La revocación de mandato es una trampa discursiva.
El concepto de democracia está estrechamente relacionado con la idea de la participación. En una democracia, los ciudadanos están en mayor capacidad de participar en el ámbito político y público. Ahí, los ciudadanos eligen a sus gobernantes, tienen derecho a expresarse sobre su gobierno, a manifestarse, e incluso a organizarse para poder incidir en lo público.
Bajo esta idea, el hecho de que haya consultas donde la gente participe podría pensarse como una extensión de la democracia. En este régimen hay más consultas que nunca: la gente participó en la consulta sobre el aeropuerto, la sanción a ex presidentes corruptos y ahora la revocación de mandato.
Pero la participación no es un tema meramente cuantitativo (pensar que se es más democrático si se participa más) sino cualitativo. Importan mucho la forma en que estos mecanismos están diseñados, en qué contexto ocurren, quién los empuja y para qué propósito.
Es decir, no se trata de que participes más veces, sino que dicha participación tenga una incidencia real sobre lo público y lo político. El problema es que esto no se cumple en ninguna de las consultas que ha lanzado el gobierno:
En el caso de la consulta del aeropuerto, el diseño de la consulta estaba especialmente preparado para que ganara la opción que el régimen deseaba. En el caso de la consulta a juicio a ex presidentes, no solo se sometió algo que tendría que ser sancionado por la ley (la justicia no se consulta), sino que, al día de hoy, ni siquiera han entregado resultados. Ocurre lo mismo con la revocación de mandato. El régimen ya conoce de antemano cuál va a ser el resultado. Lo que me importa no es siquiera éste, sino el número de personas que irán a votar: por ello llevaron a cabo una gran movilización en medio de actos francamente ilegales. El régimen ya tiene su narrativa preparada para cualquier escenario posible: congratularse del gran apoyo que tiene el régimen,culpar al INE o hasta clamar fraudes en el improbabilísimo caso de que AMLO perdiera el ejercicio (que de todos modos no sería vinculante).
En este sentido, la expresión ciudadana se traslada de la opción que marca la boleta, al hecho de participar o abstenerse. Si al régimen (quien es objeto de evaluación) le preocupa el volumen de votantes, entonces lo consecuente es que los opositores decidan abstenerse para que el régimen no pueda cumplir su cometido.
Toda participación ciudadana de la que el régimen no tenga control es objeto de profundo desprecio por parte del oficialismo. La participación sólo es válida cuando es el régimen en el poder es el que la articula. Un claro ejemplo de ello es lo que ocurrió en el CIDE, donde, de forma inteligente y aprovechando el clima político, la comunidad decidió llevar a cabo su propia consulta para revocar al director impuesto. El 94% se manifestó en favor de revocarlo, pero el régimen no se interesó en lo más mínimo e hicieron mutis. ¿Por qué? Porque la consulta no fue organizada desde el poder, ni para satisfacer las necesidades del poder, y porque los resultados no benefician a sus intereses.
Por eso es que es completamente legítimo no participar y abstenerse. Porque es desde la abstención o no abstención donde el ciudadano puede ejercer más influencia sobre lo público, y no sobre la idea de elegir si AMLO se queda o se va, porque ya se sabe cuál va a ser el resultado, y en el improbable resultado de que perdiera, este no sería vinculante.
Por cierto, el título de esta publicación se lo debo a @Patricia_Sanez, a quien se le ocurrió.
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