Autor: Cerebro

¿Cuál debe de ser la relación del político con el dinero? Al final, el político necesita vivir, tener un patrimonio y alimentar bocas. Es la lógica de la pirámide de Maslow donde los deseos de autorrealización no pueden ser satisfechos sin haber satisfecho los niveles de más abajo (seguridad, alimentación entre otros).

Pero el fin último de la política, a diferencia del emprendimiento o el empleo, no es ganar dinero, sino precisamente hacer política por medio del poder. El poder es a la política lo que el dinero es a la iniciativa privada.

Entonces se vuelve imperativo reflexionar sobre el rol que el dinero y los ingresos juegan en la actividad política.

Podríamos decir que el político debería ganar tal cantidad de dinero que le permita tener estabilidad económica de tal forma que no tenga que estarse preocupando por ello mientras hace política, ya que de otra forma los incentivos para amasar recursos del erario se van a incrementar.

Pero lo que denominamos «estabilidad económica» es de alguna forma subjetivo y depende de los hábitos de consumo del individuo en cuestión. Si un jardinero entra a la política y adquiere un cargo donde le pagan $25,000 pesos, ello va a ser una maravilla para él. En cambio, un ejecutivo que gana $80,000 pesos va a ver en esos ingresos una miseria y va a ver sus ingresos recortados a más de la mitad.

Es decir, podríamos asumir que el ejecutivo tendría más incentivos para robar que el jardinero si ambos reciben el mismo sueldo. Pero ahí no termina el problema. Esta «estabilidad económica», al ser subjetiva, puede cambiar al entrar al servicio público. El jardinero entra y al principio es bien feliz con los $25,000 pesos que representan más dinero de lo que ganaba antes y de acuerdo a sus hábitos de consumo ello le daría una estabilidad que antes no tenía; pero resulta que, al entrar al servicio público, comenzará a convivir con gente que tiene otros hábitos de consumo y es posible que los adopte. Si los políticos tienen un Rolex y trajes caros, entonces yo debo tener uno. Si los políticos tienen autos de lujo, yo debo tener uno porque no se ve bien que un diputado ante en un vochito, pero con los $25,000 pesos no me alcanza y entonces ello se vuelve un problema.

Podría pensarse que una solución es que haga política sólo el que tiene libertad financiera, la sugerencia suena tentadora, pero de esta idea surgen varios problemas:

1) Al igual que la estabilidad económica (son «parientes cercanos»), la libertad económica es subjetiva ya que depende de los patrones de consumo que, al entrar en el mundo de la política, pueden cambiar.

2) Puede atentar contra el principio de representatividad, ¿qué pasa con el líder del barrio que le pega duro en el tianguis para mantener a su familia y que lo quiere representar en el congreso local? Al pensar en la libertad financiera como condición, se crea una barrera donde quienes no la tienen simplemente no pueden hacer política y por tanto, algunos sectores podrían quedar subrepresentados.

3) Quien obtiene libertad financiera por medio de una empresa podría tener los incentivos para beneficiar a sus empresas, ya que para un empresario la empresa no le importa solo por una cuestión de ingresos sino de trascendencia: es mi proyecto y quiero que crezca.

Como la relación del individuo con el dinero es subjetiva, entonces se vuelve complicado establecer cuándo un político debe «entrarle», ¿bajo qué condiciones y parámetros y cuánto debe ganar para reducir los incentivos de corrupción? Es un tema muy difícil para responder.

La solución que propongo podría bien ser simple aunque estoy consciente de que no podría ser satisfactoria del todo. Podría sonar algo simplista e incluso obvia, pero creo que debe ser una condición necesaria y un punto de partida. Y más que una norma legal que deba ser impuesta (porque es algo muy difícil de determinar desde fuera) tendría que ser un principio ético.

El individuo que quiera entrarle a la política no debería de entrarle para vivir de la política, sino para hacer política; mientras que su ingreso, que no debe ser fin último, debe ser uno que le permita hacer política sin necesidad de preocuparse tanto por el dinero. Bajo este principio ético, cada aspirante deberá determinar, bajo sus particulares condiciones, si quiere entrar a hacer política o quiere entrar para tener un ingreso de cual vivir. Como es difícil determinar «desde fuera» quién debe entrar y quién no, ya no solo por los ingresos o los hábitos de consumo sino por motivaciones y aspiraciones, entonces debe proponerse un principio ético donde el individuo mismo delibere si quiere entrar a hacer política (y no meramente a vivir de ella) y si sus condiciones económicas y aspiraciones subjetivas le permiten hacerlo o incluso si la motivación es tanta que esté dispuesto a hacer cierto sacrificio económico.

Con el principio ético establecido, entonces deberá ser muy criticable y reprobable socialmente que un ciudadano «le entre» para meramente vivir de ahí y no para hacer política.

El ingreso debe ser razonable y no debería ser bajo ya que en este caso, quienes tengan más ingresos tendrán pocos incentivos para involucrarse en política: «Sí me gustaría entrarle, pero voy a ver mis ingresos disminuidos dramáticamente y no estoy dispuesto a pagar el precio».

Debe ser razonable porque un sueldo bajo, además de hacer que la gente se preocupe más por el dinero y lo cual crea más incentivos para corromperse, puede terminar desvalorizando el puesto en cuestión. Que el sueldo sea razonable también ayudará más a que el político comprenda la importancia que su puesto tiene, el profesionalismo con el que se debe ejercer y que comprenda, a través de su propio sueldo, que se espera que dé resultados a sus gobernados ya que ese sueldo, que no es despreciable, es pagado por ellos.

Como conclusión, no podemos descartar el hecho de que el político tiene que vivir y consumir, pero tampoco podemos pensar que la política debe tener la misma función para los individuos que la iniciativa privada, donde la aspiración última es económica. Evidentemente, esta sugerencia por sí sola no va a acabar con la corrupción (aunque me parece más sensato que proponer reducir sueldos a la mitad) pero tal vez sí puede ser una de las tantas cosas que se pueden hacer para tener un servicio público de calidad.

Algunas personas han estado promoviendo la idea de que López Obrador renuncie y deje el poder. Es su causa.

Es natural que la gente, enojada, pida la renuncia. Si algo aprendí de la campaña que pedía la renuncia de Peña Nieto y a la que me llegué a sumar en un principio, es que hay que conocer bien lo que dice la ley.

No es como que muchos estemos contentos con tener a López Obrador e incluso estamos preocupados, pero también es cierto que así como esa idea puede ser «atractiva» para algunos, también es facilona y demagógica por la dificultad que existe para hacerlo (y de lo cual no nos advierten) y porque no reparan en las consecuencias de que el Presidente renuncie.

Incluso algún que otro despistado que dice ser abogado constitucionalista asegura que sí se puede. Voy a tomar un poco como referencia este video y así refutar los argumentos de quienes creen que se puede sacar a López Obrador con un tronar de dedos:

La interpretación que aquí se hace es tramposa. No es necesario ser abogado constitucionalista (la gran mayoría de los abogados no va a estar de acuerdo con el licenciado Mario Gallardo Mendiolea) para entender por qué esa promesa es imposible, basta con entender las leyes y conocer los mecanismos.

Ciertamente, el artículo 39 de la Constitución Mexicana establece que: “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de gobierno”. Pero esto no implica que el pueblo pueda decidir nada más porque sí prescindir del Presidente de la República como parece sugerir Mario Gallardo. Ya que estamos en una democracia representativa, el pueblo puede acceder a ese derecho «de alterar y modificar la forma de gobierno» a través de sus representantes o de los mecanismos existentes en la ley e incluso así ello tiene muchos candados que evita que se traduzca en la posibilidad de remover al Presidente de la República por petición ciudadana.

En varios regímenes presidencialistas existen dos formas a través de las cuales el Presidente puede ser removido: el primero es a través del Juicio Político (forma de destitución que no cae en la ciudadanía) y el segundo es la revocación de mandato.

Hasta hace poco, en México no existía ninguno de esos dos mecanismos. El Presidente no es sujeto a Juicio Político y solo se le puede juzgar por traición a la Patria (en sentido estricto y no como lo vienen manejando los activistas) y delitos graves del orden común (que haya liberado a Ovidio es muy reprochable, pero no es un delito grave comprendiendo el contexto), basta leer el artículo 108 y el 110. Hoy existe la figura de revocación de mandato que es la única figura a través de la cual la ciudadanía puede deponer constitucionalmente a su presidente, pero no existe el mecanismo del juicio político (impeachment). Aquí parece que los que proponen remover a López Obrador tendrían razón, pero ahora habrá que ver qué condicionantes existen para que esto se lleve a cabo.

Resulta que este mecanismo tiene algunas condicionantes. Solo puede activarse la consulta para ese fin hasta la segunda parte del periodo presidencial (es decir, a partir de 2022), debe ser solicitada por el 2.5% del padrón electoral y solo puede activarse una vez. Una vez que se activa, el INE organizará dicha consulta y la mayoría de los electores tiene que votar por su salida para que eso ocurra.

Mario Gallardo Mendiolea menciona al artículo 86 pero lo interpreta de una forma tramposa. El artículo dice que: «El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia«. Es decir, AMLO tiene que renunciar por voluntad propia (lo cual sabemos que no va a suceder), tiene que existir una causa grave (por el momento no la hay) y la renuncia tiene que ser avalada por el Congreso (donde MORENA es mayoría).

Quienes desean restar poder al Presidente de la República tienen que tener en cuenta tres fechas: 1) El 22 de julio de este año (es necesario evitar que el gobierno en el poder coopte al INE). 2) El 2021 (las elecciones intermedias para arrebatarle al gobierno la mayoría en las cámaras y 3) El 2022 para activar la revocatoria de mandato. No hay más, esas son las opciones.

Por último: sabemos que hacer dimitir a AMLO es prácticamente imposible hasta 2022, pero incluso en el caso hipotético de que se pudiera hacer por una vía no electoral, los proponentes no están considerando los «efectos colaterales». Algo así sería muy desgastante tanto para el país como para el sistema democrático, crearía mucha incertidumbre e incluso conflictos sociales. No hay nada que garantice que una renuncia forzada nos lleve a mejor puerto.

La oposición en este sentido tiene que ser responsable y tiene que concentrar sus energías en el lugar correcto. Si vamos a defender la democracia, la oposición entonces tiene que conducirse dentro del marco de lo institucional. Prometer renuncias que sabemos no van ni pueden ocurrir es mera demagogia y tan solo va a terminar degradando los esfuerzos opositores.

Me sorprendo que a estas alturas haya quien relativiza la importancia del INE y crea que es un instituto prescindible. Pero no lo es, con todo y que es imperfecto, que es mejorable y ha tenido errores.

Amigos, antes del INE las elecciones eran simuladas. El ganador ya estaba determinado antes de que salieras a votar, las elecciones eran coordinadas desde la Secretaría de Gobernación y siempre ganaba el PRI. Fueron décadas en que ese sistema se mantuvo hasta que, gracias en parte a la presión de la oposición y la misma ciudadanía, se comenzó a resquebrajar.

Hoy, con todas las imperfecciones que existen, la gente elige a sus gobernantes y no el Presidente en turno.

Fue el mismo INE validó incluso el triunfo con mayoría absoluta de López Obrador, lo cual es especialmente probatorio de su funcionamiento y gran expresión democrática.

El mecanismo el día de las elecciones (en el que la gente va a votar, en el que son los ciudadanos quienes están a cargo de las casillas) funciona a la perfección, es virtualmente imposible ejecutar un fraude en este proceso. En otros ámbitos es mejorable y debe arreglarse (como el tema de los topes de campaña y demás), pero, con todos sus defectos, cumple con su función: que la gente elija en elecciones libres al que considera el mejor candidato.

El INE es pilar fundamental de la democracia, es parte de esa transición de un PRI hegemónico donde la libertad de expresión de manifestación y de prensa estaban muy restringidas a uno de libertades. Sí, nuestra democracia y nuestro sistema de representación tienen muchas cosas mejorables. Sí, la clase política queda mucho a deber y tenemos muchas cosas qué mejorar. Pero no podemos negar los avances, no podemos minimizarlos, tenemos que recordar qué era no tener esto que hoy tenemos.

Por eso hay que defenderlo. No se trata de «ir contra el gobierno por pelearse con algo» se trata de defender los avances que sí logramos.

Busca a tus representantes, mándales un correo o un tweet y presiónalos para que se comprometan a defender la autonomía del INE.

Sin un INE autónomo no hay democracia, así de sencillo.

Aquí escribo por qué la autonomía del INE está en riesgo

Aquí puedes consultar el portal #YoDefiendoAlINE para que conozcas bien este proceso

El gobierno de López Obrador ha tratado de empujar la narrativa de que hay quienes están interesados en impulsar un golpe de estado en su contra. La intención de ello es polarizar a la sociedad dividiéndola en dos bandos: los buenos (nosotros), los malos (ellos, los fifís y conservadores).

Como parte de esta estrategia, un periodista claramente adherido al régimen llamado Hans Salazar fue a la mañanera a decirle a AMLO que dentro de FRENA, la organización de Gilberto Lozano, habían intenciones de atentar contra AMLO, lo cual evidentemente era falso y era producto de información sacada de contexto como fotos de Lozano con una máscara de AMLO en un plato, pero que no hacía referencia a alguna decapitación y un tweet de un integrante de FRENA mostrando una bala para «rescatar a México de AMLO» como una forma de catarsis y claramente sin alguna intención seria.

Gilberto Lozano tenía la oportunidad de exhibir al gobierno, de mostrar cómo a partir de información sacada de contexto querían generar esa percepción para así no caer en su juego, pero la perdió.

Gilberto Lozano, una persona de mecha corta y talante autoritario, perdió los estribos y cayó en la trampa. En lugar de hacer tener el control de sus emociones prefirió, visiblemente enojado, tomárselo personalmente, y básicamente amenazó al reportero diciéndole que «va a pagar caro» y pidiéndole a su gente que le ayudara a conseguir el nombre del reportero.

¿Cuál fue el resultado? Que esa respuesta de Lozano cayó como anillo al dedo al gobierno para presentarlo como un golpista y los «influencers orgánicos» de AMLO ya están trabajando. Ya andan rolando videos de Lozano fuera de sus cabales sugiriendo linchar a los empleados de la CFE o insultando a mujeres con el fin de mostrarlo como un sectario golpista de ultraderechas.

Peor aún, algunos reporteros opositores al gobierno de AMLO se solidarizaron con Hans Salazar porque aunque no concuerdan con él ni su forma de hacer periodismo, les preocupa que una persona esté amenazando directamente a periodistas en un país donde, vale la pena insistir, es uno de los países donde ser periodista es una de las profesiones más peligrosas en el mundo.

Seguramente en la 4T habrán tomado nota y ya habrán visto en Gilberto Lozano al chivo expiatorio al cual utilizar para cumplir con su agenda: basta con apretarle los botones indicados y sacarlo de sus casillas para que la figura de Lozano les ayude a etiquetar a la oposición como golpista. Así, incluso corre el riesgo de que su movimiento FRENA, por responsabilidad suya y no la de los ciudadanos que ahí han encontrado un espacio, más que ser incómodo al régimen, le termine siendo útil.

Porque amigos, en la política como en la vida real, el que se enoja pierde.

Si México merece mejores presidentes, también merece mejores líderes de oposición, no cabe duda.