Dentro de las democracias se han creado instrumentos que tienen como fin mejorarlas. Con ellos se busca ir más allá del clásico concepto de la democracia representativa donde el ciudadano vota por políticos que forman parte de una élite (política) para que lo represente y tome decisiones a su nombre.
Una vez que el ciudadano eligió a su representante, éste no tiene forma de castigarlo si ha hecho mal las cosas hasta que se lleven a cabo las siguientes elecciones. Es decir, si su representante faltó a su confianza seguirá gobernando como le plazca hasta que se acerque el proceso electoral, e incluso en ello influirá el interés que tenga el representante en esas elecciones. Por eso se dice que los representantes que aspiran a un cargo más alto (un alcalde que quiere ser gobernador, o un gobernador que quiere llegar a la presidencia) suelen gobernar mejor que quienes no tienen dicha aspiración (aunque ciertamente también suelen implementar políticas populistas y programas a corto plazo).
La ratificación y la revocación de mandato buscan, al menos en teoría, perfeccionar el funcionamiento de la democracia dándole más poder al ciudadano para que quien lo represente tenga menos incentivos para fallarle.
Es decir, el representante (sea alcalde, gobernador o presidente) sabe que en algún momento de su gestión será evaluado por los ciudadanos para determinar si sigue en el poder o no. De esta forma sabe que si traiciona su confianza, estará de patitas en la calle.
Pero para que la ratificación o la revocación de mandato funcione, necesita estar bien instrumentada. En el caso de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde los alcaldes de Movimiento Ciudadano se sometieron ante esta figura, se han exhibido muchas fallas en la instrumentación y en la concepción de esta herramienta.
¿Qué características debe tener la figura de ratificación / revocación de mandato para que funcione bien?
Primero, el árbitro debe ser imparcial. Si el propio alcalde o gobierno que se someterá lo convoca, entonces será juez y parte y el ejercicio puede perder credibilidad.
Segundo, la figura debe ser institucionalizada. Es decir, si dicha figura se va a implementar, debe aplicarse por ley a todos los alcaldes de todos los partidos que pasen por el puesto y en un determinado tiempo (por ejemplo, a la mitad del mandato). En el caso de Guadalajara no fue así, sino que fue promovida por los mismos alcaldes de Movimiento Ciudadano, argumentando que fue una de sus promesas de campaña. Los opositores afirman que esta medida es convenenciera y tiene propósitos políticos. Esto trae varias distorsiones a dicha figura:
El representante en cuestión puede apelar a esta figura en un cálculo pragmático sabiendo que obtendrá un beneficio. Por ejemplo, que dicho representante sepa que su popularidad es lo suficientemente alta como para correr el riesgo de perder (porque ya ha hecho mediciones y estudios para conocerla). Así, sabe que con el triunfo asegurado obtendrá mayor legitimidad, lo cual le servirá no sólo para mantener su puesto sino para aspirar a un cargo de mayor rango: así, presumirá en su campaña que los ciudadanos ratificaron su mandato y que por lo tanto la voz del pueblo está con él.
Tercero, una cantidad considerable de electores debería de participar en dicha convocatoria. Si participa una minoría, serán pocos los que están tomando una decisión a nombre de muchos. El problema se agranda cuando esos pocos pertenecen a un sector social de tal forma que dicho sector toma decisiones por los demás.
Pero aunque esta figura fuera bien implementada, con todo y los beneficios que pueda traer, también presenta un problema:
La permanencia de un representante depende de la popularidad que tenga dentro de la ciudadanía. Pero el buen desempeño de dicho representante no lleva necesariamente una correlación directa con su popularidad. Con el Brexit aprendimos que la población en su conjunto puede tomar malas decisiones.
Por ejemplo, imaginemos que un gobernador con buenas intenciones llega al poder. Al darse cuenta de la situación de las cosas sabe que tiene que tomar medidas drásticas que en el corto plazo resentirán los ciudadanos pero que son necesarias y benéficas en el largo plazo. Imaginemos que se ve en la necesidad de subir impuestos porque las arcas están vacías y necesita implementar programas y crear infraestructura la cual es necesaria para reactivar la economía del estado. El gobernador prevé que con esa medida la economía se reactivará hacia el final de su mandato, lo cual derivará en más empleos, un mayor poder adquisitivo y una mejor calidad de vida.
El problema viene porque a la mitad de su gestión (cuando la gente salga a votar para ratificar su mandato) la gente no percibirá los beneficios; peor aún, sólo habrá visto un aumento en sus impuestos. El gobernador no es popular porque su apuesta es crear un beneficio a largo plazo que sea mayor a los sacrificios a corto plazo. Pero como sabe que su baja popularidad lo tendrá de patitas en la calle, entonces tendrá más bien pocos incentivos para aplicar esas medidas. Incluso, desde un punto de vista pragmático, a él como gobernador le convendrá más aplicar medidas populistas (que tengan malas repercusiones a largo plazo, más grandes que los beneficios a corto plazo) para conservar el poder. Podría entonces pagar el precio y dejar el proyecto a la mitad para que el gobernador que lo reemplace lo termine, pero en realidad no tiene ninguna certeza de que eso vaya a ocurrir.
El gobernador podría, sí, tratar de socializar el proyecto, de convencer a los ciudadanos de su plan, pero cuando la gente tiene poco dinero en sus bolsillos no suele ser muy paciente y es difícil (más en estos tiempos) que los ciudadanos depositen toda su confianza en el político esperando que sí de los resultados que prometió.
¿Sirve la ratificación o revocación de mandato?
La respuesta es que depende mucho del contexto y de la instrumentación. No hay nada mejor en una democracia que la creación de un Estado de derecho sólido y un sistema donde los ciudadanos sí se sientan representados por los políticos. La ratificación de mandato, con todo y sus beneficios, no garantiza una mejor representatividad. Es simplemente un instrumento que puede ser útil en ciertos contextos.
Y también útil para ciertos políticos que buscan legitimarse.
