En mis noches de dolor siempre pensé:
quién habrá matado a mi hijo, habrá sido
ese engendro maligno hijo de la impunidad
o todos nosotros que con el paso de los años,
con nuestra irresponsabilidad y ceguera, hemos
creado lo que hoy estamos viendo. Quién es más
culpable: el que deja hacer o el que hace. Alejandro Martí, 2008
Qué bonito es ser alguien. Qué bien se siente tener un nombre que posea el peso suficiente como para llamar la atención de las autoridades. Qué satisfacción que los atropellos cometidos contra una persona conocida sean inmediatamente del dominio público, y levanten mil disculpas de parte de los responsables con tal de contener la oleada de indignación que sucede a los hechos irregulares.
Para aquellas personas que son “alguien” y que han perdido familiares, o que han sido víctimas de violaciones a sus garantías constitucionales, ya sea por delincuentes o como daño colateral por parte de las autoridades, sus nombres les han podido brindar la satisfacción de la representación pública; el peso de sus apellidos les ha valido las disculpas de los altos dirigentes nacionales, ha hecho temblar las rodillas a más de un poderoso, y nos ha conmocionado a todos gracias a la difusión que de ellos han realizado los medios nacionales.
Así sucedió con el empresario Alejandro Martí cuando exclamó su sentido “sin no pueden, renuncien” a los gobernantes y asistentes del Consejo Nacional de Seguridad en 2008, después de que su hijo, Fernando Martí, fuera asesinado tras ser secuestrado. O con Nelson Vargas, cuando afirmó que las autoridades de seguridad y los legisladores mexicanos “no hacen su trabajo” en el combate al plagio, durante el foro “Alto al secuestro” ese mismo año, después de que su hija Silvia fuera encontada muerta tras haber sido plagiada.
Recientemente fue Javier Sicilia quien levantó la voz para apadrinar un movimiento luego de que su hijo Juan Francisco fuera asesinado a manos del crimen organizado, y ahora, en circunstancias menos trágicas, aunque también indignante, es lo acontecido al escritor y poeta Efraín Bartolomé, quien sufrió una irrupción ilegal en su vivienda por parte de agentes de la policía mexiquense, quienes lo amedrentaron a él y a su esposa, además de robarles sus pertenencias, durante un operativo que tenía la intención de capturar a Óscar Osvaldo García, presunto líder del grupo delictivo “La mano con ojos”.
Si bien es plausible que el supuesto jefe de la banda y sanguinario asesino haya sido aprehendido, es reprochable que haya sido a costa de la seguridad y violación de los derechos fundamentales de civiles inocentes, considerados como víctimas colaterales de la impartición de la justicia. Si el poder que ciudadanas y ciudadanos les otorgamos a las autoridades significa preservar el bien común y mantener un Estado de Derecho que garantice nuestra seguridad, ¿de qué nos sirve un Estado que viola nuestros derechos de igual forma que los delincuentes, sólo que impunemente?
Lo acontecido a Efraín Bartolomé, que él mismo relata y puede ser leído en el siguiente link: http://diariodecolima.com/o/colaboradores.php?c=10978, no ha sido el único atropello que las autoridades han cometido en los últimos años, pero sí uno de los que ha trascendido gracias a que se trataba de un personaje público, lo que me lleva a cuestionar: ¿Cuántas víctimas anónimas existen en México?, ¿cuántos “presuntos implicados” habrán ingresado a las de por sí saturadas prisiones?, ¿cuántas Jacintas Francisco estarán esperando su día en el juzgado?, ¿cuántos atropellos, cuántas violaciones se estarán cometiendo en este momento en el nombre de la ley?
Es evidente que a los cuerpos de policías de todo el país les falta capacitación, no sólo en derechos humanos, sino en las mismas leyes mexicanas, para conocer dónde están los límites que acotan el poder que les brinda su investidura. Asimismo, el Poder Judicial carece de mejores técnicas de inteligencia en la búsqueda de evidencia que excluyan a la gente inocente de tener que sufrir atropellos de esta naturaleza. En esta ocasión, debido a que dicha violación se cometió en contra de una persona que contaba con la posibilidad de hacer escuchar su voz es que nos enteramos de lo ocurrido, pero ¿cómo cuidamos la integridad de aquellos que no cuentan con los mismos privilegios?
Vivimos actualmente momentos muy difíciles en la lucha por defendernos del dominio del crimen organizado, por lo que nuestras organizaciones de seguridad pública y nuestras autoridades reciben toda la presión para lograr esa meta, pero la misma no debe de ser buscada a costa de nuestras libertades civiles. Es cínico querer alcanzar la justicia por medio de la ilegalidad, pretender despojar del poder ilegítimo a los criminales abusando del que les brinda su placa para atropellar a ciudadanas y a ciudadanos honestos. ¿De qué nos serviría ganar la guerra si los vencedores son igual de corruptos que los perdedores? Ahora, además de cuidarnos de los criminales, debemos de protegernos también de quienes se supone nos “cuidan” de tales.
