Poco queda para que el gobierno de López Obrador cumpla dos años.
¿Saben qué es muy triste? Que a estas alturas no hay ninguna oposición política.
Sí, hay algunos movimientos allá afuera como FRENA que ha logrado convocar a una cantidad no despreciable de gente. Sin embargo, no parece ser capaz de avanzar más allá de donde está (posiblemente por el polémico y demagogo perfil de quien lo dirige) y trascender.
Sí, hay algunos ciudadanos, académicos y demás personas que hacen activismo para contrarrestar el vendaval de la 4T, como aquellos que lucharon para evitar que el gobierno cooptara el INE. Pero no hay una articulación para que a partir de ahí se forme un fuerte contrapeso.
Pero si en la ciudadanía pueden verse algunas luces (y no son muchas), en el ámbito de la política las tinieblas abundan.
Es evidente que los partidos no aprendieron la lección ni reflexionaron. A casi dos años siguen como noqueados sin entender qué pasó, y posiblemente no logren ni estén dispuestos a hacer ese esfuerzo.
Miren la encuesta de Reforma. Cuando se le pregunta a la ciudadanía que líder podría fungir como contrapeso frente a López Obrador, el primer lugar es Ricardo Anaya.
Fuente: Diario Reforma. 17/08/2020
¿Y qué con eso?
Bueno, Ricardo Anaya prácticamente ha estado fuera de la escena pública desde 2018. Que el principal «referente» sea alguien que no ha tenido participación ni exposición alguna habla de la ausencia de liderazgos políticos de oposición.
El problema es que si los opositores quieren pensar en 2021, sin líderes simplemente no la van a armar.
Ciertamente, AMLO ha perdido popularidad comparado con el 2018, pero sigue por arriba del 50% y desde marzo se ha mantenido estable (incluso la aumentó el último mes).
Encuesta Mitofsky – El Economista
Esto es una mala noticia, porque si AMLO mantiene su popularidad en el 2021 y los partidos de oposición no son capaces de mostrarse como una opción que realmente valga la pena, entonces van a sufrir una amarga derrota. Cierto es que no pocos saldrán a votar por lo que sea con tal de votar contra MORENA, pero muchos otros se quedarán en sus casas decepcionados de todos los partidos políticos.
Este escenario le conviene a López Obrador, y tan le conviene que el show mediático de Emilio Lozoya está orientado en este sentido: en desacreditar a una oposición para que sean los menos los que voten por ellos.
El tiempo se le está acabando a los partidos de oposición y pareciera que el sentimiento de urgencia brilla por su ausencia. Tienen menos de un año para reorganizarse y mostrarse como una opción presentable, pero si no hay autocrítica por su parte, si no hay una profunda reflexión como la que han postergado en estos dos años, el 2021 va a ser catastrófico para ellos.
Basta darle una checada a los números, basta tener que recurrir a la gráfica logarítmica porque en la lineal es complicado ver alguna desaceleración de los casos a más de seis meses de que la pandemia pisó nuestro país.
Lo más triste es que al día de hoy no parece verse la luz al final del túnel. Parece que seguiremos a la deriva: contando centenares de muertos y miles de contagiados diarios mientras no ocurra una de dos cosas: 1) que se produzca la tan ansiada vacuna y se comience a aplicar o 2) que sí se logre la anhelada inmunidad de rebaño (claro, después de algunos cientos de miles de muertes).
En la opinión pública (sobre todo en redes) corren dos versiones: una dice que no hay que culpar al gobierno, que veamos a toda la gente en las calles y vacacionando como si nada, y otra que dice que todo es culpa del gobierno y que si la gente no se cuida es culpa del gobierno mismo (por no tomar medidas drásticas o mandar mensajes confusos).
¿Y entonces quién tiene la culpa?
La realidad es que tanto gobierno como sociedad cargan con la responsabilidad de la tragedia. Son corresponsables, y me explico…
La responsabilidad del gobierno:
Es evidente que el gobierno tiene capacidad y poder para tomar decisiones que incidan en el resultado de la pandemia, no es como que el gobierno no pueda hacer nada ante una sociedad que se comporta de forma irresponsable.
El gobierno ha cometido errores muy graves.
Ha mandado mensajes muy confusos. López Obrador (en la misma tesitura que sus colegas populistas Donald Trump y Jair Bolsonaro) se ha rehusado a usar cubrebocas e incluso invitó a la gente a salir en plena pandemia contradiciendo al subsecretario Hugo López-Gatell.
Se ha negado a ayudar a pequeñas y medianas empresas a sortear la crisis económica producida con la pandemia, con lo cual mucha gente no solo está en aprietos económicos, sino que tiene menos margen de maniobra para cuidarse del Covid-19
La estrategia seguida por Hugo López-Gatell (el modelo centinela) ha demostrado ser inadecuada para contabilizar el número de muertes y contagiados, con lo cual es imposible desarrollar una estrategia ya que el gobierno solo puede actuar «a ciegas». Ni hablar del afán del subsecretario por dar una y otra vez pronósticos que no se cumplen.
La estrategia sanitaria también ha sido deficiente (y en parte se desprende del punto anterior). El hecho de que muchas personas mueran en casa y los hospitales no estén saturados (cosa que el gobierno presume como un logro), obedece a la deficiencia de la estrategia para atender a los pacientes con Covid-19 que requieren estar en cuidados intensivos.
La falta de coordinación e incluso de voluntad de cooperación con los gobiernos estatales (claro, asignando a estos últimos parte de la responsabilidad).
Y por último, la nula autocrítica. Ante el evidente fracaso de la estrategia no hay ningún cambio de plan y estrategia. Por el contrario, los esfuerzos van encaminados a convencer a la población de que sí lo están haciendo bien.
La responsabilidad de la sociedad
Pero sería absurdo culpar al gobierno de toda la tragedia cuando muchas personas están allá afuera sin cubrebocas y sin tomar medidas mínimas. Pensar eso implicaría anular el libre albedrío de la gente así como considerar a la gente como meros autómatas que solo actúan cuando el gobierno les da órdenes.
Cabe resaltar que cuando hablo de «la sociedad» estoy haciendo una mera generalización. No toda la gente se comporta de forma irresponsable y no son pocos los que se cuidan, pero sí hay mucho otros que, teniendo posibilidad de tomar precauciones, simplemente no lo hacen. En promedio podría concluir que la respuesta de la sociedad ante la pandemia no ha sido la mejor.
La verdad es que allá afuera hay mucha gente sin cubrebocas, que no toma medidas, y a la que no le importa siquiera portar su frasquito de gel antibacterial. Se entiende que hay gente que por su situación socioeconómica tienen que moverse en transporte público para ir a trabajar y tienen que pasar por aglomeraciones. Este tipo de eventualidades se obvian, pero uno esperaría que, eventualidades aparte, se tomen precauciones en medida de lo posible: si tengo que viajar en un vagón de metro congestionado, de menos me llevo mi cubrebocas.
Incluso hemos visto eventos muy penosos y degradante como ataques y linchamientos a médicos por parte de personas que dicen no creer en el Covid-19. La gente también tiene la responsabilidad de informarse bien.
Claro que todos quisiéramos salir sin cubrebocas, pero desde una postura racional es una incomodidad mucho menor portarlo que contagiarse o contagiar a otros de Covid-19. La verdad es que a mucha gente no le ha importado y algunos de ellos han tenido que pagar la lección de terrible manera (muchas veces con parientes que fallecieron producto de su irresponsabilidad).
Conclusión
Evidentemente, es imposible tarea medir cuantitativamente cuánto es responsabilidad del gobierno y cuánto de la sociedad, son demasiadas las variables en juego. Sí podemos, sin embargo, determinar por simple observación que ambos actores han puesto de su cosecha para que esto salga mal. Está claro que de ninguna manera la responsabilidad de un actor exime el de otro como si se tratara de una categorización binaria.
Y para concluir, no podemos dejar de hacer notar que ni el gobierno ni la sociedad son dos entidades independientes que no interactúan. La forma de actuar del gobierno algo nos dice sobre la forma de ser de la sociedad. Los políticos no crecen sobre algún vacío cultural e idiosincrático. Por el contrario, el político no se puede terminar de explicar sin hacer referencia a la sociedad de la cual surgió y forma parte.
Después de más de seis meses, o bien, solo seis meses después, se acaba de anunciar la primera vacuna contra el Covid-19.
Evidentemente, esto ocurre en un contexto donde existe una fuerte urgencia y presión (social, política y económica) de detener la pandemia a como dé lugar. La pandemia ha causado estragos económicos, ha afectado intereses políticos y ha creado problemas sociales.
Dentro de esa presión también existen intereses geopolíticos. Las naciones saben muy bien que subirse a ese carro les puede traer muchos réditos, las farmacéuticas también lo saben. Estos intereses (político-económicos) están, en este contexto, alineados hasta cierto punto con los intereses de la gente. Tanto a las élites económicas, políticas, así como la sociedad en su conjunto les urge que haya una vacuna.
Pero ello no quiere decir que dicha «alineación de intereses» sea perfecta, y Rusia es un caso.
En la batalla geopolítica, Rusia dio un golpe mediático al anunciar la primera vacuna creada por el Instituto Galameya. No fueron ni los estadounidenses ni los chinos (como se sugería) quienes lo hicieron, sino los rusos. Hasta tuvieron el descaro de ponerle el nombre de Sputnik-V (en alusión al primer satélite lanzado por la URSS al espacio dentro de la carrera espacial que tuvieron con los EEUU).
Pero luego vienen los problemas: si bien el propio Vladimir Putin asegura que la vacuna es eficaz y otorga inmunidad estable, lo cierto es que los rusos se saltaron los protocolos y el proceso de registro. Esta movida por parte de los rusos ha recibido críticas por parte de la OMS y parte de la comunidad científica.
A diferencia de la guerra espacial que trajo muchos avances científicos, las prisas con el afán de figurar y dar golpes mediáticos pueden causar serios efectos adversos, sobre todo cuando dichas prisas provocan que se salten los protocolos y los métodos para garantizar la efectividad . Que Putin presuma que su hija ha tomado esa vacuna (ni siquiera hay forma de verificarlo, menos en un régimen autocrático) no prueba nada y no puede sustituir a los rigurosos métodos a los que se tienen que someter las vacunas y medicamentos antes de sacarlos al mercado.
Los rusos podrán presumir que sacaron la primera vacuna, pero no necesariamente la más efectiva ni la mejor ni la más recomendable. Puede que en sentido estricto sí hayan sido los primeros, pero antes de darles cualquier aplauso hay que contextualizar y comprender que lo hicieron a costa de los rigurosos procesos necesarios para lanzar una vacuna eficaz y segura.
Bromas jocosas y memes llovieron en las redes sociales después de que algunos usuarios se percataran de que la versión en inglés de la página visitmexico.com estaba «traducido» con el traductor automático de Google, el cual es lo suficientemente inteligente y sofisticado para sacarte de muchos apuros, pero no para traducir sitios web. Si algo le suele ser complicado a la inteligencia artificial es contextualizar aquello sobre lo que está trabajando.
Así, el Estado de Guerrero pasó a ser Warrior y Nuevo León New Lion.
La Secretaría de Turismo (que ya hace poco había tenido la osadía de no pagar el servidor dejando la página suspendida) pudo haber contratado a algún traductor. Incluso habrían podido haberse ahorrado dinero traduciendo primero el texto con el traductor de Google y luego corrigiendo las imprecisiones de esta tecnología, pero ni de eso fueron capaces.
Eso que parece ser jocoso y trivial nos debería preocupar porque no se trata de un caso aislado, sino de una constante de este gobierno: la falta de profesionalismo, pericia, la desorganización y el poco respeto por la técnica y el método.
Por decirlo de una forma, la forma de gobernar en este sexenio se parece a aquel alumno mediocre de secundaria que deja el ensayo para el último día, lo hace mal, con errores ortográficos y de estilo, con párrafos copiados de Internet (porque no leyó nada) y que solo está pensado para «pasar la materia».
Esta forma de concebir la administración pública la podemos observar en decisiones como la cancelación del NAIM en favor del aeropuerto de Santa Lucía, la Refinería Dos Bocas, la estrategia para combatir la pandemia (tanto sanitaria como económica), la presentación del Plan Nacional de Desarrollo, las consultas mal hechas, los recortes presupuestales hechos «con machete y no bisturí», la desaparición del Seguro Popular en favor del INSABI, la estrategia para «rescatar a Pemex», su desprecio por la ecología y un gran etcétera. Sin olvidar, claro, la terrible presentación del plan de gobierno en tiempos electorales e incluso la falta de pulcritud y seriedad con la que demandaron la compra de votos del PRI en 2012.
El problema es lo que le puede deparar al país con esta visión donde la mediocridad, el parche y la ocurrencia son el pilar de la forma de gobernar.
Es cierto que la función pública no está ni debe estar ajena de consideraciones ideológicas, pero lo ideológico siempre debe de ser aterrizado al mundo real a través de la técnica: mientras que la ideología nos habla del mundo que queremos construir o al que queremos aspirar, por medio de la técnica y el método uno verifica si es posible y bajo qué criterios puede aterrizarse lo ideológico. Si dentro del ideario de López Obrador se encuentra el combate a la desigualdad, por poner un ejemplo, por medio de la técnica se determina de qué forma se puede hacer y qué consideraciones se deben tomar para que ello pueda llevarse a cabo evitando, en la medida de lo posible, «efectos secundarios» o incluso efectos adversos.
Nada de eso hay en este gobierno que parece detestar la técnica porque está relacionada con aquella «innombrable tecnocracia» y que a su vez relacionan con ese significante tan peculiar y redefinido llamado neoliberalismo. Es la propia ideología (si es que se le puede llamar así al peculiar pensamiento de AMLO) la que rechaza a la técnica restringiendo así su necesaria participación para trasladar el ideario desde lo ideológico hasta lo práctico.
Como el gobierno está «amputado del brazo técnico», entonces no hay filtros para las consideraciones ideológicas. Si López Obrador quiere apostar por el petróleo lo hace y ya, sin importar lo que los técnicos digan al respecto. Si AMLO quiere cancelar el NAIM porque es «símbolo de la corrupción», entonces se hace y ya, no importa lo que digan los especialistas o los economistas al respecto. Esta amputación de la técnica es muy peligrosa, sobre todo cuando se manifiesta en temas tan cruciales y sensibles como la economía, la seguridad o la salud.
Cuando ese filtro técnico no existe, entonces todo se vuelve ocurrencia, desorden e improvisación. Cuando no hay un orden ni metodología a seguir, entonces la operación se vuelve más descuidada, improvisada y sujeta a caprichos, lo cual queda en evidencia tanto en las cosas que pueden no parecer muy significantes (las páginas web suspendidas o mal traducidas) como en las cruciales (el crecimiento económico y la atención sanitaria).
Lo que separa al mediocre de quien no lo es, es el rigor, la humildad (al reconocer que su ideario puede no ser perfecto y que debe ser sometido al método). la seriedad, el esfuerzo y el profesionalismo.
Quien hoy gobierna tal vez sea como aquel alumno popular del salón que tiene muchos seguidores, pero que no ha hecho la tarea y apenas se acordará de ella el domingo en la noche, cuando ya sea tarde elaborar algo decente. Y tal vez sea la tarea mal hecha sobre la cual esté cimentado parte del futuro próximo de nuestro país.
He escuchado a quienes dicen que vivimos en una dictadura, pero no es así. Al día de hoy, México es una democracia. Imperfecta, pero lo es. Con todo y que este gobierno no nos guste a mucho, con todo y que veamos riesgos de regresiones autoritarias.
Y hay que notarlo para saber dónde estamos parados. No es lo mismo tener una democracia la cual sospechamos está en riesgo a vivir en una dictadura. Las acciones que la oposición debe tomar en ambos casos son distintas.
Uno de los argumentos que se esgrimen para decir que México es una dictadura es que el gobierno tiene mayoría en las cámaras y margen de maniobra para hacer cuanta cosa absurda quiera, pero tiene mayoría porque la gente así lo votó. Es la voluntad popular…
Tampoco hay, al día de hoy, censura abierta. Sí hay algún periodista que salió de forma muy «sospechosa» igual como ocurrió en el gobierno anterior. Sí, AMLO arremete contra la prensa y los bots le tiran a los periodistas opositores. Pero basta escuchar a esos periodistas, columnistas y ciudadanos que critican a este gobierno libremente. Las voces incómodas ahí están, y creanme que hacen mucho ruido.
Tampoco hay dictadura porque el árbitro electoral sigue siendo autónomo (gracias, en parte a quienes sí están comprometidos y a la presión ciudadana que lo defendió la semana pasada). Los ciudadanos pueden hacer valer su voto.
No hay dictadura porque hay derecho a la libre manifestación. Ninguna de las caravanas que se ha manifestado ha sido reprimida. Hoy, la gente puede salir a manifestarse contra AMLO libremente.
Y no la hay porque hay sistema de partidos (desacreditados, en gran medida, por responsabilidad propia) y un poder judicial que ha mostrado independencia de los caprichos del gobierno.
Cierto es que el sistema de separación de poderes no es perfecto. Es bastante más frágil que en Estados Unidos que ha contenido muy bien los desplantes autoritarios de Trump y puede romperse más fácilmente.
Se puede sospechar, sí, que el estado de cosas nos pueda llevar a un régimen autoritario. Para eso tenemos que defender a las instituciones que garantizan la democracia y los contrapesos y ejercer presión contra el gobierno. Para ello tenemos que reconocer que el día de hoy somos una democracia.
Y por eso es importante notar que el día de hoy no vivimos en una dictadura, para así reconocer que tenemos muchos mecanismos democráticos para contrarrestar cualquier intentona que pudiera existir con el fin de llevarnos a un régimen autoritario o a una suerte de «neoPRI hegemónico». Si sabemos que hoy no vivimos en una dictadura entonces sabremos qué es lo que tenemos que defender para contener cualquier impulso autoritario.
Lozoya cantó. Y el Reforma nos mostró la letra de la canción.
El golpe mediático es indudable. Las declaraciones de Lozoya embarran a casi toda la hoy oposición partidista: la muestra como corrupta y ello le viene muy bien a la narrativa de López Obrador.
Si algo nos preguntábamos en el sexenio pasado, molestos e indignados, era por qué a diferencia de varios países de América Latina en México no caía nadie a causa del escándalo internacional de Odebrecht.
Con esto, López Obrador se va a contrastar con el «PRIAN» y la mafia del poder. Aunque evidentemente la detención de Emilio Lozoya obedece a intereses políticos y hasta electorales (como siempre suele ocurrir), lo cierto es que esto le va a venir bien a su imagen y tal vez gane algún que otro puntito en las encuestas, aunque más que nada servirá para reforzar a ese 50% de los mexicanos que sigue creyendo en él. Pero esto no es lo más importante, sino cómo es que este escándalo puede ayudar a inhibir el voto opositor desprestigiando a las alternativas opositoras.
A diferencia de los otros «quinazos» donde era un líder el detenido, éste va más allá. Es una suerte de ataque al «régimen que se fue» y al que hoy el oficialismo encasilla como «la oposición».
Más allá de lo que vaya a pasar con este caso (tendremos que ver si alguien pisa la cárcel) el mensaje que quieren comunicar es claro: «estamos combatiendo la corrupción de forma estructural» porque los estamos «exhibiendo a todos» (claro está, con la evidente excepción de su propio partido y afines a los que se les mide con una diferente vara).
Somos nosotros, o son ellos, los corruptos. Nos insistirán una y otra vez reforzando así su retórica polarizadora.
Incluso esto le puede servir al oficialismo para desacreditar al árbitro electoral de quien, con mucho trabajo y presión ciudadana, se logró conservar su autonomía esta semana, ya que se revelaría que Odebrecht financió la campaña electoral de Enrique Peña Nieto. Evidentemente ello no implica algún fraude en tanto no tiene nada que ver con el proceso de votación pero es posible que la 4T lo venda como tal: ahí está la prueba del «fraude del 2012»: el PRIAN siempre nos hace fraudes, ergo, el INE no sirve.
Nadie puede estar en contra de que esto haya sucedido (que se exhiba a los corruptos), pero hay que entender el contexto y por qué se hace. El golpe viene en un momento difícil para el gobierno de López Obrador severamente criticado por las decisiones económicas y sanitarias frente a la pandemia y quien en poco menos de un año tendrá que enfrentar el reto que supone las elecciones del 2021 y que son clave para la continuidad de su proyecto.
La verdad es que este caso puede ser un duro golpe para la oposición. Si panistas, priístas, perredistas y gente de todos los colores están embarrados ¿con qué cara van a persuadir al electorado para votar por ellos en 2021? Está claro que si los partidos mantienen esta mala reputación, algunos votantes van a preferir no salir de sus casas.
Es cierto que la seguridad y la economía son más importantes que la corrupción para la gente ya que tiene efectos inmediatos y más visibles en su cotidianidad. Es cierto que los índices de inseguridad siguen muy altos y la economía está muy comprometida no solo por la pandemia misma sino por las erráticas decisiones de este gobierno. Pero que la seguridad y la economía sean más importantes no implica que un tema como la corrupción no importe.
Es cierto también que no pocos saldrán a votar por quien sea para quitarle las cámaras a López Obrador. Según el Financiero en una encuesta de hace un mes, ellos representan poco menos de un tercio de la población:
Si los que dicen que no votarán ni a favor ni en contra no salen a votar y si las preferencias se mantienen como hoy, quitarle la mayoría absoluta a la 4T no estaría garantizado y, en el peor de los casos para AMLO, conservaría la mayoría relativa.
Es ese 23% el que tendría menos razones para salir a votar al ver que la alternativa a la 4T ha sido partícipe de escándalos de corrupción.
Lo más llamativo es que, a pesar de los severos problemas económicos y sanitarios, la popularidad de AMLO en el contexto de la pandemia ha caído más bien poco. Podríamos pensar que la popularidad de AMLO se iba a desplomar, pero eso no está ocurriendo. Nótese cómo la popularidad de AMLO es prácticamente igual que en marzo, el mes en que el país entró a la pandemia.
Esto ocurre, con todo y que muchos empleos se han perdido, con todo y que cada día mueren cientos de personas a causa del Covid-19.
Sería interesante saber por qué la popularidad se ha mantenido constante, pero este supuesto combate a la corrupción puede ser un activo en favor de las narrativas que conciernen a la economía, ejemplo: hoy estamos mal, pero el gobierno está combatiendo a la corrupción, y si no hay corrupción, vamos a estar mejor. Justo uno de los pilares de la narrativa lopezobradorista.
Que el gobierno de AMLO genere adversidad en la mitad de la población no implica que por sí solo eso le vaya a hacer perder elecciones: 50% de aprobación sigue siendo considerable. Es importante que los indignados salgan a votar: los que están muy indignados votarán por lo que sea con tal de votar contra MORENA, pero los que tal vez no lo están tanto, los que no se han sentido muy afectados en su vida cotidiana (porque las crisis no impactan a todos de igual manera), tal vez no lo hagan si no existe un medio que consideren una alternativa real: un partido o líder político del cual perciban que todavía tiene algo de prestigio o decencia como para que «esa alternativa valga la pena».
Si no existe esa alternativa, muchos se van a quedar en sus casas y vamos a ver una participación relativamente baja y al oficialismo no le va a ir tan mal (a menos que la crisis se agudice severamente o que explote un escándalo).
Si los partidos quieren ser una alternativa real, tendrán que trabajar para serlo: ello implica de inicio remover de sus filas e investigar a aquellos que se han visto implicado en este escándalo (y difícilmente podría ser suficiente), así como hacer una renovación concienzuda a partir de una profunda autorreflexión que al día de hoy no han tenido; de lo contrario, el 2021 no tendrá buenas noticias para ellos.
Es cierto que la presión ciudadana fue clave para que el oficialismo no lograra cooptar al INE. Sin embargo, yo me esperaba que fuera más gente la que se sumara. Apenas apareció uno que otro trending topic en Twitter e incluso temas más frívolos e irrelevantes tenían más exposición.
¿Por qué algo tan trascendental como la autonomía del árbitro electoral parece no generar tanto ruido, ni siquiera en esas personas que nos juran que este gobierno nos va a convertir en una nueva Cuba? Me puse a reflexionar sobre ello.
Muchas decisiones de gran relevancia para la vida pública suenan por sí mismas aburridas y tediosas: «Fortalecer el mercado interno», «defender la autonomía del INE, claro está», «incentivos para evitar recesión económica» y un largo etcétera. Todo esto termina afectando la vida cotidiana de las personas, pero suena tan ajeno.
A la gente común que no tiene un gran interés en la política, que no es «académica», esos términos no le dicen mucho, le parecen cosas abstractas y, aunque tenga alguna idea de lo que puede significar, no los ve más allá de meros tecnicismos abstractos y rebuscados.
Es cierto que la cultura política en México es pobre, pero es lo que hay, es para lo que da nuestra sociedad, cultura y sistema educativo el día de hoy. Es cierto también que la mayoría de la gente no está especializada en política o en economía, para eso están los politólogos y los economistas que deberían saber «bajar» su conocimiento a la gente, quitarle todos esos tecnicismos y rebuscamientos para que la gente entienda qué está en juego.
Por eso los discursos de «nos van a llevar al comunismo y te van a quitar tu casa» o la verborrea de AMLO movilizan a más gente, convocan a más mítines o caravanas, porque tienen un componente fuertemente emocional que los primeros conceptos no tienen, con todo y que estos son conceptos vacíos y, en el mejor de los casos, muy imprecisos. Por eso es que muchos especialistas se sorprenden de que muchas personas opten por discursos demagógicos sin sustento en vez de lo que ellos llaman «la sensatez» o «lo racional».
Pero en parte es culpa de ellos, porque parecen asumir que hay que comunicarse con la gente con términos académicos y rebuscados que solo ellos entienden. Algunos, ante su desesperación, arremeten contra la «soberanía popular» y hasta se andan imaginando gobiernos platónicos donde solo participen en lo público los sabios porque «el pueblo es ignorante». Pero no entienden de qué va.
Por poner un ejemplo: defender la autonomía del INE es muy importante, pero creen que la gente automáticamente va a captar su importancia como lo hacen ellos. El especialista, muy familiarizado con ello, intuye: «Sin INE autónomo no hay elecciones libres, sin elecciones libres no hay democracia, y sin democracia no hay representatividad ni libertad sino dictadura» pero no se molesta en comunicarlo porque asume que la gente lo sabe. A una persona común, el mero término «autonomía» le parecerá ajeno o técnico.
Decirle a esa persona que «vamos a defender la autonomía del INE» causa bastante menos impacto que decirle «defendamos al INE porque si no, los corruptos se van a robar las elecciones y ya no habrá democracia» o «ya no vamos a poder sacar a X partido del poder». No es lo mismo decir, «Se prevé que la decisión del gobierno reduzca 4.0 puntos del PIB» a decir que «La decisión del gobierno va a causar más desempleo y pobreza». Se apela a las emociones pero no es demagogia porque no se está diciendo nada que sea falso. La información que se está entregando es correcta. A lo largo de la historia hemos podido ver muchos discursos que apelan a lo más profundo de la emoción pero son sinceros y no demagógicos. Un claro ejemplo que se me viene la mente es el famoso discurso «I have a dream» de Martin Luther King.
Por eso es necesario que los especialistas y los académicos sepan conectar con la gente, que sepan comunicar lo que saben de tal forma que la gente entienda qué implicaciones tienen esos fenómenos (que tanto gustan de interpretar con números o con fundamentos teóricos de alto calado) para sus vidas diarias, ¿cómo es que a un padre o madre de familia le puede afectar tal decisión?
Los especialistas tienen que ayudar a politizar a la gente de tal forma que lo haga de forma autónoma (y no dependa del líder, como ocurre con liderazgos demagógicos), despertarle la curiosidad, que investigue un poco más y que tenga el conocimiento a la mano para tomar mejores decisiones.
¿Cuál debe de ser la relación del político con el dinero? Al final, el político necesita vivir, tener un patrimonio y alimentar bocas. Es la lógica de la pirámide de Maslow donde los deseos de autorrealización no pueden ser satisfechos sin haber satisfecho los niveles de más abajo (seguridad, alimentación entre otros).
Pero el fin último de la política, a diferencia del emprendimiento o el empleo, no es ganar dinero, sino precisamente hacer política por medio del poder. El poder es a la política lo que el dinero es a la iniciativa privada.
Entonces se vuelve imperativo reflexionar sobre el rol que el dinero y los ingresos juegan en la actividad política.
Podríamos decir que el político debería ganar tal cantidad de dinero que le permita tener estabilidad económica de tal forma que no tenga que estarse preocupando por ello mientras hace política, ya que de otra forma los incentivos para amasar recursos del erario se van a incrementar.
Pero lo que denominamos «estabilidad económica» es de alguna forma subjetivo y depende de los hábitos de consumo del individuo en cuestión. Si un jardinero entra a la política y adquiere un cargo donde le pagan $25,000 pesos, ello va a ser una maravilla para él. En cambio, un ejecutivo que gana $80,000 pesos va a ver en esos ingresos una miseria y va a ver sus ingresos recortados a más de la mitad.
Es decir, podríamos asumir que el ejecutivo tendría más incentivos para robar que el jardinero si ambos reciben el mismo sueldo. Pero ahí no termina el problema. Esta «estabilidad económica», al ser subjetiva, puede cambiar al entrar al servicio público. El jardinero entra y al principio es bien feliz con los $25,000 pesos que representan más dinero de lo que ganaba antes y de acuerdo a sus hábitos de consumo ello le daría una estabilidad que antes no tenía; pero resulta que, al entrar al servicio público, comenzará a convivir con gente que tiene otros hábitos de consumo y es posible que los adopte. Si los políticos tienen un Rolex y trajes caros, entonces yo debo tener uno. Si los políticos tienen autos de lujo, yo debo tener uno porque no se ve bien que un diputado ante en un vochito, pero con los $25,000 pesos no me alcanza y entonces ello se vuelve un problema.
Podría pensarse que una solución es que haga política sólo el que tiene libertad financiera, la sugerencia suena tentadora, pero de esta idea surgen varios problemas:
1) Al igual que la estabilidad económica (son «parientes cercanos»), la libertad económica es subjetiva ya que depende de los patrones de consumo que, al entrar en el mundo de la política, pueden cambiar.
2) Puede atentar contra el principio de representatividad, ¿qué pasa con el líder del barrio que le pega duro en el tianguis para mantener a su familia y que lo quiere representar en el congreso local? Al pensar en la libertad financiera como condición, se crea una barrera donde quienes no la tienen simplemente no pueden hacer política y por tanto, algunos sectores podrían quedar subrepresentados.
3) Quien obtiene libertad financiera por medio de una empresa podría tener los incentivos para beneficiar a sus empresas, ya que para un empresario la empresa no le importa solo por una cuestión de ingresos sino de trascendencia: es mi proyecto y quiero que crezca.
Como la relación del individuo con el dinero es subjetiva, entonces se vuelve complicado establecer cuándo un político debe «entrarle», ¿bajo qué condiciones y parámetros y cuánto debe ganar para reducir los incentivos de corrupción? Es un tema muy difícil para responder.
La solución que propongo podría bien ser simple aunque estoy consciente de que no podría ser satisfactoria del todo. Podría sonar algo simplista e incluso obvia, pero creo que debe ser una condición necesaria y un punto de partida. Y más que una norma legal que deba ser impuesta (porque es algo muy difícil de determinar desde fuera) tendría que ser un principio ético.
El individuo que quiera entrarle a la política no debería de entrarle para vivir de la política, sino para hacer política; mientras que su ingreso, que no debe ser fin último, debe ser uno que le permita hacer política sin necesidad de preocuparse tanto por el dinero. Bajo este principio ético, cada aspirante deberá determinar, bajo sus particulares condiciones, si quiere entrar a hacer política o quiere entrar para tener un ingreso de cual vivir. Como es difícil determinar «desde fuera» quién debe entrar y quién no, ya no solo por los ingresos o los hábitos de consumo sino por motivaciones y aspiraciones, entonces debe proponerse un principio ético donde el individuo mismo delibere si quiere entrar a hacer política (y no meramente a vivir de ella) y si sus condiciones económicas y aspiraciones subjetivas le permiten hacerlo o incluso si la motivación es tanta que esté dispuesto a hacer cierto sacrificio económico.
Con el principio ético establecido, entonces deberá ser muy criticable y reprobable socialmente que un ciudadano «le entre» para meramente vivir de ahí y no para hacer política.
El ingreso debe ser razonable y no debería ser bajo ya que en este caso, quienes tengan más ingresos tendrán pocos incentivos para involucrarse en política: «Sí me gustaría entrarle, pero voy a ver mis ingresos disminuidos dramáticamente y no estoy dispuesto a pagar el precio».
Debe ser razonable porque un sueldo bajo, además de hacer que la gente se preocupe más por el dinero y lo cual crea más incentivos para corromperse, puede terminar desvalorizando el puesto en cuestión. Que el sueldo sea razonable también ayudará más a que el político comprenda la importancia que su puesto tiene, el profesionalismo con el que se debe ejercer y que comprenda, a través de su propio sueldo, que se espera que dé resultados a sus gobernados ya que ese sueldo, que no es despreciable, es pagado por ellos.
Como conclusión, no podemos descartar el hecho de que el político tiene que vivir y consumir, pero tampoco podemos pensar que la política debe tener la misma función para los individuos que la iniciativa privada, donde la aspiración última es económica. Evidentemente, esta sugerencia por sí sola no va a acabar con la corrupción (aunque me parece más sensato que proponer reducir sueldos a la mitad) pero tal vez sí puede ser una de las tantas cosas que se pueden hacer para tener un servicio público de calidad.
