Corea del Sur, uno de los cuatro tigres asiáticos que comprende también a Hong Kong, Singapur y Taiwán, es una de las grandes economías que surgieron en el gélido contexto de la guerra fría, durante su trayecto a la democratización. Al día de hoy, este país industrial, que alberga multinacionales del calibre de Samsung, LG Group, Hyundai y Kia Motors, es la décimo quinta economía de las 20 más importantes del mundo, y la décimo tercera en paridad en la capacidad de consumo (PPP). A pesar de que en los años 70 su ingreso per cápita se asemejaba al de algunos de los países africanos y asiáticos más pobres, en 2004 Corea del Sur fue incluida en el club de las economías trillonarias.
Pero mientras se gestaba el “milagro surcoreano”, existían políticas que iban por encima de los derechos humanos de las y los trabajadores, sobre todo de las mujeres obreras. Cynthia Enloe describe la militarización de las “hijas” de Corea del Sur, en su libro The Curious Feminist, quienes eran “motivadas” por el gobierno a dejar sus casas para unirse a las maquiladoras e industrias electrónicas, trabajando largas horas y soportando humillaciones de parte de sus empleadores, a cambio de un sueldo que correspondía tan sólo al 45 por ciento de lo que ganaba un hombre al desempeñar el mismo puesto, mientras rechazaban unirse a los sindicatos que podrían defender sus derechos laborales, para probar que eran buenas “hijas” de familia, y poder reunir el dinero suficiente para pagar la dote que les garantizaría un buen matrimonio.
En el comienzo de la globalización de este país asiático, empresas como Nike, Reebok, Adidas o L.A. Gear buscaron la mano de obra barata en países emergentes, donde sus dirigentes les concedieran pasar por alto algunos derechos laborales, a cambio de brindar empleo a sus hombres y mujeres. De esta forma, Pusan en Corea del Sur se convirtió en los años 80 en la capital mundial del zapato tenis. La multinacional Nike recurrió a la subcontratación para evitar tener que lidiar con los recién nacidos sindicatos, que velaban por las condiciones laborales de las mujeres que fabricaban sus productos, lavándose las manos y aludiendo el maltrato de las empleadas a las mismas compañías surcoreanas subcontratadas.
La historia de los derechos laborales en Surcorea es larga, pues irónicamente mientras este país iba acrecentando su economía, ésta no se veía reflejada en los bolsillos de las y los trabajadores. En 1987, un empleado medianamente capacitado recibía de 1.50 a 2.00 dólares la hora, trabajando de 55 a 56 horas a la semana, mientras aquellos que no contaban con la capacitación, trabajaban 12 horas los 7 días de la semana, ganando escasos 125 dólares al mes (countrystudies.us/south-korea/55.htm).
En combinación, en los 70 y 80 algunos empresarios incluso comenzaron a capitalizar la idea emergente de la “buena hija surcoreana”, ofreciendo servicios de citas, con lo que garantizaban el continuo reemplazo de las mujeres recién casadas con las solteras, evitando así que adquirieran antigüedad en las empresas, sobre todo en aquellas que no requerían de empleadas altamente especializadas, y preferían contratarlas al “pago de entrenamiento”.
Estas condiciones no mejoraron por sí solas, sino que requirieron de una lucha social fuerte y sostenida, acompañada de grupos de apoyo como la Asociación Coreana de Mujeres Trabajadoras, que ayudaban a romper las nociones de feminidad y respetabilidad impuestas por el gobierno militar para inducir a las jovencitas a trabajar en las maquiladoras, además de ayudar a mujeres que eran desnudadas públicamente, sufrían de ataques sexuales, caricias no autorizadas e incluso violaciones, como un mecanismo de control para reprimir las manifestaciones femeninas. Tan sólo en 1989, el presidente Roh Tae Woo presenció 300 huelgas en los primeros 3 meses del año, donde le demandaban mejores condiciones de trabajo, y mejores sueldos.
En amarga ironía, las vejaciones y humillaciones que una vez las firmas foráneas impusieron a las y los trabajadores surcoreanos ahora son replicadas por ellos a sus empleadas y empleados mexicanos, en la regasificadora de Manzanillo, Ingeniería Industrial del Centro, mientras nuestras autoridades se muestran más interesadas en proteger la imagen de terreno laboral dócil para la inversión extranjera, en lugar de investigar y defender la dignidad y derechos de las y los connacionales.
El jueves por la mañana, Madaí Díaz Rodríguez, entonces ex-empleada de la mencionada empresa, se metió a una jaula colocada frente al Palacio Municipal de Manzanillo, donde se manifestó en huelga de hambre por 7 horas, se cosió los labios y amenazó con cortarse las venas para dejar un mensaje con su sangre en las paredes de la presidencia, en un acto simbólico por exigir la atención de las autoridades ante los abusos que dice se cometieron en su contra, mientras David Díaz Valdez y Héctor de Jesús Lara Chávez relataban los abusos a las y los trabajadores por parte de esta compañía extranjera, valiéndose de un micrófono.
La manzanillense, que se desempeñaba como cocinera, aseguraba haber sufrido maltrato de parte de sus empleadores, quienes supuestamente la ofendieron, cachetearon y patearon, despidiéndola posteriormente con lujo de violencia. Madaí declaró esto, antes de coserse los labios con aguja e hilo dentro de la jaula donde se encontraba, la cual no abandonó hasta que fue convencida por el delegado del Trabajo, Daniel Rodríguez Herrera, quien gestionó para que se le devolviera el empleo sin alguna represalia, y se le ofreciera una disculpa por parte del representante legal de la empresa surcoreana, Jesús Castillo. Díaz Rodríguez, sin embargo, acudió posteriormente a presentar una denuncia penal en contra de sus agresoras.
Ésta no es la única queja que existe en contra de los dueños de la regasificadora. A raíz del despliegue de indignación por parte de Madaí, Álvaro Bonilla, otro exempleado de dicha compañía, declaró haber sido “secuestrado” por la misma, donde no se le dejó ir hasta que firmara su renuncia, negándole de esta forma su derecho a la liquidación y parte proporcional de aguinaldo y vacaciones.
La respuesta por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, encabezada por Daniel Rodríguez Herrera, y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, por Roberto Chapula de la Mora, fue rápida y adecuada, pues ambos pusieron por encima los intereses de la manzanillense, reconociendo su derecho a manifestarse y buscando que las y los mexicanos empleados por empresas extranjeras gocen de un buen ambiente laboral, seguro y digno, además de un salario justo, de acuerdo a las leyes nacionales. Chapula de la Mora incluso argumentó que “ya son varias las protestas que han hecho los trabajadores por el trato indigno que les dan los coreanos golpeándolos y amenazándolos con perder su trabajo”, añadiendo que, aunque ésta es la primera queja que se presenta ante la CDHEC, “los trabajadores ya se habían manifestado en el pasado por maltratos en su contra y no respetar sus derechos laborales, donde en su momento intervino el secretario de Fomento Económico, Rafael Gutiérrez Villalobos, y el delegado del Trabajo, Daniel Rodríguez Herrera, y se logró resolver el conflicto”.
Mas en esta ocasión, en el margen de la visita del gobernador Mario Anguiano a China y Corea del Sur, la intervención de Gutiérrez Villalobos no fue tan provechosa, por lo menos no para las y los colimenses. El titular de la Sefome calificó de “exagerada” la protesta de Díaz Rodríguez, y pidió no magnificar el caso, para no dejar mal parada a la entidad en el contexto internacional para futuras inversiones.
Tal vez olvida Rafael Gutiérrez que la gente con la que tiene que quedar bien es aquella que, con sus impuestos, paga su salario, no la que viene de otros países a establecer empresas que deben atenerse a las leyes mexicanas, y garantizar los derechos laborales a sus empleados y empleadas. El secretario dijo sospechar un trasfondo en el despliegue “escandaloso” de Madaí, pero no atinó a decir a qué se refería con esto, por lo que su comentario se observa parcializado a favor de la regasificadora, y en contra de la joven, aun antes de que se realice la investigación al respecto.
Existe la posibilidad de que la reacción de Díaz Rodríguez se haya debido a intereses oscuros, pero no debemos de pasar por alto que ésta no es la primera manifestación en contra de esta firma, aunque sí la más dramática hasta el momento, sin embargo, no se le puede quitar el mérito de que debido a este mismo dramatismo se le prestó atención inmediata y su caso ahora es conocido. ¡Vaya!, que irónicamente la mujer hizo oír su voz mediante el gesto de coserse los labios.
La labor de Gutiérrez Villalobos como secretario de Fomento Económico y representante del gobierno colimense no es la de asumirse como abogado defensor de la multinacional Samsung, ni de Ingeniería Industrial del Centro, sino la de velar por los intereses de las y los colimenses. Si los coreanos con ello se ofenden, o se les incomoda al exigirles un buen trato a nuestros connacionales, ése será su problema, y si la consecuencia directa de este acto es la de disuadir la inversión foránea similar, mejor estamos sin empresas que se ahuyenten por gobiernos que promueven los derechos laborales de sus gobernados. Corea del Sur es un país al que hay mucho que aprenderle, mas la sumisión de sus dirigentes ante intereses extranjeros al costo de la economía, seguridad y dignidad de las y los trabajadores nacionales no es una de ellas.
