El mismo día en que Hidalgo liberó a presos de la cárcel de la congregación de Dolores, el gobierno anuncia la Ley de Amnistía enfocada en la justicia social que se enfoca en tres grupos: mujeres, indígenas y jóvenes, dado que se considera que estos sectores viven o están en condiciones de desigualdad. Esto se da en un contexto en el cual los niveles de inseguridad se han disparado en el país.
Como se asume que el sistema penal es injusto y no es equitativo (lo cual no es falso), el gobierno busca que quienes se encuentren en desventaja se beneficien de dicha amnistía. En estas categorizaciones entran:
- Mujeres encarceladas por abortar.
- Personas en situación de pobreza encarceladas por delitos contra la salud por indicación de un tercero (pareja, pariente o delincuencia organizada).
- Consumidores de drogas que hayan poseído hasta dos veces la dosis máxima de consumo personal.
- Personas que pertenezcan a comunidades indígenas y no contaran con un intérprete o defensor con conocimiento de su lengua y cultura.
- Robo simple sin violencia con pena máxima de cuatro años.
- Delito de sedición o formar parte de grupos de incitaran a la comisión de otros delitos motivados por ideas políticas para alterar la vía institucional. Se excluyen los actos de terrorismo, secuestro, homicidio o lesiones graves.
En lo particular veo algunos problemas con esta ley y los describo:
No sé cuál sea la intención del punto 1, o si tenga un fin más bien retórico, en tanto que a nivel federal no existe una sola mujer procesada por abortar.
En el punto 2 ¿cómo podemos determinar y demostrar que una persona fue coercionada por un tercero? El problema es que en muchos casos no se podrá probar porque no hay declaración o no hay prueba alguna de que ello haya ocurrido, lo que quiere decir que, a menos que solo se liberen a aquellas personas que puedan probar que fueron coercionadas (que será un porcentaje ínfimo), se correría el riesgo de liberar a personas que delinquieron voluntariamente.
El punto 5 es el que me parece más preocupante. Aunque se trate de robo simple y sin violencia, se trata, efectivamente, de personas que voluntariamente cometieron un delito. El mensaje que se envía con esto es cuestionable. Si se anuncia que quienes han sido procesados por delitos simples y pequeños serán liberados, ¿cómo podrían tomarlo aquellas personas con el potencial de delinquir o que asuman que pueden apelar a su condición socioeconómica para reducir la pena y así bajar las barreras para cometer este tipo de actos delictivos?
Es cierto que en México la justicia no es equitativa. Una persona pobre tiene mayor posibilidad de ser detenido que una que no lo es. No es un secreto que los policías, para cumplir sus cuotas, acuden a barrios populares o en situación de pobreza para detener de forma arbitraria a personas que están tomando alcohol en la calle o están consumiendo estupefacientes. Dicho esto, debería reformarse todo el sistema penal y de justicia de tal forma que todas las personas sean, en la práctica, juzgadas sin distingo de clase o condición socioeconómica y que nadie tenga privilegios sobre otros ante la ley.
Pero hablar de una aplicación asimétrica de la justicia no implica de ninguna forma que vivir en condición de pobreza per sé sea un atenuante a la hora de ser juzgado en tanto no se demuestre en los casos individuales que su condición de pobreza haya sido un factor a la hora de recibir la condena, ya que ello contraviene lo mismo que desea procurarse: unas leyes que apliquen igual para todos. La pobreza o un tejido social roto deben ser considerados a la hora de combatir la delincuencia para inhibirla, pero no deben de ser variables una vez que el individuo ya ha cometido un crimen.
Tampoco se puede asumir que los pobres son más buenos por ser pobres y, desde esa posición, pretender establecer criterios de justicia. Los delitos deben de ser juzgados de igual forma para todos y se debe evitar que los pobres se encuentren en desventaja frente a la justicia, no promover lo opuesto (que tengan más beneficios o consideraciones).
Me parece que, más que tener un fin práctico, esta Ley de Amnistía tiene un fin retórico que busca abonar al discurso y a los simbolismos de este gobierno. Si se quiere acabar con la inequidad con respecto a la ley (lo cual es imperativo) entonces debería proponerse una ambiciosa reforma (lo cual no es tan complicado en tanto que MORENA gobierna como mayoría), pero una amnistía, además de ser mucho más fácil de instrumentar, abonaría más al discurso de combate a la desigualdad que a su combate en sí.
El problema, además, es que la amnistía no soluciona ningún problema de fondo. Pretenden amnistiar a quienes consideras fueron procesados producto de un sistema inequitativo (cuya realización en la práctica queda en duda por lo ya antes mencionado), pero no soluciona el problema de raíz ya que ese sistema no ha cambiado. En tanto no haya reformas, el sistema seguirá replicando aquello que se quiso subsanar mediante la amnistía.
