Categoría: política

Ahí en las redes sociales, a través de algunos activismos e influencers, parece estarse formando (o reviviendo) una cierta «derecha dura» en el país. Muchos de ellos se definen así, «soy de derecha dura». Dicen defender a Dios, la familia, la vida y el libre mercado: así mismo dicen combatir la «ideología de género», el comunismo (cualquier cosa que se pueda entender por eso) y la corrección política. Son nacionalistas y antiglobalistas. Básicamente, constituyen una reacción ante los movimientos que consideran como progresistas como el feminismo, los colectivos LGBT, el multiculturalismo, el combate al cambio climático, el orden mundial multipolar y sus instituciones (como la ONU, la Unión Europea y diversos). Tienen una cuenta en Twitter llamado sublevados que tiene, al día de hoy, poco más de 16 mil seguidores.

Esta derecha dura no es un clivaje aislado de nuestro país sino que se extiende por gran parte de América Latina gracias a las redes sociales. Tienen fuertes simpatías con Donald Trump y con Vox, gustan de escuchar lo que Agustín Laje tiene que decir. Algunos incluso se han expresado a favor de líderes iliberales como Orban, el presidente de Hungría y algunos otros no reconocen la derrota que Trump sufrió en las urnas. Por ello, sus credenciales democráticas no están del todo claras.

Sería un despropósito definirlos como fascistas. El uso del término es meramente retórico y no se les podría encuadrar dentro del fascismo si tomamos el término con seriedad tal como lo define Roger Griffin. El fascismo tiene una faceta revolucionaria que esta derecha dura no tiene ni tampoco posee los alcances xenófobos que el fascismo llegó a poseer. No es tampoco algo nuevo en nuestro país: era algo que ya vivía en los sectores más conservadores y reaccionarios del PAN que, por un momento, parecieron quedar arrinconados frente al ala más tecnocrática y centrista que tomó las riendas del partido. Vox, que es una de las referencias de este clivaje derechista, es un partido de derecha dura, pero que ciertamente no alcanza el ultraderechismo del movimiento de Le Pen.

La derecha dura mexicana dice combatir el comunismo y consideran en su mayoría a López Obrador como una suerte de encarnación o amenaza. Paradójicamente, tienen algunas coincidencias ideológicas con él. Ambos son nacionalistas y apelan constantemente a símbolos religiosos. Como López Obrador, suelen sostener un discurso polarizador que divide a la sociedad entre nosotros y ellos (donde engloban a todo lo que consideran «izquierda» como si se tratara de una sola cosa: desde liberales como los Krauze hasta marxistas duros). Ambas facciones suelen atacar a los medios de comunicación (uno por decir que están vendidos a la derecha, los otros al progresismo) y, aunque a diferencia de López Obrador, hablan de libertades más que de una cruzada moralizadora por parte del país, la realidad es que lo que ellos entienden por libertades deben estar cuadradas en su ideario conservador. Si el conservadurismo de antaño siempre tuvo su corrección política, no hay nada que garantice que este nuevo conservadurismo no la tenga. No parecen apostar tanto a una sociedad abierta (en el sentido popperiano) sino más bien a un cambio hegemónico no solo político sino cultural, donde el conservadurismo o el nacionalismo se conviertan en el nuevo statu quo.

Afirman que no son homofóbicos y que solo están contra la «ideología de género». En el caso de Vox, se oponen al matrimonio igualitario solamente de forma semántica: es decir, no se oponen a la figura jurídica que permite que dos personas del mismo sexo se unan y no se oponen del todo a la adopción homoparental, aunque Santiago Abascal acota que las parejas heteroparentales deberían tener preferencia. Dado que la sociedad española es más liberal en estos asuntos, no estoy seguro si todos los integrantes de la derecha dura mexicana estarían dispuestos a hacer esas «concesiones», que más bien es, en el caso de Vox, la manifestación del conservadurismo en un contexto más liberal. Agustín Laje, referente en América Latina de esta derecha dura, es opositor de cualquiera de estas figuras.

Es difícil que esta derecha dura alcance trascendencia para las elecciones del 2024 y muy difícilmente vamos a ver a un conservador de derechas con tintes confesionales suceder a Andrés Manuel López Obrador. No parece, al día de hoy, ser un movimiento mayoritario en el PAN y es posible que, en el contexto actual, no sea políticamente viable cargarse muy a la derecha en las elecciones del 2024 dado que podrían perder el voto del centro que está enojado con el régimen actual además de que haría insostenible la alianza «va por México», que de algo ha servido para contrarrestar aunque sea un poco más al vendaval de la 4T en las elecciones pasadas.

Ello no quiere decir que no sea posible que en el futuro este movimiento no pueda cobrar mayor relevancia, para ello el sector más conservador tendría que apropiarse del PAN (lo cual veo complicado en el corto plazo con las pugnas actuales) o simplemente fundar un partido nuevo.

Algo así como seis millones de mexicanos salieron a votar.

Seis millones puede no parecer un número despreciable, es una cantidad mayor a la población de la Zona Metropolitana de Guadalajara o la de Monterrey.

Pero cuando esa cifra se pone en contexto todo cambia.

Si decimos que seis millones de los cerca de noventa millones que conforman el padrón electoral fueron a votar, entonces sabemos que cerca de ochenta y cuatro millones de personas decidieron no ir a votar.

Si el 7% fue a votar, el 93% no lo hizo. En la elección intermedia, el 53% fue a votar y el 47% no lo hizo. La diferencia es muy grosera.

Si ese 7% se pone en el contexto del 40% requerido para que la consulta sea vinculante, entonces es un fracaso descomunal. El éxito significaba haber rebasado esa cifra, que quedó allá muy lejos.

Si bien, puede ser engañoso el argumento de la oposición que dice que si el 7% votó ello implica que el 93% votó en contra del ejercicio (mucha gente no acude a votar por apatía, porque no le interesa el acontecer político o porque ni se enteró), el rechazo a este ejercicio sí es considerable si se contrasta con los datos de las elecciones intermedias y ello debería preocupar al oficialismo.

Uno de los argumentos de los oficialistas es que el sí ganó de forma contundente, pero es que la pregunta de la consulta casi casi se responde por sí misma. Si le preguntas a la gente si quiere ser feliz o si quieres ser millonaria todas te van a responder que sí. Si a la gente le preguntas si quiere que se investigue a los ex presidentes todos te van a decir que sí, incluso los mismos ex presidentes que consideren que no hay razón por la que pudieran ser procesados votarían por el sí.

El «triunfo» del sí no revela el éxito de la consulta. Que el sí se haya quedado muy lejos de poder ser vinculante revela su fracaso, porque nos quedamos donde mismo y porque no va a tener ningún efecto. Que una consulta no sea vinculante es lo mismo que si no se hubiera hecho: la única diferencia son todos los recursos que se invirtieron para poder llevarla a cabo.

Ante el evidente fracaso, el oficialismo busca construir una narrativa para aminorar el impacto del resultado, o bien, con otros propósitos políticos como descalificar al INE.

El régimen se ha dado a la tarea de construir una narrativa que, de alguna u otra forma, le beneficie. La verdad es que cualquier narrativa en este sentido no tiene sustento a partir de los resultados.

Por ello, si la consulta fue un fracaso es por culpa de «alguien más». En el banquillo de los acusados se encuentra el INE, a quien acusan (sin pruebas) de estorbar, de poner trabas, organizar boicots y demás. Pero también están quienes decidieron no participar.

El boicot del INE a la #ConsultaPopular. pic.twitter.com/okzgfAkeSu

— Morena (@PartidoMorenaMx) August 1, 2021

Por ello es que el oficialismo también se ha dado a la tarea de recriminar a quienes no votaron en la consulta: algunos influencers y usuarios adheridos al régimen han afirmado que los que no votaron han sido insensibles con las «víctimas», como sugiriendo que su negativa a votar es una suerte de apoyo a los regímenes anteriores. Pero nada más falso, mucha gente no fue a votar bajo la premisa de que la ley no se consulta. Muchos otros no lo hicieron porque no consideran que la consulta vaya a hacer una diferencia y la perciben como una suerte de engaño al régimen.

Sin embargo, esa recriminación puede ser muy contraproducente ya que, bajo su supuesto, la mayoría de los mexicanos apoyaría a los regímenes pasados en detrimento del régimen actual.

Lo que sí sugiere este ejercicio es que el voto duro del lopezobradorismo es más pequeño que en 2018 y que el alcance e impacto de su narrativa se ha mermado a lo largo del tiempo en el que AMLO ha estado en el poder (lo cual también se reflejó en las elecciones intermedias). También nos muestra que el voto duro del lopezobradorismo se concentra en el centro y el sur del país:

Es posible que esta consulta se haya propuesto para hacer olvidar el compromiso de AMLO para someterse a una revocación de mandato, pero el ejercicio no salió bien. Por eso los argumentos suenan muy forzados.

Es la oposición quien tiene el escenario a su favor para crear una narrativa donde muestre que el poder discursivo del lopezobradorismo está menguando y no tiene el alcance de antaño. Es cierto también que la poca credibilidad que tiene la oposición partidista puede hacer que esta narrativa no termine teniendo el alcance esperado.

Pero los resultados de la consulta ahí están, los datos son claros, por más que puedan confrontar a algunos.

Nadie, en su sano juicio, iría a votar en contra de que se someta a juicio a expresidentes. La gente que cree que esta es una tomadura de pelo simplemente no va a ir.

En cambio, los férreos defensores del régimen irán, y aunque el número de votos sea muy inferior que, digamos, la elección intermedia, el régimen presumirá que el 98% votó que sí, que el pueblo eligió. Al gobierno le basta obtener el número mínimo de votos para que el ejercicio sea vinculante (el 40% del padrón nominal, un número nada despreciable).

Someter la justicia a voto popular es no sólo tremendamente inconstitucional sino que atenta contra la separación de poderes lo cual lo vuelve una expresión de autoritarismo. No es la voz del pueblo la que se expresa, sino la del régimen que organiza estos plebiscitos conociendo de antemano cuál va a ser el resultado.

Se pregunta algo que el propio gobierno ya debería haber estado haciendo desde el primer día. Si los órganos de justicia fueran completamente eficientes y justos, ya habrían procesado a cualquier político que se hubiera encontrado involucrado en un acto de corrupción.

Este ejercicio, tal y como está planteado y de acuerdo al contexto, es una tomadura de pelo por medio de la cual el régimen busca fortalecer su narrativa de que sí van contra la corrupción y que sí representan al pueblo cuando ninguna de ambas cosas se satisface. En realidad buscan, a través de este ejercicio, ganar legitimidad y, por tanto, mayor poder. Es la misma narrativa lo que sostiene a AMLO con un porcentaje aceptable de aprobación a pesar de los magros resultados de su gobierno.

Aquí no termina todo, la pregunta misma tiene muchísimos problemas:

La pregunta que aparecerá en la boleta, que fue planteada por la corte (dado que la pregunta tal y como la proponía AMLO era anticonstitucional) es una cosa de lo más cantinflesca y que deja muchísimos huecos. La propaganda dice que trata sobre juicio a ex presidentes, pero la pregunta (que es lo que va a ser vinculante) habla de «esclarecimiento de las decisiones políticas» tomadas en los años pasados por los «actores políticos».

¿Qué se entiende por «acciones pertinentes… para emprender un proceso de esclarecimiento»? Las acciones se pueden esclarecer o aclarar de muchas formas y no solo mediante un procedimiento judicial. No hay ninguna acotación al respecto.

¿Qué se entiende por decisiones políticas? Por ejemplo, declararle la guerra al narco puede definirse de tal forma, pero si un político roba dinero del erario ¿ello puede definirse como una decisión política?

Más confuso se vuelve pensando que en el español, se usa el término político para policy (políticas públicas) y para politics (hacer política). ¿Se refiere a una decisión que concierne a las políticas públicas o al acto de hacer política?

¿Quiénes son los actores políticos? Queda claro que no es necesariamente un ex Presidente sino cualquier político.
¿Qué decisiones políticas, cuáles actores políticos, de qué forma se va a esclarecer? La pregunta no lo define, lo deja al aire y sujeto a cualquier interpretación.

En resumen, quienes van a ir a votar, van a votar por humo, van a responder una encuesta que pretende decir mucho y en realidad no dice nada.

La Cuba castrista es uno de los mitos que siguen presentes en toda América Latina (e inclusive pueden verse algunas expresiones fuera de ella). Historias heroicas de «luchas de los latinoamericanos oprimidos contra los regímenes autoritarios auspiciados por los Estados Unidos»: el heroísmo del Che Guevara, un personaje tan mítico que hasta el propio capitalismo se lo ha apropiado para vender camisetas o libros y que incluso lo ha portado algún incauto que defiende los derechos de la comunidad LGBT, sin reparar que uno de los rasgos más sobresalientes del Che era su terrible homofobia.

Libros, películas, historias y poemas sobre la revolución cubana han surgido por raudales, casi como Oxxos aparecen y aparecen en las ciudades del país. Algunos intelectuales del siglo XX se encargaron de glorificar al régimen cubano: algunos despertaron del letargo, otros los idealizaron hasta el lecho de su muerte, o bien, la siguen idealizando en vida.

En una tradición muy latinoamericana, se ha construido una narrativa muy sólida y atractiva sobre la «Cuba revolucionaria y socialista» que ha dejado de lado lo que más debería importar: los propios cubanos. Podrá argumentarse que en Cuba no existe pobreza extrema (aunque, en ocasiones, su población parece amenazar caer en ella), pero Cuba es simplemente la prisión más grande del mundo. Muy pocas personas desean ir a vivir a Cuba (los socialistas de clase media-alta de México que tanto la glorifican nunca estarán dispuestos a dejar todos sus privilegios para vivir como un cubano promedio) y, en cambio, muchas personas quieren salir de ella. Muy común es que cuando tienen oportunidad de salir (como los equipos deportivos o médicos), alguno que otro aprovecha para huir en búsqueda de una mejor vida.

A pesar de la evidencia, muchos no desean desprenderse del mito cubano. No tanto porque tengan muchos argumentos a su favor, sino por el mito mismo, porque la narrativa es muy potente y transmiten valores y símbolos en los que creen: esa narrativa que consta del discurso acerca de una Cuba débil que se presenta como víctima de los Estados Unidos y de la cual busca defenderse y resistir. Pero uno de los errores en los que suele caer en la izquierda es pensar que el débil siempre tiene que ser el bueno. Ello es un error porque 1) la realidad suele ser más compleja que una simple disputa binaria entre «buenos y malos» y 2) porque el oprimido, en ocasiones, es capaz de ser opresor y déspota con aquellos que puede controlar. Así como el padre que es explotado en su centro de trabajo puede golpear a su esposa o hijos, así también el régimen cubano restringe severamente libertades que en muchos otros países tenemos por dadas. Igual ocurre cuando algunos sectores de izquierda defienden al régimen iraní de Estados Unidos, con todo lo despótico que es con su población y, sobre todo, las mujeres. Peor aún es este afán por idealizar a los musulmanes (incluso tomando posturas complacientes con las manifestaciones extremistas) sin reparar que muchos de los usos y costumbres se contraponen con los que dicen defender y tienden a ser más opresivos que la cultura occidental a la que sí atacan despiadadamente.

Por ello el mito cubano es fuerte, porque, en esa dialéctica binaria, Cuba es el débil de la historia. Pero esa debilidad es producto, en gran parte, de su sistema económico e incluso de las libertades que restringe a su población. Se argumenta que Cuba está mal a causa del embargo de Estados Unidos (el cual me parece un error de este país y que contradice sus valores liberales) y ciertamente éste ha tenido un efecto negativo sobre Cuba, pero dudo mucho que el embargo sea la razón principal del deterioro cubano. Basta ver el destino que han tenido prácticamente todos los países socialistas. La gran mayoría colapsó producto de las incongruencias intrínsecas al régimen que quedaron en evidencia con la caída de la Unión Soviética. Al caer la URSS, ninguno de los países satélites pudo sostenerse bajo su propio pie. Cuba terminó casi moribunda producto de la codependencia que tenía con el régimen soviético. ¿Por qué tendríamos que pensar que Cuba sería un país próspero si el embargo estadounidense no existiera?

¿Por qué una izquierda que dice defender el bien común, los derechos y la justicia apoya un régimen donde precisamente los derechos son escasos y donde una élite (el gobierno cubano) se enriquece a costa de los ciudadanos? La respuesta es simple, por la preservación del mito.

Esa preservación del mito es la que coloca todos los peros en la discusión: Cuba tiene salud universal, ciertamente, pero ¿de verdad se puede equiparar con los sistemas que existen en Europa, por ejemplo? Cuba tiene educación gratuita para todo el mundo, pero ¿esa educación permite al cubano forjarse una vida propia o tiene que atenerse a las pocas opciones que le da el régimen cubano? ¿Esa educación le dota de pensamiento crítico o, en cambio, es adoctrinado para defender al régimen cubano a capa y a espada? Incluso muchos de sus atributos se ven nublados o atenuados por todos estos puntos sobre las íes. El cubano, se dice, nunca va a morir de pobre, pero solo va a estar poco mejor de eso, y las posibilidades de superar esa condición son excesivamente restringidas.

A este mito se agrega el discurso del bloqueo estadounidense. Los castrofílicos (por llamarlos de alguna forma) argumentan que los cubanos están mal por el bloqueo (casi todas las consideraciones del párrafo anterior no tienen relación alguna con el bloqueo), excusando así a un régimen que ya probado a lo largo de la historia ser ineficiente y, paradójicamente, injusto.

Sería un despropósito afirmar que la economía de mercado es perfecta. No existe sistema o ideología perfecta en este mundo y efectos colaterales o nocivos del capitalismo pueden enlistarse (en cierta razón por ello casi todos los países con economías de mercado cuestan con políticas públicas y seguridad social), pero sí sabemos que la economía de mercado es bastante más eficiente que los regímenes socialistas como el de Cuba para satisfacer las necesidades de los individuos y sabemos que ha sacado a muchísimas personas de la pobreza en el mundo. Tal vez por ello muchos no quieren desprenderse del mito cubano, porque es casi el último resquicio socialista que queda para poderlo plantear como alternativa al capitalismo, en vez de siquiera pensarse alguna forma de organización novedosa.

Es completamente válido cuestionar el bloqueo estadounidense y los efectos que éste tiene. Lo que no es válido es utilizarlo como excusa para relativizar la gran responsabilidad que tiene el régimen cubano sobre las condiciones «semi-miserables» en las que vive su población en aras de defender un mito que la historia ha probado insostenible y falaz.

Hace unos pocos días, los moneros simpatizantes del régimen entrevistaron en Chamuco TV a Hugo López-Gatell. Como afirmé en mi Twitter, ese episodio fue de lo más ruin, patético y complaciente que se ha visto en la televisión durante muchos años. Todo el programa trató sobre justificar el desabasto que afecta a niños con cáncer bajo la premisa de que hay una conspiración de la «derecha global» de hablar sobre ese tema, de mostrar (sin datos ni evidencia alguna) que los otros regímenes eran peores y más corruptos.

Este acto fue de lo más ruin e insensible por parte de quienes dicen representar a un gobierno que tiene «visión social» porque a nada quedaron de culpar a los niños con cáncer de golpistas. De acuerdo con ellos, detrás de cualquier acusación, crítica o incluso mera petición al gobierno, existe una intención golpista para desestabilizar al gobierno. En ese programa no existió la mínima autocrítica. De hecho, el concepto de golpismo sirve para anularla, para centrar todo en una conjura y así evadir cualquier responsabilidad del régimen con el que simpatizan.

Todo comienza mal con el uso del término golpismo que no se sostiene en lo más mínimo. Para que un golpe de Estado ocurra es necesaria la toma del poder (por parte de un grupo de personas) por medio de la violencia y/o por medios ilegales. En este caso nada de esto ocurre, no existe un acto violento y, de la misma forma, no hay nada ilegal en acusar al gobierno de López Obrador por el desabasto de medicinas: a menos de que quieran considerar la libertad de expresión como algo ilegal.

Pero propagandísticamente el término funciona porque, a través de éste, se realiza una separación binaria entre nosotros (los buenos) y ellos (los malos que conspiran contra los buenos) anulando así los matices. Toda la carga negativa se transfiere a «los otros»: si se habla de niños con cáncer no trata entonces de un problema de salud pública sino de una acusación con tintes golpistas. Así, la crítica al gobierno queda anulada. El gobierno es víctima y los niños con cáncer terminan siendo condenados a ser solo mera retórica discursiva de la oposición.

Dentro de esta retórica también se incluye una relativización que no se sostiene empíricamente. Afirman (no sin razón) que en los gobiernos pasados había desabasto, pero ignoran por completo el hecho de que el desabasto se ha acentuado en este régimen producto de las deficientes políticas públicas de este régimen y que también puede verse reflejado en los indicadores del Coneval donde la carencia social del acceso a la salud se ha acentuado. Así mismo, utilizaron el mismo recurso para ignorar el pésimo manejo de la pandemia que ha hecho este gobierno como se puede ver aquí.

Hugo López-Gatell menciona una y otra vez los términos ciencia y evidencia empírica para denotar autoridad a través de un lenguaje rebuscado. Lo puede hacer porque en ese espacio no hay nadie quien lo cuestione y sí muchos que lo aplaudan, pero bastaría ya no un especialista, sino una persona medianamente informada para poder en evidencia lo endebles de los argumentos que utiliza López-Gatell.

En la siguiente gráfica de dispersión que hice (para lo cual extraje la transcripción del texto en YouTube y procesé en R Studio) y que muestra el uso de ciertos términos a lo largo de la entrevista por parte de los participantes, es posible ver cómo la referencia a los niños empata con términos como «campaña», «golpista», «derecha» e incluso con Felipe Calderón, pero no lo hace con términos como «Obrador». Esto muestra que siempre que se habló de los niños con cáncer se hizo con referencia a una campaña de la derecha en contra del régimen.

Para finalizar hay que notar una cosa. Cierto es que la oposición utiliza este hecho para atacar al régimen de López Obrador, pero que eso pase no implica que lo que se denuncia sea falso y menos sugiere golpismo. Por el contrario, ello forma parte de la democracia y la beneficia ya que da más información a los electores. De la misma forma, el régimen tiene siempre los mecanismos para contar su propia versión de los hechos de tal forma que los ciudadanos puedan deliberar y llegar a una conclusión por cuenta propia.

Recordemos que el lopezobradorismo hizo lo mismo (y con mayor ímpetu) con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Muchas de las acusaciones que el lopezobradorismo hizo fueron ciertas (más allá de sus intereses y de las simpatías o antipatías con López Obrador) y nos dieron a los ciudadanos más información sobre el régimen. Es una profunda incongruencia reprochar a la oposición de hacer lo que ellos mismos hicieron cuando eran opositores.

Y vale la pena recordar, que dentro de este conflicto político, parece que queda de lado algo mucho más importante que dicho conflicto: son los niños con cáncer, aquellos que están muriendo porque el gobierno no está haciendo bien su trabajo.

La consulta ciudadana para enjuiciar ex presidentes es un insulto a la inteligencia por donde se le vea.

Si existieran razones para que los ex presidentes sean enjuiciados, entonces ya tendrían que haber sido procesados por los órganos de justicia, con independencia de la «voluntad popular».

Imagina que se sospecha que Juan Pérez fue quien robó una casa en la colonia y, en lugar de que alguien lo denuncie y vaya a juicio, el gobierno decide hacer una consulta popular en dicha colonia para ver si Juan Pérez es enjuiciado. Ahora supongamos que Juan Pérez sí cometió dicho crimen ¿Qué tal si los vecinos creen que Juan Pérez es una persona honesta porque la conocen y les cae muy bien? ¿Qué pensaría yo a quien Juan Pérez me robó mi casa y tengo pruebas de ello para presentarlo en el juicio? Resultaría que ahora tengo que convencer a los vecinos para que voten de tal forma. Ello es un absurdo.

La consulta, en este sentido, representa un ataque al orden institucional porque pervierte el proceso para que una persona sea juzgada.

Pero, a diferencia de este caso hipotético, el régimen ya ha hecho el cálculo y sabe que el sí al juicio va a ganar. Pero el régimen no es quien debe decidir a quién juzgar o no, eso es tarea de los órganos de justicia: otra violación al orden institucional.

Si el régimen decide, por «sus huevos» a quién se debe juzgar o no, entonces también hay otro problema, porque si el régimen (entendido como el ejecutivo y el legislativo que afín al ejecutivo) tiene injerencia en la impartición de justicia, ¿quién me va a defender de dicho régimen? Si el régimen decide a quién juzgar o no (en el claro entendido de que la consulta ciudadana es una mera simulación), ¿quién me garantiza que quien atente contra mi integridad no va ser protegido por éste? Otra violación al orden institucional.

La consulta ciudadana pretende hacer creer que se le da poder a la ciudadanía para que incida en lo político, pero ello es un mero espejismo. Al igual que con el aeropuerto, el régimen ya sabe de antemano cuál será el resultado, el cual es conveniente a sus intereses, ya que de otra forma no la habrían convocado.

Es la misma razón por la que la consulta de revocación de mandato que tanto prometió fue «convenientemente olvidada», porque AMLO, de acuerdo con las tendencias en encuestas, sabe que existe cierto riesgo de perderla. Ello también explica la consulta para enjuiciar a ex presidentes, es una forma de distraer a la opinión pública mediáticamente de esa revocación que no será.

El gobierno busca, a través de estos instrumentos, lo opuesto al empoderamiento ciudadano: no busca darle poder al ciudadano para que tenga más injerencia en lo político, sino que busca manipularla de tal forma que el ciudadano le confiera una mayor legitimidad y que, de esta forma, adquiera una mayor concentración de poder por medio de la legitimidad y el fortalecimiento de la narrativa.

Por eso a los líderes populistas les encanta pervertir esta figura del plebiscito, no es que sean democráticos, al contrario: buscan crear una sensación de apertura (falsa) para capitalizarla en favor del régimen.