El gobierno ha dado banderazo verde a la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía.
Déjenme decirlo así. La cancelación del NAICM y su sustitución por Santa Lucía es tal vez la decisión más absurda del México moderno. Tal vez no sea la que mayores implicaciones tiene, pero sí la más absurda.
Lo es porque no existe ningún argumento técnico, económico o social que lo justifique. Santa Lucía es inferior en todos los sentidos al ya difunto NAIM: no solo en el aspecto estético (que si bien pensé que se trataría de algo más feo, parece más bien un fusil de uno de los proyectos que concursaron por el NAIM que ganaría a la postre Sir Norman Foster) sino en eficiencia, ubicación. Al final, sumando los costos de avances y cancelación del NAIM, ni siquiera podríamos decir que se vaya a ahorrar mucho dinero o siquiera algo.
Podrían argumentar que lo cancelaron por «la corrupción». Pero bien esta se habría podido combatir sin necesidad de cancelar la obra. Incluso dentro del gobierno no se ponen de acuerdo sobre si dicha corrupción existió. Podrían argumentar razones ecológicas, pero las otras obras de este gobierno los desmentirían: apuestan al carbón y tienen una postura displicente hacia el cambio climático.
No es una de esas decisiones donde el mandatario no sabe lo que hace. Sabe bien lo que hace, aunque eso sea un absurdo y, a la vez, por eso es un absurdo. Porque es un «absurdo racional». Es decir. López Obrador decidió sacrificar el tema económico por el político. Cancelar el aeropuerto en sí es parte de la narrativa que legitima a este gobierno: esa narrativa que desprecia a la tecnocracia, esa narrativa que habla de un gobierno cercano al pueblo a quien le da (aunque en realidad sea solo de forma simulada) poder de decisión.
Básicamente sacrificó un aeropuerto necesario para la economía del país para satisfacer sus intereses políticos fortaleciendo su narrativa. Y más le ayuda cuando son básicamente los más indignados aquellos a quienes se ha opuesto: los tecnócratas, los sabiondos, los «fifís», o la opinión pública adversa a su gobierno. Le ayuda que varias organizaciones civiles y empresariales hayan interpuesto demandas y amparos porque ello alimenta su narrativa del pueblo bueno contra mafia del poder. La cancelación del NAIM hace enojar a quien quiere hacer enojar y señalar como sus adversarios. Económicamente es un despropósito, pero políticamente le beneficia.
El tener un proyecto «mediano» e improvisado también le ayuda a construir una narrativa, aquella que narra a un gobierno austero, que no hace inversiones monumentales en aeropuertos «para los ricos» (aunque un aeropuerto beneficia a toda la economía en conjunto porque no solo mueve pasajeros, sino productos y servicios).
Un claro ejemplo de esta torpeza e improvisación, me comenta Carlos Sainz Caccia, urbanista del MIT, es la forma de la construcción del aeropuerto. Todos los aeropuertos que se construyen en la actualidad tienen esta forma (izquierda) donde hay una sola terminal porque permite un mayor flujo de operaciones, mientras que el de Santa Lucía (derecha) tiene una terminal doble con lo cual el flujo se hace más limitado.
El NAIM iba a actualizar el 100% de la conectividad aérea del país. Es decir, se empezaría desde cero, de forma ordenada, y previendo el futuro. Santa Lucía no, Santa Lucía implica seguir parchando un aeropuerto que es totalmente inviable en la actualidad como el actual Aeropuerto Benito Juárez.
Incluso basta ver el banderazo de salida para entender como AMLO quiere insistir en una narrativa de austeridad, pero que solo deja augura una obra improvisada y mal hecha:
Así se vivió el banderazo para el inicio de la obras en el aeropuerto «General Felipe Ángeles», en #SantaLucía. #Video: Manuel Espino https://t.co/6A5UaH8Hey pic.twitter.com/HnoLWzZ9tY
— El Universal (@El_Universal_Mx) October 17, 2019
Y todo ello por construir una narrativa que lo posicione ante esa tramposa abstracción llamada pueblo, todo por intentar sostener un discurso de austeridad, de un gobierno cercano a la gente, aunque ello implique tomar terribles decisiones económicas que, a la largar, van a terminar afectando al mismo pueblo que AMLO dice representar y a quien dice darle poder de decisión pero al cual más bien utiliza (por medio de consultas a modo) para diluir sobre ellos su responsabilidad y decir que todo esto es una «decisión del pueblo».
Tal vez no sea la decisión costosa de la era moderna de México, pero sí la más absurda e irresponsable.
