Los libertarios y liberales clásicos nos dicen que por más intervenga el gobierno en la economía menos libertad económica hay y, como dice Milton Friedman, los gobiernos más interventores son más propensos a desembocar en una tiranía.
La frase hasta cierto punto tiene sentido, pero luego uno se pregunta por qué los países europeos con un Estado de bienestar más robusto son más democráticos que los países latinoamericanos donde dicho Estado de bienestar es más bien más pequeño y donde se recaudan menos impuestos (más por ineficiencia que por otra cosa).
Me parece que para que la ecuación sea más precisa falta otra variable: lo que los libertarios, me parece, ignoran, es que no solo se trata del tamaño del Estado, sino de la relación que éste tiene con los ciudadanos. Así, un Estado más pequeño puede llegar a tener más poder sobre los ciudadanos que uno un poco más grande.
Por esto es que es necesario hacer la distinción entre el Estado de bienestar y el asistencialismo. Algunos ingenuamente lo catalogan como una sola cosa porque se trata de dinero de los impuestos de los ciudadanos que se utilizan para cuestiones sociales, pero en realidad son dos conceptos muy diferentes y con efectos muy distintos.
El Estado de bienestar (welfare state) consiste en derechos adquiridos que el gobierno debe proporcionar a través de los impuestos que cobra a los mismos ciudadanos: salud, educación, etc. con el fin de que todos tengan una base desde la cual desarrollarse y así una generar una sociedad más equitativa.
Mientras que el discurso del libertarismo se basa en la libertad negativa (de acuerdo a las definiciones de Isaiah Berlin) que se basa en la ausencia de coerción, el Estado de bienestar tiene que ver más con la libertad positiva: es decir, que el individuo tenga una base (buena educación, salud etc) para que tenga mayores capacidades para realizar acciones y sea amo de sí mismo. Una persona que tiene mejor educación y salud está en mejores condiciones para aspirar a un mejor empleo, emprender o llevar a cabo sus sueños.
Estos beneficios pueden otorgarlos entidades públicas o incluso privadas, en tanto sean beneficios financiados con los impuestos recaudados por los ciudadanos que el gobierno administra. Prácticamente todos los países desarrollados, en mayor o menor medida, tienen alguna forma de Estado de bienestar así como muchos países en vías de desarrollo (más pequeños, dada su capacidad económica).
El Estado de bienestar requiere de institucionalidad y de un Estado sólido para que funcione bien. El sujeto no se siente agradecido al gobierno por esos beneficios, sino que entiende que son derechos que el gobierno proporciona a través de los mismos recursos de los ciudadanos. Así, se sobreentiende que el individuo no le «debe» nada al gobierno, ya que son los recursos de todos y el gobierno solamente administra dichos recursos de tal forma que un porcentaje minoritario de lo que el ciudadano produce, y que se transfiere mediante impuestos, sirva en beneficio de la colectividad. El IMSS o el Seguro Popular, la educación básica o incluso las universidades públicas, por poner un ejemplo, son parte de lo que podríamos llamar el Estado de bienestar mexicano (naturalmente muy precario comparado con sus pares europeos por la capacidad económica del país).
El asistencialismo, por su parte, consiste en dádivas que el gobierno da a los ciudadanos para generar una relación de codependencia para que, de esta forma, el gobierno acapare más poder. Su objetivo no es proporcionar un servicio a los ciudadanos, sino cooptarlos para darle más poder al gobierno. Lo que busca el asistencialismo es que el individuo se sienta agradecido con el gobierno (el Presidente me ayudó, tengo esto gracias al gobierno de tal persona) para que se lo retribuya en votos o en asistencia a mítines. Las políticas asistencialistas no tienen como fin otorgarle un beneficio al ciudadano, sino darle más poder al gobierno mediante su cooptación.
Mientras que el Estado de bienestar busca un balance entre la libertad negativa y la libertad positiva (el balance entre la coerción que implica la obligación de pagar impuestos y la mayor libertad para que quienes integren la sociedad puedan desarrollar su proyecto de vida mediante herramientas o prestaciones que los sitúen en una mejor condición), el asistencialismo atenta contra los dos tipos de libertades: implica coerción a la hora de cobrar impuestos para políticas asistencialistas y a la hora de condicionar la posibilidad de recibir un beneficio a la obligación de realizar una acción, aunque sea tácita (vota si quieres seguir recibiendo esta despensa porque si no ganamos ya no la vas a recibir), y atenta contra la libertad positiva porque al generar una relación de codependencia, se inhiben en mayor o menor medida sus capacidades para salir adelante.
Hablando de la acumulación de poder de gobierno, podemos ver que el asistencialismo le da más poder al gobierno sobre los ciudadanos que el Estado de bienestar: no es lo mismo sentir que se le debe algo al gobierno (asistencialismo) a que se vea un beneficio como un derecho que no deja de ser visto como algo financiado con los impuestos de los mismos ciudadanos (Estado de bienestar).
Si un gobierno gasta diez millones de pesos en beneficios sociales, un liberal clásico o libertario podría llegar pensar que en los diversos casos existe una coerción similar (al cabo al ciudadano se le cobra la misma cantidad de impuestos). Pero en realidad, esos diez millones de pesos que, invertidos en un Estado de bienestar pudieran permitirse en un Estado democrático, podrían vulnerar la misma democracia y la institucionalidad si se invirtieran en programas asistencialistas.
Y una muestra de ello es lo que vemos en el gobierno actual. AMLO, a diferencia de varios demagogos latinoamericanos, no se está endeudando y está gastando igual o quizá menos que los gobiernos anteriores. Pero con los recortes al IMSS o a las guarderías para mujeres para la implementación de transferencias directas (sin olvidar otros proyectos como la refinería Dos Bocas) está desmantelando el Estado de bienestar para redirigir los recursos al asistencialismo (práctica ya recurrente en los gobiernos del PRI). No necesita gastar más, basta con reorientar los mismos recursos para promover una relación asistencialista y así acumular mayor poder.
