Categoría: temas polémicos

A ningún político le parece cómoda la prensa. Todos, en mayor o menor medida, la detestan.

La presencia de la prensa les quita poder y margen de acción. En cualquier momento puede acechar, y la ansiedad puede ser mayor cuando el político sabe que ha hecho cosas lo suficientemente cuestionables como para que lo sepa el público.

Pero la diferencia entre un presidente democrático y un autoritario tiene que ver con la forma con que reacciona a estos embates. Claro que es cuestión de matices. Algunos políticos pueden dejar de anunciar su propaganda gubernamental en los medios que cuestionan al gobierno (algo que hacía mucho el PRI, por poner un ejemplo), otros presionaban a empresarios de medios para que removieran a un periodista incómodo, como ocurrió en el gobierno de Peña Nieto cuando Carmen Aristegui dio a conocer la investigación de la Casa Blanca en MVS, en otros países los encarcelan o hasta los matan.

El problema es que López Obrador ha ido más allá de los excesos de gobiernos anteriores. Desde un principio, él hizo de los ataques a la prensa una forma de hacer política. Él y los suyos argumentaban que no estaban censurando a nadie, que él también tiene derecho a criticar. Pero, ciertamente ello lo hacía desde una postura ventajosa (el púlpito del poder) y a sus ataques iban acompañados de una campaña de desprestigio en redes a través de «influencers orgánicos», activistas y bots. Se trataba de una forma de desprestigiar a la prensa y restarle autoridad moral a su voz sin decir que la están «censurando» de forma coercitiva.

Pero la diferencia entre un presidente democrático y uno autoritario se muestra cuando éste se siente amenazado o acorralado. La reacción deja entrever su talante. Un presidente democrático se va a enfurecer, no me cabe la menor duda, pero ese enfurecimiento no atentará contra la libertad que tienen otros de opinar. Posiblemente los cuestione o hasta haga un berrinche, pero no más.

López Obrador ha recibido varios golpes mediáticos (con fundamentos, cabe decir) que han afectado su imagen y han afectado aquello que lo sostiene en el poder con altos niveles de aprobación y que es, a su vez, su talón de aquiles: su narrativa. Que su gobierno es honesto, que está llevando a cabo una transformación, que ya no habrá corrupción.

Le duele porque la máxima aspiración de López Obrador es convertirse en una suerte de personaje histórico: quiere que le recuerden como a Hidalgo o Juárez, y la narrativa es un activo muy importante para ello. No solo se trata de lo que hace, sino de lo que dice que se hace. La narrativa no solo es un instrumento de poder (que desde luego lo es), sino un mecanismo de autotrascendencia histórica. López Obrador sin narrativa no es nada ni es nadie. Su narrativa es lo que lo diferencia(ba) de los demás políticos, la que le daba ese aura mítico que hace que sea admirado por tantos (o ya no tantos).

Y siempre hay algo peligroso en aquellas personas que llegan al poder esperando pasar a la historia, porque su ambición es muy grande y la amenaza ante dicha ambición puede ser muy violenta: sienten que tienen mucho que perder.

La reacción de López Obrador frente a Loret de Mola quien exhibió una investigación de Mexicanos contra la Corrupción es muestra de esa reacción violenta y autoritaria. Exhibir cuánto dinero gana un periodista (más allá de que esos datos sean verdaderos o no) es una flagrante ilegalidad. Lo que gana una persona en el ámbito privado y de forma legal no es de interés público. Que el gobierno lo revele y exhiba públicamente con fines políticos es un atentado contra los derechos y la privacidad del individuo que es víctima.

Por más que pretendan mostrar a Carlos Loret de Mola como victimario para asumirse como víctimas y desde esa postura acallar a las voces críticas, la realidad es que la asimetría de poder entre el periodista y el poder político es muy grande, sobre todo si hablamos del Presidente que ha ostentado mayor poder desde hace décadas, que tiene mayoría en las cámaras y cuya ambición es aniquilar todos aquellos sectores del Estado que guardan autonomía y que el ejecutivo no puede controlar.

Que se diga que hay intereses detrás de Loret de Mola no es ningún atenuante. Que exista algún interés (aunque ciertamente no han sabido decir exactamente cuáles son) no quita derecho alguno al periodista a expresar su opinión. Que caiga bien o mal tampoco marca diferencia alguna. La libertad de expresión es para todas las personas y no solo para aquellos que el gobierno considere «libres de intereses» (que suelen ser aquellos que están alineados con el gobierno).

La frase «aspirante a dictador» que acuñó el propio Loret podrá parecer exagerado a algunos, pero lo cierto es que lo que AMLO hizo en la mañanera es un desplante más relacionado con los dictadores y el autoritarismo que con la democracia. Lo que hizo es un atentado en contra de la libertad de expresión y contra los derechos elementales de un periodista quien, además, se sentirá preocupado de que esa campaña de linchamiento desde el poder (de la cual también ha sido víctima Carmen Aristegui) pueda convertirse en un riesgo contra su integridad o pueda motivar a alguien a hacerles algún daño.

Y ciertamente, como el propio Loret de Mola comentó, ¿qué va a pasar con los periodistas de menor relevancia? Ciertamente, atacar a Loret puede (y está teniendo) un costo político para el régimen. ¿Qué va a pasar con aquellos periodistas que son menos conocidos? Lo preocupante es que por más amenazado se sienta el régimen, más tentado se verá a atentar contra los derechos de los demás y de formas más violentas.

Claro que tenemos que estar preocupados, la democracia está en peligro, el derecho a la libertad de expresión también (que ya de por sí ha estado siempre amenazada por la delincuencia en sus diversas expresiones). Las pulsiones autoritarias contra instituciones y personas son cada vez más explícitas. La frase de «aspirante a dictador» ya no suena tan descabellada.

Las candidaturas de Roberto Palazuelos y Samuel García (hoy gobernador) son muy rentables a corto plazo. Nadie puede desdeñar lo que dos gubernaturas significan.

Candidatear a Roberto Palazuelos tiene diversas ventajas. El hecho de que es una figura pública hace que no sea necesario hacer tanto trabajo de posicionamiento. Mucha gente ya sabe quien es, lo ha visto en telenovelas, en la farándula.

También es alguien cuya imagen está relacionado con los negocios, el turismo y la playa. La mayor parte de la población de Quintana Roo se concentra en las ciudades playeras. Palazuelos conoce esos ambientes y puede presentarse como alguien que apueste por el turismo y la inversión. Es un típico macho alfa, mirrey, bronceado, ganador, apuesto. Y no solo eso: es famoso y es admirado. No sabrá de política pero le sabe al negocio, sabe cómo generar dinero, dirán algunos.

Pero pensando en Roberto Palazuelos como inversión a largo plazo, las cosas se complican.

Es cierto que, en caso de que Palazuelos gane la elección, Movimiento Ciudadano tendrá tres gubernaturas, lo cual no es despreciable en lo absoluto y es una muestra de que al «partido naranja» ya no se le puede tratar como «partido chiquito». Sin embargo, el posicionamiento del partido ante la población es muy importante, y candidaturas como las de Palazuelos o Samuel García pueden lacerar el valor de la marca.

Movimiento Ciudadano había hecho un esfuerzo para distinguirse de los «partidos de siempre». No fue en alianza con el PRI-PAN-PRD en el 2021 ni lo hará en 2024, sino que contendió por cuenta propia. Es cierto que esa postura de MC había recibido críticas, pero también era una forma de decir que era diferente a esos partidos que recibieron el voto anti AMLO no por su prestigio sino porque fungieron como mero receptáculo. Al deslindarse, MC daba el mensaje de que se trata algo diferente no solo de MORENA sino de los otros partidos «perdedores».

MC también tenía la oportunidad de presentarse como una opción de «centro-izquierda moderna y moderada» que apela a los sectores urbanos, algo mucho más similar al Partido Demócrata (de Estados Unidos) que al populismo latinoamericano. Uno de esos partidos que habla de los derechos de las mujeres y la inclusión, pero que, al mismo tiempo, da certidumbre a la inversión. Desde esa postura, uno pensaría que MC se ubicaría como un tercero que podía contrastar con los otros dos. Es decir, MC podía aspirar a fungir como la oposición tanto del régimen como de la partidocracia deslegitimada.

Además, MC cuenta con un «arsenal mediático» compuesto por algunas empresas de mercadotecnia política que residen en Jalisco mayormente y que saben cómo posicionar candidatos y presentarlos ante el electorado. Con ayuda de estas empresas, MC supo posicionar a Enrique Alfaro como candidato para el Estado de Jalisco (perdió por muy poco), para la alcaldía de Guadalajara (ahí ganó) y para el Estado de Jalisco de nuevo (ahora sí ganó). Las campañas eran de alguna forma congruentes con esa imagen de centro-izquierda. Ciertamente, el partido atenuaba algunas posturas con fines electorales (ej, el aborto) pero en sí no existía contradicción alguna (que la pueda haber en su gobierno es otro boleto).

Sin embargo, con el tiempo MC ha ido tirando a la borda ese factor diferenciador. La imagen de Samuel García ya comenzaba a chocar un poco con la postura ideológica de MC que iba quedando en un segundo plano (aunque tampoco es como que hablemos de una figura que sea muy de derechas), pero ciertamente con Roberto Palazuelos la contradicción se vuelve grosera. ¿Que vá a saber de inclusión o derechos humanos un «mirrey» que es acusado de machista y clasista y que puede presumir haber participado en el asesinato de dos personas (él se defiende afirmando que fue un acto en legítima defensa)?

Pero si MC no tiene consistencia ideológica, al menos podía mostrar ser diferente a los demás partidos en sus formas. Las candidaturas de Roberto Palazuelos y la del hoy gobernador Samuel García muestran lo opuesto: que MC, como «los partidos de siempre» está dispuesto a utilizar personajes frívolos o artistas de la farándula para ganar elecciones.

Ello también podría ser un factor de desilusión para aquellos perfiles valiosos con una visión programática y que podrían ver a MC como una opción para entrar a la política (como llegó a pasar en Jalisco).

Las gubernaturas ahí las tiene, pero la gente comenzará a ubicar a MC como uno «de los partidos de siempre» y ello en algún momento le podrá pasar factura, igual como le ocurre hoy al PRI y al PAN, con la diferencia de que el «partido naranja» no tiene las estructuras ni el abolengo que tienen los otros dos partidos.

Si una persona se enriquece, si su dinero es bien habido no habría razón alguna para recriminarle el hecho de vivir de forma opulenta. Es decir, si no ha cometido algún acto ilícito, de corrupción o ha atentado en contra de su entorno o la integridad de alguien más, tiene derecho a vivir de forma opulenta de acuerdo con los ingresos que legítimamente ha obtenido.

Si José Ramón López Beltrán vive de forma opulenta gracias a los recursos que Carolyn Adams (su esposa) ha ganado legítimamente, él tendría derecho a hacerlo. Ello, con independencia de que sea hijo del Presidente.

Hasta aquí todo parece ir bien, pero si escarbamos un poco más, las cosas empiezan a complicarse:

Primero, porque detrás de esa opulencia existe un potencial conflicto de interés, ya que ambos habitaron una residencia propiedad de Keith Schilling, ejecutivo de una empresa contratista de Pemex y que tiene contratos con el gobierno del papá de José Ramón (o sea, AMLO) por más de 151 millones de dólares para obras en Pemex. De alguna manera, José Ramón se benefició del gobierno de su padre para poder habitar esa residencia. Qué cuestiones existan detrás de ello no lo sabemos, pero ese estado de cosas ya se percibe muy problemático. Aunque no sea un caso completamente análogo, sí que tiene tintes parecidos a la casa blanca de Enrique Peña Nieto.

Segundo, porque su «vivir de forma opulenta» contraviene el discurso de austeridad que su papá pregona desde el poder. Ello no solo muestra cierta hipocresía por parte del Presidente, al pregonar valores que espera que todos los mexicanos sigan pero que su familia no hace, sino que deja entrever actos cuestionables potenciales: ello dice algo sobre lo que el Presidente dice rechazar pero está dispuesto a tolerar para él y para los suyos. Si dice que «va a combatir la corrupción», entonces ¿cómo vamos a creer que los que están en la cima de la élite del gobierno no van a ser corruptos?

Varios «influencers orgánicos» del régimen salieron en defensa del régimen, se pueden leer argumentos como los siguientes:

Este es un clásico ejemplo de lo que se denomina whataboutism, un recurso retórico a partir del cual se acusa a la oposición de hacer lo mismo: «ustedes (oposición) sí pueden ser opulentos y nosotros no», pero lo cuestionable no es la opulencia per sé, sino el potencial conflicto de interés y la incongruencia con respecto del discurso de «austeridad» que ellos mismos pregonan.

Aparte de la descontextualización (porque refiere a opulencias pero no de qué forma), el que algunos personajes que hoy son de oposición hayan cometido actos cuestionables de la misma forma, no relativiza que los beneficiarios del régimen los cometa. Los actos son reprobables por sí mismos, no con relación a alguien más. Peor aún, su denuncia de esos actos cuando eran oposición hacen que la incongruencia se vuelva aún más grosera.

Violeta también asume, de forma tácita, que «toda la oposición» es igual, que es una misma cosa (idea promovida desde el poder). La realidad es que no es así: gran parte de la oposición de igual forma denunció los conflictos de interés de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Es más, Mexicanos en Contra de la Corrupción, la organización que reveló este escándalo, también fungió como opositor del gobierno de Peña Nieto e incluso el escándalo de la Estafa Maestra fue una investigación que ellos hicieron en conjunto con Animal Político. Pero ello es convenientemente olvidado por los afines al régimen actual.

En mi particular opinión, no es incongruente per sé que una persona que tenga recursos se preocupe por la desigualdad. Yo puedo tener un iPhone y desear que más gente tuviera acceso a uno. Puedo argumentar que la desigualdad es causada por los empresarios rentistas y que mi dinero es bienhabido o que abrí una fundación para dar oportunidades de educación a personas que viven en condición de pobreza. Sin embargo, sí es muy cuestionable que a una persona quien, estando en la oposición, hacía énfasis en la desigualdad, no le parezca cuestionable que una persona presuma opulencia (siendo que la austeridad era una virtud en aras de combatir dicha desigualdad) y que, en ese acto, tenga relaciones con contratistas del gobierno.

Es claro e innegable el doble estándar. Es evidente que si un escándalo de la misma tesitura hubiera recaído sobre un opositor o sobre un régimen del cual ellos eran oposición el trato había sido muy diferente: seguramente estarían indignados y estarían llenando las redes sociales de reclamos.

El día de ayer, el régimen consumó un golpe contra el CIDE mediante una reforma de sus estatutos con la cual podrán tener una mayor injerencia sobre la institución y podrán legalizar (de forma ilegal) lo que siempre fue ilegal: el nombramiento del director Romero Tellaeche.

Queda claro que es incómoda la autonomía de la comunidad del CIDE frente al régimen. Parece que nuestra institución es, a ojos de ellos, de Álvarez-Bullya (la directora del Conacyt) y el propio Andrés Manuel, una suerte de enemigo a derrocar, una piedra en el camino que hay que quitar. Colonizar la institución y someterla al paradigma ideológico del régimen se vuelve urgente.

Queda claro que en el régimen no entienden qué es el CIDE, y queda clarísimo que su juicio sobre nuestra institución está lleno de prejuicios. Dicen que el CIDE contribuyó al «saqueo» pero no saben explicar de qué forma y mucho menos son capaces de mostrar la evidencia más mínima. Si algo han hecho es esforzarse por estigmatizar a la institución, tanto al profesorado como al estudiantado. No es de a gratis que el propio Romero Tellaeche nos dijera a los estudiantes que somos esponjas manipuladas por nuestros profesores.

Lo que está ocurriendo es algo análogo a lo que ha venido haciendo Viktor Orban en Hungría, y ello debe encender las alarmas en toda la comunidad académica porque el CIDE (por su pequeño tamaño) es solo una prueba piloto de lo que podría venir, porque este embate autoritario no solo va a golpear a la academia, sino a la vida democrática misma.

La propia Álvarez-Bullya, inspirada de forma arbitraria en Thomas Kuhn, ha dicho que viene a cambiar el «paradigma científico» en México porque, de acuerdo con ella, la ciencia en nuestro país es «neoliberal». Si la ciencia y la educación superior en nuestro país son neoliberales (cualquier cosa que ello signifique) entonces habrá que convertirlo en algo diferente, y ese algo diferente evidentemente tiene como pilar la visión personalista de la realidad desde la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador. Ello no significa otra cosa que un intento de ideologizar y homogeneizar la ciencia y la educación de nuestro país.

Pero una cosa son las ambiciones de poder y otra es el juicio sumario de la historia. Ciertamente, López Obrador ha logrado construir una narrativa que sirve como una suerte de impermeabilizante ya que gracias a ésta, los magros resultados de su administración no tienen un efecto significativo en su popularidad. Sin embargo, en el ámbito académico e intelectual la historia es muy diferente. La reputación de aquellas personas que están atacando al CIDE y a la academia en general es producto de la comunidad académica y científica misma (tanto a nivel nacional como internacional): el reconocimiento de sus pares por su trabajo y sus contribuciones a la ciencia y el conocimiento es algo importante para quienes forman parte del mundo académico y no tanto el respaldo de la población en general que no suele estar muy interesada sobre asuntos académicos o científicos y de la cual no se suele explicar su reputación más bien reservada para las élites académicas (y que aún así, de acuerdo con encuestas, están a favor de la libertad y autonomía académica).

El problema es que el régimen no tiene siquiera una comunidad académica e intelectual que lo respalde (con excepción de unos pocos personajes como Lorenzo Meyer o Paco Ignacio Taibo, aliados del régimen) sino que más bien se la ha echado encima. El régimen está muy lejos de conformar una élite o siquiera una «contra-élite» académica como para que los perpetradores puedan refugiarse ahí y piensen que su reputación solo se ha perdido en un «insignificante sector elitista y neoliberal». No solo son los «neoliberales» los indignados, es que muchos personajes identificados con la izquierda política han repudiado sus acciones.

La postura de la comunidad académica nacional e internacional (incluyendo el pronunciamiento de algunos premios Nobel) ha sido en favor de la comunidad del CIDE y en contra de las ambiciones de Álvarez-Bullya y sus secuaces. Ciertamente, el poder es muy atractivo, pero éste es más bien temporal: ya no solo porque el régimen puede perder el poder mediante elecciones, sino porque siempre existe el riesgo de ser removido por el propio régimen producto de cálculos políticos (y vaya que la cabeza del régimen, López Obrador, ha demostrado ser poco leal con sus subordinados).

¿Se han puesto a pensar los perpetradores de este asalto al CIDE qué es lo que se va a decir de ellos en la comunidad académica cuando salgan del poder? La respuesta solo podría ser positiva en tanto la alternativa que promueven no es peor que el estado de cosas actual, pero el problema es que ni siquiera hay una alternativa y tan solo hay una hoja de ruta basada en el encono ideológico. Ni siquiera hay una élite académica que comulgue con su visión.

¿Se ha puesto a pensar el director sobre el repudio de toda la comunidad a la que pretende dirigir e incluso sobre la que ya dirigió (el Colmex)? ¿Se han puesto a pensar que el poder sin legitimidad alguna es poco más que un cascarón vacío?

El juicio de la historia lo va a escribir la academia y la comunidad científica, a la cual es mucho más difícil de convencer mediante narrativas y simbolismo. Dicho sea de paso, habría que señalar que en materia de narrativa han sido derrotados una y otra vez por la comunidad del CIDE: la opinión pública se ha puesto de lado de estos últimos y ha mostrado como villanos a los primeros. Dicha derrota narrativa no puede ser revertida mediante meras consultorías que los perpetradores desean contratar.

Ese juicio puede ser lapidario y, en vez de ser congratulados por haber llevado a cabo una «revolución Kuhniana», podrán ser recordados por ser artífices o cómplices del ataque a las instituciones educativas.

En su libro, El 18 Brumario de Napoleón Bonaparte, Karl Marx afirmaba que la Revolución de Francia del siglo XIX parece haber transcurrido en sentido contrario a la Revolución Francesa que todos conocemos (la cual se fue radicalizando con el tiempo hasta derivar en El Terror de la era de Robespierre), como si esa segunda Revolución volviera a la dominación más antigua (del sable y la sotana).

Algo parecido pasa con la llamada cuarta transformación de López Obrador. Las primeras tres transformaciones a las que López Obrador hace alusión, con sus virtudes y sus defectos, trajeron consigo alguna suerte de progreso: la Independencia se explica por sí misma, la Guerra de Reforma trajo la separación entre la Iglesia y el Estado mientras que la Revolución Mexicana, con todas sus cuestiones criticables, como el hecho de ser el génesis del PRI autoritario, de menos trajo consigo una mayor cobertura educativa y una mayor cobertura de derechos sociales que se hicieron realidad años más tarde.

Esta autodenominada cuarta transformación también parece ir a la inversa. Si la tercera trajo una mayor cobertura educativa y una mayor cobertura de derechos sociales, la cuarta trae una cruzada en contra de la educación y la ciencia estigmatizando a la comunidad científica, desmantelando y colonizando el propio Conacyt, atacando al CIDE y al ENAH que siguen siendo hostigados y deteriorando los propios programas sociales, sobre todo aquellos que tienen que ver con la salud que han dejado a los que menos tienen en una peor posición. No sin olvidar la terrible e irresponsable gestión que este gobierno ha hecho en medio de la pandemia.

Con relación a la segunda transformación, los constantes ataques al estado laico y la «sacralización» del poder ha constituido casi un ataque frontal a la Guerra de Reforma, y con relación a la primera, hemos visto el constante ataque a los migrantes que tiene como fin quedar bien con el vecino del norte haciéndole el «trabajo sucio» para que éste no sea un problema en la ambición restauradora del régimen actual. Todo parece ir para atrás, todo es un retroceso, la reversa también es cambio.

Marx no se equivocaba al explicar la dominación burguesa como algo que no necesariamente era una suerte de opresión explícita o deliberadamente intencionada. Decía más bien que quienes detentaban el poder (en sus diversas denominaciones) lo ejercían de tal forma que, de acuerdo a su cosmovisión, creían que era lo más adecuado para la sociedad. Tal vez ello nos ayude a explicar la debilidad opositora que, estando en el poder, gobernó pensando que la mejor forma de gobernar a la sociedad era aquella que empataba con su cosmovisión, la cual, si algo carecía, es de capacidad para tender puentes y establecer diálogo con los que menos tienen, vacío que aprovechó López Obrador.

Pero López Obrador ha hecho el esfuerzo de empaquetar a todo aquello que no cuadre con su régimen dentro de una sola cosmovisión, una «superestructura» que tiene que ser sustituida en el discurso por la voluntad del pueblo y en los hechos por la suya propia. Pero este afán es muy superficial.

Aunque AMLO insiste en que el CIDE ha «formado parte del saqueo», la realidad es que desde esta institución, que, a pesar de la imposibilidad de no tener orientación alguna pero que ciertamente ha mantenido cierta autonomía idiosincrática gracias a su comunidad, creó e hizo mucha crítica hacia los regímenes de Felipe Calderón y, sobre todo, el de Peña Nieto. Es todavía más difícil equiparar al ENAH con esa «superestructura neoliberal» que López Obrador pretende desmantelar. Y aunque el INE fue creado en tiempos de Salinas, éste fue creado gracias a la presión opositora (de la cual formaba parte su entonces partido el PRD) producto de la ilegitimidad de las elecciones de 1988.

Pero López Obrador sí que pretende crear una superestructura rígida que más que revolucionaria es restauradora, donde lo autónomo (asumido como remanente de la antigua superestructura) debe desaparecer, o bien, ser transformado y sometido al poder. Una superestructura que, en el discurso, se desprende completamente de la otra pero que en la práctica no lo hace del todo. Las condiciones materiales y económicas son las mismas (aunque más deterioradas) y las mayores fortunas, hechas al amparo de distintos gobiernos, parecen llevarse bien con el régimen actual.

Para concluir, vale la pena rescatar a Luis Villoro quien insiste en que los discursos y formas de pensamiento que en un inicio son libertadores o aparentan serlo, corren el riesgo de convertirse en ideologías que, a su vez, fungen como instrumentos de dominación. Así, el otrora discurso liberador de López Obrador (liberarse de la corrupción y el neoliberalismo) se ha convertido en la nueva ideología hegemónica, una todavía menos flexible que la del pasado reciente. La otra «superestructura» le dio la oportunidad de contender en unas elecciones y ganarlas. No es completamente seguro que quien quiera contender contra el régimen actual vaya a tener las mismas facilidades.