dirimir las diferencias y conflictos de formas cada vez menos violentas. Su iniciativa consiste en reformar el artículo 10 constitucional para que los ciudadanos puedan portar armas en su automóvil y en su negocio para así poderse «defenderse legítimamente del crimen».
En los países democráticos, el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia y la ejerce para proteger a los ciudadanos de las amenazas tanto internas como externas. Permitir que los ciudadanos usen armas para defenderse es una forma de claudicar y mandar un mensaje a la ciudadanía de que están incapacitados e imposibilitados de defenderla. En lugar de crear estrategias para tratar de combatir el problema de la inseguridad creciente en nuestro país, le pasan la estafeta del combate de la violencia a los ciudadanos: -yo no te puedo defender, así que defiéndete tú solo-.
Un Estado fuerte es capaz de proteger a la población de la violencia por medio de estrategias tanto violentas como no violentas, para que así los ciudadanos no necesiten usar la violencia para defenderse de amenazas externas. Una policía eficiente disuade a los criminales de llevar a cabo sus fechorías, con lo cual el ciudadano no tiene la necesidad de defenderse. Pero el Estado fuerte no es sólo quien ejerce el monopolio de la violencia, sino quien es capaz de crear políticas públicas que ayuden al desarrollo de un tejido social de donde no surjan nuevos criminales y se cree una cultura de la legalidad donde ser criminal sea cada vez menos redituable.
Armar al ciudadano entonces, es asumir que el Estado es débil y que éste se siente completamente imposibilitado de ejercer sus tareas de protección a la ciudadanía. La incapacidad del Estado para ejercer el uso de la violencia es la misma que ha permitido el surgimiento de grupos de autodefensa que en un principio parezcan legítimos, pero que pueden pervertirse y usar la violencia con el fin de satisfacer sus intereses y no los de la población en común. Ejemplos como los de grupos de autodefensa en Colombia o la mafia italiana que surgieron como respuesta a la incapacidad del Estado para proteger a los ciudadanos nos han mostrado como permitir el uso de la fuerza desde fuera del Estado puede convertirse en un riesgo muy serio para las estructuras sociales e institucionales.
Nuestro gobierno no debería de preocuparse por armar a los ciudadanos, sino por fortalecerse y poder diseñar estrategias efectivas que disminuyan el problema de la violencia. Pero no sólo se trata del diseño de estrategias, porque ante un Estado tan débil y deteriorado por la corrupción, es muy difícil que pueda proteger a la sociedad de los criminales.
