Hace diez años o poco más, surgió en Guadalajara una ola de participación ciudadana que poco a poco comenzó a incidir en lo público. Temas como movilidad, combate a la corrupción y muchos otros se pusieron sobre la mesa y entraron a discusión gracias a la presión y a la labor de este activismo por parte de jóvenes que comenzaron a conocer ese mundo desde la universidad.
Poco a poco, este activismo comenzó a influir en las estructuras sociales y públicas con el objetivo, sobre todo, de convertir a la capital de Jalisco en una ciudad donde se pudiera vivir de mejor forma. El resultado de su chamba se puede ver en la cotidianeidad de la ciudad. Las ciclovías, la Vía Recreactiva, e incluso los puentes que el propio gobierno establece con la sociedad civil como las glosas ciudadanas que ha organizado. La participación ciudadana ha influido en una ciudad otrora conservadora, que junto con un creciente crecimiento de las industrias creativas y tecnológicas, ha cambiado el semblante de la ciudad de una más tradicionalista a otra más bien horizontal donde las ideas, la creatividad y la innovación confluyen.
Pero así como hemos visto el crecimiento del activismo y la sociedad civil, también hemos testigos de que, de forma progresiva, algunos de los miembros que la conforman terminan formando parte del servicio público. Y ante esto, surge cierto recelo.
Es entendible, ya que una de las formas de operar que tuvo el régimen del partido único, sobre todo después de la matanza del 68, fue la absorción de líderes sociales dentro del gobierno para así neutralizar las amenazas que las sociedad civil representaba.
Pero también es cierto que ya no estamos en 1968, también es cierto que la realidad del México de ese entonces era distinta a la realidad del México actual. En realidad, la decisión de involucrarse en el servicio público (el gobierno) ya poco tiene que ver con la intención de desarticular a la sociedad civil sino con la inclusión de perfiles que se creen podrían desempeñarse de buena forma. Y es que una de las ventajas del perfil del activista es la especialización en la causa social que defiende. Si un gobierno está interesado en mejorar la movilidad de la ciudad, sabe que si dentro del activismo existen perfiles destacados, habrá una motivación para invitarlos a ser parte de su equipo.
¿Y tiene eso algo de criticable, que un activista decida «entrarle»? Lo criticable en todo caso sería no el hecho en sí, sino las motivaciones para decidir entrar al gobierno. Sería criticable, desde mi punto de vista, que alguien tan solo haya utilizado al activismo de aparador con el propósito de entrar al servicio público; sería criticable si el acto de entrar al gobierno representara una incongruencia: por ejemplo, que alguien que deteste al PRI y denuncie su corrupción deje seducirse ante la primera oferta y termine emulando las prácticas que criticaba.
Pero en realidad, que un activista entre al servicio público en sí no tiene nada de malo. En muchos casos puede terminar siendo algo muy benéfico.
Decía yo que los perfiles ciudadanos (por llamarlos de alguna forma) generalmente suelen especializarse en aquello que defienden o saben hacer. Quienes han estado involucrados en movilidad lo han estado porque el tema les apasiona. Por eso mismo suelen especializarse, leen mucho sobre el tema y, en algunos casos, hasta toman diplomados, especialidades o posgrados en el tema. Una de las ventajas es que, evidentemente, al estar dentro de gobierno se tiene más margen de maniobra para incidir, ya que tienen más recursos a la mano para llevar a cabo los cambios que desean.
Los perfiles ciudadanos también pueden ser muy útiles en aras de renovar la política. Estos, a diferencia del político de carrera, no crecieron bajo los antiguos paradigmas y podrían ayudar a crear una política más horizontal y programática, más alejada del corporativismo y el asistencialismo que tanto ha caracterizado a la política de nuestro país.
Evidentemente el activismo y el gobierno son plataformas muy distintas para incidir en lo público. La limitante del primero suelen ser los recursos y en el caso del segundo el problema principal tiene que ver con el poder. Al entrar al gobierno, el otrora activista se dará cuenta que la dinámica es diferente a la que conocía, que el poder es la moneda de cambio dentro del servicio público y que requerirá algo de éste para poder impulsar esa agenda que impulsaba desde la ciudadanía. Tendrá que saber conciliar, dialogar con los distintos actores de una forma en que tal vez nunca lo había hecho, saber llegar a acuerdos y, en algunos casos, ceder con el fin de lograr su objetivo. Todo esto le requerirá el desarrollo de otras habilidades y pasar por una curva de aprendizaje.
Dicen que el poder no corrompe a la gente, sino que la muestra tal cual es. Si un activista se corrompe al entrar al servicio público es porque posiblemente desde antes no tenía las mejores intenciones o que su sistema de valores ya era lo suficientemente endeble. Creo que la inclusión de algunos activistas dentro del servicio público puede ser una buena noticia dentro de un sistema político que ha sido más bien muy cerrado y hermético, pero de la misma forma es deseable que la cultura de la participación ciudadana siga creciendo. Si la participación ciudadana sigue creciendo como entidad independiente del gobierno y si algunos de sus miembros se involucran de forma progresiva, posiblemente logremos ver una transformación de la política más horizontal, donde los ciudadanos estén acostumbrados a rendir cuentas a sus políticos y éstos, al haber estado en el otro lado de la cancha, entiendan de mejor forma esta dinámica y tengan una mayor facilidad para tender puentes entre gobernantes y gobernados.
