Categoría: política

  • Siente orgullo: fue una histórica marcha por la democracia

    Siente orgullo: fue una histórica marcha por la democracia

    La histórica marcha por la democracia

    Este domingo se dio en las calles de muchas ciudades del país una de las mayores expresiones democráticas de los últimos años, y dentro de un contexto donde en muchos países (incluido el nuestro) existe una suerte de regresión democrática que preocupa no solo a los especialistas de lo político, sino a todas las personas que comulgamos con los valores democráticos, la libertad de expresión y los derechos humanos.

    En una época donde López Obrador, Donald Trump y Jair Bolsonaro descalifican al árbitro electoral, millones de mexicanas y mexicanos salieron a las calles para defender a un instituto autónomo que, con sus imperfecciones, nos ha garantizado la libertad de poder escoger a quienes queremos que nos gobiernen (así es, en 2006 no existió ningún fraude). Incluso en 2018 la gente decidió votar por López Obrador ante el justificado descontento con la corrupción del régimen pasado y todos los votos se respetaron. Los obradoristas dicen que el INE permitió su victoria porque fue tan apabullante que no le quedó de otra, pero lo cierto es que, en ese supuesto, habría de esperarse que «manipularan el resultado» para restarles mayoría en las cámaras y eso no ocurrió. Todo se respetó.

    Por más que moleste al régimen, la manifestación fue diversa: ahí se vieron banderas LGBT al tiempo que otros gritaban «Cristo Rey». Por más insista el régimen en que los marchantes eran «conservadores, corruptos, clasistas y racistas», la realidad es que había ciudadanos de todos sabores y colores: una masa tan heteromorfa que es imposible de estigmatizar bajo una sola etiqueta.

    A las calles se lanzaron más personas de lo esperado. Abarrotaron las calles principales de muchas ciudades. La marcha fue nacional, el día de cumpleaños del presidente. Los abyectos al régimen, en un acto de desesperación, utilizaron Twitter para descalificar a la marcha y señalar a los manifestantes como «pendejos» o «corruptos». Era notorio que muchos de los tuits eran scripts preestablecidos. Incluso algunos de quienes presumían «matizar» o no ser dogmáticos, se prestaron a ese juego. La realidad es que ni así lograron afectar al vendaval de personas que se manifestaron para evitar que el gobierno cooptara a una de las instituciones con mayor aprobación. Ni siquiera lograron colocar sus hashtags por encima de los que utilizaron los manifestantes:

    El régimen se sintió avasallado porque esta vez no pudo minimizar ni poner en ridículo a la oposición: ésta (y tal vez por vez primera) lo rebasó. Hoy no fueron las ridículas marchas de FRENA y las casas de campaña voladoras. Hasta hace poco el régimen podía presumir un poder convocatoria bastante mayor al de su contraparte: hoy, entre las calles llenas de manifestantes y el Zócalo cada vez más necesitado de acarreados para el Grito de Independencia, dicho supuesto parece quedar en duda.

    En estos 4 años de gobierno, no se había visto tanta desesperación por parte del régimen. La agresividad de los abyectos (como los nombrara Carlos Bravo Regidor) tan solo mostró el éxito de esta marcha, en la cual, José Woldenberg, un hombre genuinamente de izquierda y uno de los luchadores por la democracia más comprometidos e históricos, dio un discurso memorable.

    Claro que México tiene muchos problemas que van desde la inseguridad hasta la desigualdad o la deficiente cobertura de salud (agravada por este gobierno), y es posible que algunas personas argumenten que algunos en la manifestación sean parte de alguna de las problemáticas que se señalan: que si fue la señora de las Lomas que discrimina a la señora del aseo, algún empresario que no paga impuestos o algún político sin honorabilidad (Elba Esther Gordillo), pero incluso, si uno quiere combatir esas problemáticas, necesita un árbitro que garantice que las y los ciudadanos podamos votar por el proyecto de nación que queramos. En este sentido se vuelve hasta necesario marchar con quienes disentimos en lo sustancial, pero que coincidimos en que es necesario este árbitro para que compitamos y podamos dirimir nuestras diferencias. Negarse a manifestarse por la democracia bajo un supuesto de purismo ideológico se vuelve un sinsentido porque no son esas diferencias las que están en juego, sino una coincidencia. Que esta heterogeneidad de pensamientos haya estado presente es una buena noticia en un entorno de sociedades cada vez más polarizadas.

    Es difícil pronosticar que va a pasar después del domingo, pero sin duda lo ocurrido este día por sí mismo es un éxito. El régimen contaba con una oposición tibia y cabizbaja (producto, claro, de la pusilanimidad y autocomplacencia de los partidos en los cuales la gente no se siente representada), pero hoy la oposición ciudadana le sacó un muy buen susto al gobierno en turno, lo preocupó, lo hizo sentir inseguro: los medios nacionales (en especial aquellos que no tienen un compromiso con el régimen) con sus contundentes planas así como los medios internacionales que abordaron lo ocurrido y le dieron cierta importancia, tan solo reflejan el éxito: de la gente que salió a las calles para garantizar que México siga siendo un país democrático.

    Si salvamos al INE, la gente podrá seguir votando por quien quiera: podrá seguir «equivocándose». Porque eso es lo bello de la democracia.

    Hoy fue un día histórico, por más que el régimen pretenda minimizar lo acontecido y afirmar que solo fueron 10,000 manifestantes (afirmación completamente inverosímil si tomamos la documentación fotográfica). Hoy se respiró un poco de democracia en un país cada vez más asfixiante.

  • Contra las monarquías

    Contra las monarquías

    Contra las monarquías

    Generó mucha polémica la posición (opositora) que algunas personas tenemos frente a las monarquías, debate que surgió ante la lamentable muerte de la Reina Elizabeth (que, más allá de mi postura política, no dejo de lamentarla ni dejo de reconocer atributos positivos que la reina pudo tener).

    Lo que voy a argumentar aquí no es, como algunos han sugerido o malinterpretado, decirles a los británicos qué es lo que deben de hacer. Ellos tienen derecho a elegir la mejor forma de gobierno y organización que más les convenga. Tampoco sugiero siquiera erradicar de tajo las monarquías dado que ello podría representar un shock cultural o idiosincrático en los distintos países. Lo que argumento es que las monarquías son cada vez menos necesarias y menos útiles, a la vez que obtienen sus riquezas del trabajo de los ciudadanos. Por tanto, mi postura antimonárquica va en ese sentido.

    Tomar una postura antimonárquica no me impide, por otro lado, reconocer que su existencia tuvo alguna función positiva a lo largo de la historia (acompañada, claro está, de actos aborrecibles y reprochables). Puedo reconocer que fueron necesarias en etapas de organización previa al liberalismo y la democracia, y puedo también reconocer que la presencia de una monarquía en el Reino Unido permitió una transición más tersa y progresiva hacia un régimen liberal sin tener que haber pasado por una fuerte sacudida violenta como sí ocurrió en Francia con la propia Revolución Francesa. Ello no implica que en la actualidad sean necesarias.

    En este artículo me refiero, en especial, a las monarquías parlamentarias. La ciencia política las distingue de las monarquías constitucionales y las monarquías absolutistas (cuya oposición mía es más severa que la que concierne a la monarquía parlamentaria, pero que merecería otro artículo).

    Mi argumento general es que el papel político que tienen los monarcas en los regímenes parlamentarios es muy reducido y viven en una opulencia que no es producto del trabajo ni del ingenio. El poder de las monarquías no solo está reducido por la separación de poderes de las monarquías constitucionales, sino que éste se ha vuelto casi simbólico en el caso de las parlamentarias, donde apenas mantienen algún papel diplomático, entre algunas otras o están muy constreñidas por los órganos de gobierno. Más allá de eso, la legitimidad del poder de los monarcas reside en mayor medida en la idiosincrasia y la cultura del país en cuestión.

    Un argumento recurrente en redes sociales de quienes defienden la monarquía es que la monarquía parlamentaria funciona mejor que el presidencialismo que tenemos en México, y que de ahí se sigue que es deseable sostener la monarquía, pero es un argumento ocioso. Como el sistema de gobierno de Reino Unido se llama «monarquía parlamentaria» y el de México «república constitucional» entonces de ahí se sigue que el primero debe ser mejor que el segundo y más aún, que como el de Reino Unido se llama «monarquía parlamentaria», entonces ello habla bien de la monarquía y es un despropósito que los mexicanos la critiquemos, pero ese razonamiento es un error.

    Reina Elizabeth

    La monarquía parlamentaria de Reino Unido funciona muy bien no tanto por el hecho de poseer una monarquía, sino porque ésta ha sido relegada a funciones prácticamente simbólicas dejando al sistema parlamentario casi todo el poder. La superioridad de la organización política de Reino Unido sobre México entonces tiene más que ver con la estructura política y diseño institucional (considero que el sistema parlamentario es, en la mayoría de las ocasiones, mejor que el presidencial, pero también es tema de otro debate), con la construcción de un Estado de derecho y un sistema de pesos y contrapesos, todo lo cual también explica por qué la monarquía ha perdido poder a lo largo del tiempo.

    Porque, si sabemos que el poder de la monarquía es casi simbólico, entonces su influencia en la ecuación es, también, casi simbólico. Si México tuviese una monarquía igual de simbólica que Reino Unido la realidad de nuestro país no sería muy distinta e incluso la debilidad de los pesos y contrapesos y Estado de derecho podría llegar a permitir a la «monarquía mexicana» acaparar más poder de forma discrecional.

    De hecho, en ciencia política se pregunta menos por la existencia o no existencia de monarquías en países desarrollados que por las diferencias entre sistemas parlamentarios y presidenciales, o por las diferencias entre sistemas de mayoría relativa y sistemas de representación proporcional (RP). ¿Por qué? Porque son cuestiones bastante más relevantes que la propia existencia de la monarquía, por su carácter casi simbólico.

    Entonces, para comprender la diferencia entre México y el Reino Unido, la pregunta relevante no es tanto la monarquía, sino la estructura política, la conformación de Estado de derecho, la cultura política y muchos otros factores. Reitero que precisamente estos procesos en Reino Unido fueron despojando a la monarquía de su poder: una democracia parlamentaria es profundamente incompatible con la existencia de una monarquía que concentre gran cantidad de poder y para «compatibilizarla», debe quedar constreñida y profundamente acotada por la separación de poderes casi al punto de que su existencia sea meramente simbólica. Por eso es que países avanzados han podido mantener una institución arcaica sin que eso termine de ser una contradicción con el progreso económico y social.

    Otro argumento es que la monarquía sigue siendo popular en el Reino Unido, lo cual es cierto y, en cierta forma, tiene sentido porque es parte de su cultura e idiosincrasia. También es cierto que, como reina, Elizabeth tuvo varios aciertos que le dieron, sobre todo a ella, una notable popularidad: modernizó la propia monarquía y ésta se mostró más abierta a la ciudadanía que sus antecesores. Antes de su muerte, era el miembro de la monarquía con mayor popularidad: ostenta el 75% de aprobación. Pero, de la misma forma, es de notar que la mayoría de sus miembros más notables tienen menos del 50% de popularidad y que ésta es cada vez menor en las nuevas generaciones. De acuerdo con YouGov, mientras que el 74% de los británicos con más de 65 años afirman que la monarquía es buena para el Reino Unido, ese porcentaje baja al 67% entre las personas de 50 a 55 años, a 49% entre personas de 25 a 49 años y tan solo el 24% entre las personas de 18 a 24 años. Si bien, es posible que la aprobación pueda incrementarse conforme la gente crezca y adquiera posturas más conservadoras, un buen ejercicio para evitar este dilema sería comparar a los grupos por edad a lo largo de los años; es decir ¿qué diferencia hay entre las personas que tenían más de 65 años en 2011 y las que tienen más de 65 en 2022).

    Mientras que las preferencias entre la gente mayor de 65 años la preferencia prácticamente no se ha movido de 2011 a 2021, sí hay un decremento más notable en la gente menor a 50 años y, más aún, entre los jóvenes.

    En esta otra gráfica de Ipsos MORI podemos notar que, si bien la opinión sobre el sistema de gobierno se mantuvo relativamente estable hasta inicios de la década pasada, en los últimos años se redujo el porcentaje de personas que prefiere a una monarquía, aunque el número sigue siendo alto y la reina nunca perdió popularidad en lo absoluto.

    Estos datos nos sugieren que la legitimidad de la monarquía perdurará un rato, aunque muestra una tendencia a la baja. Si dicha tendencia se mantuviera, en algún momento (que tal vez no verán nuestros ojos) la monarquía podría perder la legitimidad necesaria para mantenerse de pie y desaparecer. Sin embargo, no se puede descartar que pueda ocurrir algún evento que irrumpa de tal forma que le dé más popularidad a la monarquía o, por el contrario, que la entierre y deslegitime súbitamente. Predecir el futuro no es tan fácil como parece.

    En el caso de España, el cambio parece ser más drástico. La confianza en la monarquía ha caído 3 puntos en los últimos 25 años, y solo se ha mantenido relativamente constante de 2013 a la fecha.

    Como mencioné allá arriba, la monarquía está muy arraigada en la cultura e idiosincrasia de los países que las albergan, sobre todo en la idiosincrasia británica. Más allá de mi postura antimonárquica, esperar que los británicos se deshagan de su monarquía de tajo es un despropósito porque el costo de mantenerla para cada individuo en realidad no es muy alto y no es algo que se note en la cotidianidad (costó 118 millones de euros en 2021 a los contribuyentes y el Reino Unido tiene 67 millones de habitantes, lo cual equivaldría a 2 euros o 40 pesos mexicanos al año), aunque estos datos varían en los distintos países.

    Podemos decir, de alguna forma, que la realeza parasita de los contribuyentes británicos, pero los británicos no lo notan mucho y lo asumen porque el costo actual es menor que el costo percibido de perder algo que es parte de su identidad, sobre todo con los más tradicionalistas. Sin embargo, el dilema queda abierto, ¿es correcto que los monarcas vivan opulentamente de la riqueza que ellos no crearon y que fue extraída a los ciudadanos? Esta es una razón de peso para considerarme antimonárquico.

    Luego, importa si la existencia de la monarquía es útil, dejando de lado las cuestiones culturales e idiosincráticas, y si justifican la opulencia en la que viven (mucha mayor a los propios políticos, varios de los cuales son justamente cuestionados por mal usar los impuestos de los contribuyentes): me atrevería a decir que no y que las muy reducidas funciones políticas que aún tiene pueden ser suplantadas por el Estado. Es la propia idiosincrasia la que sostiene a la corona.

    De ahí en más, las monarquías simplemente están ahí: no estorban mucho, pero tampoco es que ayuden demasiado tampoco y su justificación actual tal vez solo reside en la identidad de sus países que en otra cosa, la cual no necesariamente es rígida y es posible que la legitimidad de la corona vaya mermando con el tiempo.

    Y para concluir, no es un sinsentido cuestionar la existencia de las monarquías siendo de un país con un arreglo político «inferior» al de los países con monarquías parlamentarias. Es como privar a un Ruso o un Chino debatir si la democracia parlamentaria es mejor que la constitucional. ¿Por qué no tendrían el derecho a hacerlo?

  • 10 de abril, el día nacional del atole

    10 de abril, el día nacional del atole

    La revocación de mandato es una trampa discursiva.

    El concepto de democracia está estrechamente relacionado con la idea de la participación. En una democracia, los ciudadanos están en mayor capacidad de participar en el ámbito político y público. Ahí, los ciudadanos eligen a sus gobernantes, tienen derecho a expresarse sobre su gobierno, a manifestarse, e incluso a organizarse para poder incidir en lo público.

    Bajo esta idea, el hecho de que haya consultas donde la gente participe podría pensarse como una extensión de la democracia. En este régimen hay más consultas que nunca: la gente participó en la consulta sobre el aeropuerto, la sanción a ex presidentes corruptos y ahora la revocación de mandato.

    Pero la participación no es un tema meramente cuantitativo (pensar que se es más democrático si se participa más) sino cualitativo. Importan mucho la forma en que estos mecanismos están diseñados, en qué contexto ocurren, quién los empuja y para qué propósito.

    Es decir, no se trata de que participes más veces, sino que dicha participación tenga una incidencia real sobre lo público y lo político. El problema es que esto no se cumple en ninguna de las consultas que ha lanzado el gobierno:

    En el caso de la consulta del aeropuerto, el diseño de la consulta estaba especialmente preparado para que ganara la opción que el régimen deseaba. En el caso de la consulta a juicio a ex presidentes, no solo se sometió algo que tendría que ser sancionado por la ley (la justicia no se consulta), sino que, al día de hoy, ni siquiera han entregado resultados. Ocurre lo mismo con la revocación de mandato. El régimen ya conoce de antemano cuál va a ser el resultado. Lo que me importa no es siquiera éste, sino el número de personas que irán a votar: por ello llevaron a cabo una gran movilización en medio de actos francamente ilegales. El régimen ya tiene su narrativa preparada para cualquier escenario posible: congratularse del gran apoyo que tiene el régimen,culpar al INE o hasta clamar fraudes en el improbabilísimo caso de que AMLO perdiera el ejercicio (que de todos modos no sería vinculante).

    En este sentido, la expresión ciudadana se traslada de la opción que marca la boleta, al hecho de participar o abstenerse. Si al régimen (quien es objeto de evaluación) le preocupa el volumen de votantes, entonces lo consecuente es que los opositores decidan abstenerse para que el régimen no pueda cumplir su cometido.

    Toda participación ciudadana de la que el régimen no tenga control es objeto de profundo desprecio por parte del oficialismo. La participación sólo es válida cuando es el régimen en el poder es el que la articula. Un claro ejemplo de ello es lo que ocurrió en el CIDE, donde, de forma inteligente y aprovechando el clima político, la comunidad decidió llevar a cabo su propia consulta para revocar al director impuesto. El 94% se manifestó en favor de revocarlo, pero el régimen no se interesó en lo más mínimo e hicieron mutis. ¿Por qué? Porque la consulta no fue organizada desde el poder, ni para satisfacer las necesidades del poder, y porque los resultados no benefician a sus intereses.

    Por eso es que es completamente legítimo no participar y abstenerse. Porque es desde la abstención o no abstención donde el ciudadano puede ejercer más influencia sobre lo público, y no sobre la idea de elegir si AMLO se queda o se va, porque ya se sabe cuál va a ser el resultado, y en el improbable resultado de que perdiera, este no sería vinculante.

    Por cierto, el título de esta publicación se lo debo a @Patricia_Sanez, a quien se le ocurrió.

  • AIFA, el aeropuerto clasista

    AIFA, el aeropuerto clasista

    Imagen: cuenta de Facebook del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

    Cuando se canceló el NAIM, se nos argumentó que las mayorías no iban a utilizar el aeropuerto por el simple hecho de que no viajan en avión.

    De pronto, con el AIFA, la afirmación fue la contraria: «este es el aeropuerto del pueblo».

    No hay sustento para hacer esta afirmación. Tanto en el caso del NAIM como el del AIFA quienes lo construyeron fueron albañiles, trabajadores, pintores, profesionistas, ingenieros, y gente que conforma un amplio espectro de la sociedad mexicana.

    La afirmación se hace porque el régimen dice ser representante de la voluntad popular, todo lo que pasa por él, en un sentido «pseudo-rousseauniano turbo-recargado», es el pueblo, y todo lo que no pasa por él, es ajeno a éste (a esos los llama conservadores, neoliberales, fifís).

    El aeropuerto del pueblo tiene que ser austero, nos dicen, pero la interpretación que se hace de la palabra «austeridad» es muy vaga y pobre. Austeridad implica hacer mucho con poco, no degradar la calidad en aras de reducir el gasto (esto último incluso hasta podría entrar en cuestionamiento porque al costo del AIFA habrá que sumar el costo de la cancelación del NAIM).

    Lo que entregó el gobierno el día de hoy fue un aeropuerto regional que tal vez allá algún día en el futuro va a ser un aeropuerto internacional. De algo sirve, es mejor a nada, paliará un poco la congestión aérea que vive la CDMX, parte de su futuro dependerá de lo que se haga en los años subsiguientes y de las necesidades de mercado de las aerolíneas, pero es evidente que su utilidad es bastante menor al aeropuerto cancelado por los diversos problemas de origen (muchos de ellos conceptuales, improvisación y falta de planeación) y tiene muchas deficiencias que no se han solucionado.

    Si hubiera sido planteado como un aeropuerto regional tal cual no sobrarían las críticas sobre la estética o los alcances del aeropuerto: algunos dirían que se trata de un aeropuerto sencillo, sin mayores ambiciones, que no es horrendo a la vista (a comparación de algunos aeropuertos regionales del país), con algo de tecnología y que le falta varias cosas por mejorar. Lo que hace ruido es que, en el papel, sería un aeropuerto internacional (y así lo venden porque hay un vuelo a Venezuela que se sacaron de la manga) y, peor aún, uno que sería la sustitución del ambicioso NAIM cuyo único pecado, al parecer, fue que se comenzó a construir en el sexenio de Peña Nieto. Ahí, en las comparaciones estéticas y de alcance, el contraste es grosero. Lo que pudo ser un gran hub para el país, se convirtió en un parche, en una obra sin terminar.

    Y si se dice que es el aeropuerto del pueblo, entonces parecería decirse que el pueblo merece poco. Ahí entra la trampa discursiva. El NAIM es ambicioso, una obra de Sir Norman Foster, uno de los arquitectos más prominentes del mundo, ahí el aeropuerto es solo para los ricos; y como el AIFA es austero, sencillo, improvisado, ahí el aeropuerto es para el pueblo, pero el AIFA no está abriendo los vuelos de avión a nuevos mercados ni está logrando abaratar los precios para que gente que antes no podía costearse un vuelo en avión ahora pueda hacerlo.

    La narrativa entonces sugiere eso: el pueblo merece un aeropuerto barato e improvisado, y dicha narrativa es clasista. Como el pueblo tiene carencias y no tiene recursos, entonces merece solo cosas sencillas y medio jodidas. Quien funge como real soberano (el régimen) y que dice representar al pueblo, hace su distinción de élite en la inauguración. Ahí no estuvo el pueblo, ahí estuvieron los militares, los empresarios oligarcas que se benefician del régimen. Ahí queda la clara distinción entre élite y pueblo, tal como fábula de La Rebelión en la Granja.

    Una de las puestas en escena fue utilizar al mismo pueblo, a la señora de las tlayudas, al que vendía las garnachas, personas que trabajan duro día a día para llevar sustento a casa, como una estrategia para incitar a que algunos opositores expresaran alguna cosa clasista y así poder descalificar a la oposición. Siendo realistas, el clasismo abunda en México y no iba a ser difícil que algunos incautos cayeran en la estrategia y justo eso fue lo que ocurrió.

    Evidentemente esos discursos son despreciables y los propios opositores deberían señalarlos y repudiarlos. Sin embargo, en lo que no se repara es que la estrategia del propio gobierno, de utilizar a esta gente como carne de cañón, es también un acto igualmente clasista y despreciable, por más se trate de disfrazar con una narrativa que apela al pueblo.

    El clasismo del régimen y del aeropuerto como símbolo del régimen es ese. Aquello que llaman pueblo es simplemente un accesorio para mantener su poder: lo usan, lo explotan, hablan en su nombre, les hacen sentir que su voz vale en las consultas previamente calculadas, les dan beneficios a cambio de lealtad, pero en realidad no les importa. Lo único que siempre desearon es el poder, ese que tanta hambre les da. Tanto, que son capaces una y otra vez de pisotear el orden institucional para salirse con la suya.

  • El aspirante a dictador

    El aspirante a dictador

    El aspirante a dictador

    A ningún político le parece cómoda la prensa. Todos, en mayor o menor medida, la detestan.

    La presencia de la prensa les quita poder y margen de acción. En cualquier momento puede acechar, y la ansiedad puede ser mayor cuando el político sabe que ha hecho cosas lo suficientemente cuestionables como para que lo sepa el público.

    Pero la diferencia entre un presidente democrático y un autoritario tiene que ver con la forma con que reacciona a estos embates. Claro que es cuestión de matices. Algunos políticos pueden dejar de anunciar su propaganda gubernamental en los medios que cuestionan al gobierno (algo que hacía mucho el PRI, por poner un ejemplo), otros presionaban a empresarios de medios para que removieran a un periodista incómodo, como ocurrió en el gobierno de Peña Nieto cuando Carmen Aristegui dio a conocer la investigación de la Casa Blanca en MVS, en otros países los encarcelan o hasta los matan.

    El problema es que López Obrador ha ido más allá de los excesos de gobiernos anteriores. Desde un principio, él hizo de los ataques a la prensa una forma de hacer política. Él y los suyos argumentaban que no estaban censurando a nadie, que él también tiene derecho a criticar. Pero, ciertamente ello lo hacía desde una postura ventajosa (el púlpito del poder) y a sus ataques iban acompañados de una campaña de desprestigio en redes a través de «influencers orgánicos», activistas y bots. Se trataba de una forma de desprestigiar a la prensa y restarle autoridad moral a su voz sin decir que la están «censurando» de forma coercitiva.

    Pero la diferencia entre un presidente democrático y uno autoritario se muestra cuando éste se siente amenazado o acorralado. La reacción deja entrever su talante. Un presidente democrático se va a enfurecer, no me cabe la menor duda, pero ese enfurecimiento no atentará contra la libertad que tienen otros de opinar. Posiblemente los cuestione o hasta haga un berrinche, pero no más.

    López Obrador ha recibido varios golpes mediáticos (con fundamentos, cabe decir) que han afectado su imagen y han afectado aquello que lo sostiene en el poder con altos niveles de aprobación y que es, a su vez, su talón de aquiles: su narrativa. Que su gobierno es honesto, que está llevando a cabo una transformación, que ya no habrá corrupción.

    Le duele porque la máxima aspiración de López Obrador es convertirse en una suerte de personaje histórico: quiere que le recuerden como a Hidalgo o Juárez, y la narrativa es un activo muy importante para ello. No solo se trata de lo que hace, sino de lo que dice que se hace. La narrativa no solo es un instrumento de poder (que desde luego lo es), sino un mecanismo de autotrascendencia histórica. López Obrador sin narrativa no es nada ni es nadie. Su narrativa es lo que lo diferencia(ba) de los demás políticos, la que le daba ese aura mítico que hace que sea admirado por tantos (o ya no tantos).

    Y siempre hay algo peligroso en aquellas personas que llegan al poder esperando pasar a la historia, porque su ambición es muy grande y la amenaza ante dicha ambición puede ser muy violenta: sienten que tienen mucho que perder.

    La reacción de López Obrador frente a Loret de Mola quien exhibió una investigación de Mexicanos contra la Corrupción es muestra de esa reacción violenta y autoritaria. Exhibir cuánto dinero gana un periodista (más allá de que esos datos sean verdaderos o no) es una flagrante ilegalidad. Lo que gana una persona en el ámbito privado y de forma legal no es de interés público. Que el gobierno lo revele y exhiba públicamente con fines políticos es un atentado contra los derechos y la privacidad del individuo que es víctima.

    Por más que pretendan mostrar a Carlos Loret de Mola como victimario para asumirse como víctimas y desde esa postura acallar a las voces críticas, la realidad es que la asimetría de poder entre el periodista y el poder político es muy grande, sobre todo si hablamos del Presidente que ha ostentado mayor poder desde hace décadas, que tiene mayoría en las cámaras y cuya ambición es aniquilar todos aquellos sectores del Estado que guardan autonomía y que el ejecutivo no puede controlar.

    Que se diga que hay intereses detrás de Loret de Mola no es ningún atenuante. Que exista algún interés (aunque ciertamente no han sabido decir exactamente cuáles son) no quita derecho alguno al periodista a expresar su opinión. Que caiga bien o mal tampoco marca diferencia alguna. La libertad de expresión es para todas las personas y no solo para aquellos que el gobierno considere «libres de intereses» (que suelen ser aquellos que están alineados con el gobierno).

    La frase «aspirante a dictador» que acuñó el propio Loret podrá parecer exagerado a algunos, pero lo cierto es que lo que AMLO hizo en la mañanera es un desplante más relacionado con los dictadores y el autoritarismo que con la democracia. Lo que hizo es un atentado en contra de la libertad de expresión y contra los derechos elementales de un periodista quien, además, se sentirá preocupado de que esa campaña de linchamiento desde el poder (de la cual también ha sido víctima Carmen Aristegui) pueda convertirse en un riesgo contra su integridad o pueda motivar a alguien a hacerles algún daño.

    Y ciertamente, como el propio Loret de Mola comentó, ¿qué va a pasar con los periodistas de menor relevancia? Ciertamente, atacar a Loret puede (y está teniendo) un costo político para el régimen. ¿Qué va a pasar con aquellos periodistas que son menos conocidos? Lo preocupante es que por más amenazado se sienta el régimen, más tentado se verá a atentar contra los derechos de los demás y de formas más violentas.

    Claro que tenemos que estar preocupados, la democracia está en peligro, el derecho a la libertad de expresión también (que ya de por sí ha estado siempre amenazada por la delincuencia en sus diversas expresiones). Las pulsiones autoritarias contra instituciones y personas son cada vez más explícitas. La frase de «aspirante a dictador» ya no suena tan descabellada.

  • Roberto Palazuelos, la apuesta del partido naranja por un candidato naranja

    Roberto Palazuelos, la apuesta del partido naranja por un candidato naranja

    Roberto Palazuelos, la apuesta del partido naranja por un candidato naranja

    Las candidaturas de Roberto Palazuelos y Samuel García (hoy gobernador) son muy rentables a corto plazo. Nadie puede desdeñar lo que dos gubernaturas significan.

    Candidatear a Roberto Palazuelos tiene diversas ventajas. El hecho de que es una figura pública hace que no sea necesario hacer tanto trabajo de posicionamiento. Mucha gente ya sabe quien es, lo ha visto en telenovelas, en la farándula.

    También es alguien cuya imagen está relacionado con los negocios, el turismo y la playa. La mayor parte de la población de Quintana Roo se concentra en las ciudades playeras. Palazuelos conoce esos ambientes y puede presentarse como alguien que apueste por el turismo y la inversión. Es un típico macho alfa, mirrey, bronceado, ganador, apuesto. Y no solo eso: es famoso y es admirado. No sabrá de política pero le sabe al negocio, sabe cómo generar dinero, dirán algunos.

    Pero pensando en Roberto Palazuelos como inversión a largo plazo, las cosas se complican.

    Es cierto que, en caso de que Palazuelos gane la elección, Movimiento Ciudadano tendrá tres gubernaturas, lo cual no es despreciable en lo absoluto y es una muestra de que al «partido naranja» ya no se le puede tratar como «partido chiquito». Sin embargo, el posicionamiento del partido ante la población es muy importante, y candidaturas como las de Palazuelos o Samuel García pueden lacerar el valor de la marca.

    Movimiento Ciudadano había hecho un esfuerzo para distinguirse de los «partidos de siempre». No fue en alianza con el PRI-PAN-PRD en el 2021 ni lo hará en 2024, sino que contendió por cuenta propia. Es cierto que esa postura de MC había recibido críticas, pero también era una forma de decir que era diferente a esos partidos que recibieron el voto anti AMLO no por su prestigio sino porque fungieron como mero receptáculo. Al deslindarse, MC daba el mensaje de que se trata algo diferente no solo de MORENA sino de los otros partidos «perdedores».

    MC también tenía la oportunidad de presentarse como una opción de «centro-izquierda moderna y moderada» que apela a los sectores urbanos, algo mucho más similar al Partido Demócrata (de Estados Unidos) que al populismo latinoamericano. Uno de esos partidos que habla de los derechos de las mujeres y la inclusión, pero que, al mismo tiempo, da certidumbre a la inversión. Desde esa postura, uno pensaría que MC se ubicaría como un tercero que podía contrastar con los otros dos. Es decir, MC podía aspirar a fungir como la oposición tanto del régimen como de la partidocracia deslegitimada.

    Además, MC cuenta con un «arsenal mediático» compuesto por algunas empresas de mercadotecnia política que residen en Jalisco mayormente y que saben cómo posicionar candidatos y presentarlos ante el electorado. Con ayuda de estas empresas, MC supo posicionar a Enrique Alfaro como candidato para el Estado de Jalisco (perdió por muy poco), para la alcaldía de Guadalajara (ahí ganó) y para el Estado de Jalisco de nuevo (ahora sí ganó). Las campañas eran de alguna forma congruentes con esa imagen de centro-izquierda. Ciertamente, el partido atenuaba algunas posturas con fines electorales (ej, el aborto) pero en sí no existía contradicción alguna (que la pueda haber en su gobierno es otro boleto).

    Sin embargo, con el tiempo MC ha ido tirando a la borda ese factor diferenciador. La imagen de Samuel García ya comenzaba a chocar un poco con la postura ideológica de MC que iba quedando en un segundo plano (aunque tampoco es como que hablemos de una figura que sea muy de derechas), pero ciertamente con Roberto Palazuelos la contradicción se vuelve grosera. ¿Que vá a saber de inclusión o derechos humanos un «mirrey» que es acusado de machista y clasista y que puede presumir haber participado en el asesinato de dos personas (él se defiende afirmando que fue un acto en legítima defensa)?

    Pero si MC no tiene consistencia ideológica, al menos podía mostrar ser diferente a los demás partidos en sus formas. Las candidaturas de Roberto Palazuelos y la del hoy gobernador Samuel García muestran lo opuesto: que MC, como «los partidos de siempre» está dispuesto a utilizar personajes frívolos o artistas de la farándula para ganar elecciones.

    Ello también podría ser un factor de desilusión para aquellos perfiles valiosos con una visión programática y que podrían ver a MC como una opción para entrar a la política (como llegó a pasar en Jalisco).

    Las gubernaturas ahí las tiene, pero la gente comenzará a ubicar a MC como uno «de los partidos de siempre» y ello en algún momento le podrá pasar factura, igual como le ocurre hoy al PRI y al PAN, con la diferencia de que el «partido naranja» no tiene las estructuras ni el abolengo que tienen los otros dos partidos.

  • Hay la opulencia y «la opulencia»

    Hay la opulencia y «la opulencia»

    Hay la opulencia y "la opulencia"

    Si una persona se enriquece, si su dinero es bien habido no habría razón alguna para recriminarle el hecho de vivir de forma opulenta. Es decir, si no ha cometido algún acto ilícito, de corrupción o ha atentado en contra de su entorno o la integridad de alguien más, tiene derecho a vivir de forma opulenta de acuerdo con los ingresos que legítimamente ha obtenido.

    Si José Ramón López Beltrán vive de forma opulenta gracias a los recursos que Carolyn Adams (su esposa) ha ganado legítimamente, él tendría derecho a hacerlo. Ello, con independencia de que sea hijo del Presidente.

    Hasta aquí todo parece ir bien, pero si escarbamos un poco más, las cosas empiezan a complicarse:

    Primero, porque detrás de esa opulencia existe un potencial conflicto de interés, ya que ambos habitaron una residencia propiedad de Keith Schilling, ejecutivo de una empresa contratista de Pemex y que tiene contratos con el gobierno del papá de José Ramón (o sea, AMLO) por más de 151 millones de dólares para obras en Pemex. De alguna manera, José Ramón se benefició del gobierno de su padre para poder habitar esa residencia. Qué cuestiones existan detrás de ello no lo sabemos, pero ese estado de cosas ya se percibe muy problemático. Aunque no sea un caso completamente análogo, sí que tiene tintes parecidos a la casa blanca de Enrique Peña Nieto.

    Segundo, porque su «vivir de forma opulenta» contraviene el discurso de austeridad que su papá pregona desde el poder. Ello no solo muestra cierta hipocresía por parte del Presidente, al pregonar valores que espera que todos los mexicanos sigan pero que su familia no hace, sino que deja entrever actos cuestionables potenciales: ello dice algo sobre lo que el Presidente dice rechazar pero está dispuesto a tolerar para él y para los suyos. Si dice que «va a combatir la corrupción», entonces ¿cómo vamos a creer que los que están en la cima de la élite del gobierno no van a ser corruptos?

    Varios «influencers orgánicos» del régimen salieron en defensa del régimen, se pueden leer argumentos como los siguientes:

    Este es un clásico ejemplo de lo que se denomina whataboutism, un recurso retórico a partir del cual se acusa a la oposición de hacer lo mismo: «ustedes (oposición) sí pueden ser opulentos y nosotros no», pero lo cuestionable no es la opulencia per sé, sino el potencial conflicto de interés y la incongruencia con respecto del discurso de «austeridad» que ellos mismos pregonan.

    Aparte de la descontextualización (porque refiere a opulencias pero no de qué forma), el que algunos personajes que hoy son de oposición hayan cometido actos cuestionables de la misma forma, no relativiza que los beneficiarios del régimen los cometa. Los actos son reprobables por sí mismos, no con relación a alguien más. Peor aún, su denuncia de esos actos cuando eran oposición hacen que la incongruencia se vuelva aún más grosera.

    Violeta también asume, de forma tácita, que «toda la oposición» es igual, que es una misma cosa (idea promovida desde el poder). La realidad es que no es así: gran parte de la oposición de igual forma denunció los conflictos de interés de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Es más, Mexicanos en Contra de la Corrupción, la organización que reveló este escándalo, también fungió como opositor del gobierno de Peña Nieto e incluso el escándalo de la Estafa Maestra fue una investigación que ellos hicieron en conjunto con Animal Político. Pero ello es convenientemente olvidado por los afines al régimen actual.

    Es cierto que los hijos del Presidente pueden vivir de la forma que se les antoje si ese dinero es bienhabido, pero Hernán nada dice del potencial conflicto de interés y nada dice de esa narrativa que su padre ha sostenido y que incluso él mismo ha defendido.

    En mi particular opinión, no es incongruente per sé que una persona que tenga recursos se preocupe por la desigualdad. Yo puedo tener un iPhone y desear que más gente tuviera acceso a uno. Puedo argumentar que la desigualdad es causada por los empresarios rentistas y que mi dinero es bienhabido o que abrí una fundación para dar oportunidades de educación a personas que viven en condición de pobreza. Sin embargo, sí es muy cuestionable que a una persona quien, estando en la oposición, hacía énfasis en la desigualdad, no le parezca cuestionable que una persona presuma opulencia (siendo que la austeridad era una virtud en aras de combatir dicha desigualdad) y que, en ese acto, tenga relaciones con contratistas del gobierno.

    Es claro e innegable el doble estándar. Es evidente que si un escándalo de la misma tesitura hubiera recaído sobre un opositor o sobre un régimen del cual ellos eran oposición el trato había sido muy diferente: seguramente estarían indignados y estarían llenando las redes sociales de reclamos.

  • El #AsaltoAlCIDE y el juicio sumario de la historia a sus perpetradores

    El #AsaltoAlCIDE y el juicio sumario de la historia a sus perpetradores

    El #AsaltoAlCIDE y el juicio sumario de la historia a sus perpetradores

    El día de ayer, el régimen consumó un golpe contra el CIDE mediante una reforma de sus estatutos con la cual podrán tener una mayor injerencia sobre la institución y podrán legalizar (de forma ilegal) lo que siempre fue ilegal: el nombramiento del director Romero Tellaeche.

    Queda claro que es incómoda la autonomía de la comunidad del CIDE frente al régimen. Parece que nuestra institución es, a ojos de ellos, de Álvarez-Bullya (la directora del Conacyt) y el propio Andrés Manuel, una suerte de enemigo a derrocar, una piedra en el camino que hay que quitar. Colonizar la institución y someterla al paradigma ideológico del régimen se vuelve urgente.

    Queda claro que en el régimen no entienden qué es el CIDE, y queda clarísimo que su juicio sobre nuestra institución está lleno de prejuicios. Dicen que el CIDE contribuyó al «saqueo» pero no saben explicar de qué forma y mucho menos son capaces de mostrar la evidencia más mínima. Si algo han hecho es esforzarse por estigmatizar a la institución, tanto al profesorado como al estudiantado. No es de a gratis que el propio Romero Tellaeche nos dijera a los estudiantes que somos esponjas manipuladas por nuestros profesores.

    Lo que está ocurriendo es algo análogo a lo que ha venido haciendo Viktor Orban en Hungría, y ello debe encender las alarmas en toda la comunidad académica porque el CIDE (por su pequeño tamaño) es solo una prueba piloto de lo que podría venir, porque este embate autoritario no solo va a golpear a la academia, sino a la vida democrática misma.

    La propia Álvarez-Bullya, inspirada de forma arbitraria en Thomas Kuhn, ha dicho que viene a cambiar el «paradigma científico» en México porque, de acuerdo con ella, la ciencia en nuestro país es «neoliberal». Si la ciencia y la educación superior en nuestro país son neoliberales (cualquier cosa que ello signifique) entonces habrá que convertirlo en algo diferente, y ese algo diferente evidentemente tiene como pilar la visión personalista de la realidad desde la perspectiva de Andrés Manuel López Obrador. Ello no significa otra cosa que un intento de ideologizar y homogeneizar la ciencia y la educación de nuestro país.

    Pero una cosa son las ambiciones de poder y otra es el juicio sumario de la historia. Ciertamente, López Obrador ha logrado construir una narrativa que sirve como una suerte de impermeabilizante ya que gracias a ésta, los magros resultados de su administración no tienen un efecto significativo en su popularidad. Sin embargo, en el ámbito académico e intelectual la historia es muy diferente. La reputación de aquellas personas que están atacando al CIDE y a la academia en general es producto de la comunidad académica y científica misma (tanto a nivel nacional como internacional): el reconocimiento de sus pares por su trabajo y sus contribuciones a la ciencia y el conocimiento es algo importante para quienes forman parte del mundo académico y no tanto el respaldo de la población en general que no suele estar muy interesada sobre asuntos académicos o científicos y de la cual no se suele explicar su reputación más bien reservada para las élites académicas (y que aún así, de acuerdo con encuestas, están a favor de la libertad y autonomía académica).

    El problema es que el régimen no tiene siquiera una comunidad académica e intelectual que lo respalde (con excepción de unos pocos personajes como Lorenzo Meyer o Paco Ignacio Taibo, aliados del régimen) sino que más bien se la ha echado encima. El régimen está muy lejos de conformar una élite o siquiera una «contra-élite» académica como para que los perpetradores puedan refugiarse ahí y piensen que su reputación solo se ha perdido en un «insignificante sector elitista y neoliberal». No solo son los «neoliberales» los indignados, es que muchos personajes identificados con la izquierda política han repudiado sus acciones.

    La postura de la comunidad académica nacional e internacional (incluyendo el pronunciamiento de algunos premios Nobel) ha sido en favor de la comunidad del CIDE y en contra de las ambiciones de Álvarez-Bullya y sus secuaces. Ciertamente, el poder es muy atractivo, pero éste es más bien temporal: ya no solo porque el régimen puede perder el poder mediante elecciones, sino porque siempre existe el riesgo de ser removido por el propio régimen producto de cálculos políticos (y vaya que la cabeza del régimen, López Obrador, ha demostrado ser poco leal con sus subordinados).

    ¿Se han puesto a pensar los perpetradores de este asalto al CIDE qué es lo que se va a decir de ellos en la comunidad académica cuando salgan del poder? La respuesta solo podría ser positiva en tanto la alternativa que promueven no es peor que el estado de cosas actual, pero el problema es que ni siquiera hay una alternativa y tan solo hay una hoja de ruta basada en el encono ideológico. Ni siquiera hay una élite académica que comulgue con su visión.

    ¿Se ha puesto a pensar el director sobre el repudio de toda la comunidad a la que pretende dirigir e incluso sobre la que ya dirigió (el Colmex)? ¿Se han puesto a pensar que el poder sin legitimidad alguna es poco más que un cascarón vacío?

    El juicio de la historia lo va a escribir la academia y la comunidad científica, a la cual es mucho más difícil de convencer mediante narrativas y simbolismo. Dicho sea de paso, habría que señalar que en materia de narrativa han sido derrotados una y otra vez por la comunidad del CIDE: la opinión pública se ha puesto de lado de estos últimos y ha mostrado como villanos a los primeros. Dicha derrota narrativa no puede ser revertida mediante meras consultorías que los perpetradores desean contratar.

    Ese juicio puede ser lapidario y, en vez de ser congratulados por haber llevado a cabo una «revolución Kuhniana», podrán ser recordados por ser artífices o cómplices del ataque a las instituciones educativas.