Los sucesos llegan, por sí mismos, a decirnos algo sobre la sociedad en la que se encuentran insertos. Los sucesos nunca están aislados de su contexto; de hecho, son producto de varios procesos a su vez determinados por la forma en que una sociedad dada se manifiesta.
Justo en el post pasado decía que el asesinato de George Floyd, así como la posterior reacción, se explicaban por distintos procesos que acontecían en la sociedad en la que ocurrió este cobarde hecho. Podíamos hablar de brutalidad policiaca, de racismo y un sinfín de cuestiones que se explicaban por ciertos procesos culturales y sociales.
Coincidentemente, pocos días después, justo cuando la discusión en las redes sociales tiene que ver con la brutalidad policiaca y el racismo, ocurre un hecho lamentable, indignante y cobarde en nuestros propios terrenos: entonces nos enteramos del asesinato de Giovanni, un albañil de 30 años, quien había sido detenido en Ixtlahuacán de forma arbitraria (cerca de Guadalajara) por no portar cubrebocas.
El cuerpo de Giovanni fue entregado ya sin vida el día siguiente de su detención, a quien habían llevado al Hospital Civil porque «se le había pasado la mano a los oficiales» (grosero eufemismo). Los familiares se pudieron percatar de que el cuerpo de Giovanni presentaba varios signos de tortura y hasta un balazo en la pierna.
La noticia, a diferencia del caso de George Floyd, no ha generado tanto ruido en nuestra propia ciudad (siendo que fue algo que aconteció en las afueras), por increíble que parezca. Mucho se habló de George Floyd y la discriminación de los negros en Estados Unidos, de las protestas y demás. Menos se ha hablado del asesinato de Giovanni, caso menos mediático. Curioso es que hasta revistas de la «alta sociedad», de esas donde solo aparece gente de tez blanca, se «solidarizaron» con los negros en Estados Unidos.
Y así como podemos hablar de brutalidad policiaca o racismo (sea donde se encuentre ubicado), aquí podríamos hablar de indiferencia (sobre todo cuando la víctima no pertenece a las zonas acomodadas de la ciudad) ya que la violencia en México se ha vuelto tan cotidiana que la damos por sentado, de brutalidad policiaca (aunque expresada en otra forma y posiblemente por otras razones) así como una predilección de los mismos cuerpos policiacos de abusar de los que no tienen, de aquellos de quienes pueden abusar sin tener consecuencia alguna.
Y es que los que viven en pobreza o en zonas populares no tienen los contactos o los mecanismos que sí tienen en las clases más acomodadas para presionar cuando son víctimas de una injusticia y porque aquello que afecta a este último sector suele generar mayor impacto mediático que lo que ocurre en las zonas populares o los barrios pobres.
En nuestro caso tal vez no podría hablarse de racismo (en tanto varios de los policías no suelen ser de otra ‘etnia’ ni pertenecen a una clase social muy distinta a la de las víctimas) pero sí de un contexto donde el sistema de justicia no funciona igual para todos, de un sistema que hace distinciones de clase. Un policía sabe que si abusa de una persona que tiene dinero, el riesgo de sufrir consecuencias por ello será bastante mayor a que si abusa de una persona que se encuentra en la pobreza. No es un secreto que para «cumplir cuotas» los policías llegan a detener arbitrariamente a personas que se encuentran en barrios más populares por cualquier razón, cosa que difícilmente se atreverían a hacer si se encontraran a un joven perteneciente a la clase media o alta en un barrio de significativa capacidad económica (y aún así el riesgo no es inexistente).
Cuando el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, decidió que iba a tomar medidas hacia aquellas personas que no se quedaran en sus casas, no pocas personas temieron que esto se tradujera en abusos de autoridad. A pesar de que esa medida se contemplaba como necesaria (dado que era necesario quedarse en casa para contener la pandemia y a muchas personas no les importaba) en sentido estricto ello era ilegal (solo el Gobierno Federal puede restringir derechos en caso de una emergencia de acuerdo al artículo 29 de la Constitución). No sabemos cuántos abusos han provocado estas medidas porque no parece haber un conteo al respecto y porque muchos quedan impunes, pero basta con recordar el trágico caso de Giovanni para recordar por qué la gente no confía en la policía.
Así como Giovanni, todos los días muchas personas son vulneradas, agredidas y hasta asesinadas por aquellos que se supone los deberían de proteger. Hoy Giovanni perdió la vida a manos de quienes deberían protegerla y esto debería generar una profunda indignación.
