Si una persona se enriquece, si su dinero es bien habido no habría razón alguna para recriminarle el hecho de vivir de forma opulenta. Es decir, si no ha cometido algún acto ilícito, de corrupción o ha atentado en contra de su entorno o la integridad de alguien más, tiene derecho a vivir de forma opulenta de acuerdo con los ingresos que legítimamente ha obtenido.
Si José Ramón López Beltrán vive de forma opulenta gracias a los recursos que Carolyn Adams (su esposa) ha ganado legítimamente, él tendría derecho a hacerlo. Ello, con independencia de que sea hijo del Presidente.
Hasta aquí todo parece ir bien, pero si escarbamos un poco más, las cosas empiezan a complicarse:
Primero, porque detrás de esa opulencia existe un potencial conflicto de interés, ya que ambos habitaron una residencia propiedad de Keith Schilling, ejecutivo de una empresa contratista de Pemex y que tiene contratos con el gobierno del papá de José Ramón (o sea, AMLO) por más de 151 millones de dólares para obras en Pemex. De alguna manera, José Ramón se benefició del gobierno de su padre para poder habitar esa residencia. Qué cuestiones existan detrás de ello no lo sabemos, pero ese estado de cosas ya se percibe muy problemático. Aunque no sea un caso completamente análogo, sí que tiene tintes parecidos a la casa blanca de Enrique Peña Nieto.
Segundo, porque su «vivir de forma opulenta» contraviene el discurso de austeridad que su papá pregona desde el poder. Ello no solo muestra cierta hipocresía por parte del Presidente, al pregonar valores que espera que todos los mexicanos sigan pero que su familia no hace, sino que deja entrever actos cuestionables potenciales: ello dice algo sobre lo que el Presidente dice rechazar pero está dispuesto a tolerar para él y para los suyos. Si dice que «va a combatir la corrupción», entonces ¿cómo vamos a creer que los que están en la cima de la élite del gobierno no van a ser corruptos?
Varios «influencers orgánicos» del régimen salieron en defensa del régimen, se pueden leer argumentos como los siguientes:
Este es un clásico ejemplo de lo que se denomina whataboutism, un recurso retórico a partir del cual se acusa a la oposición de hacer lo mismo: «ustedes (oposición) sí pueden ser opulentos y nosotros no», pero lo cuestionable no es la opulencia per sé, sino el potencial conflicto de interés y la incongruencia con respecto del discurso de «austeridad» que ellos mismos pregonan.
Aparte de la descontextualización (porque refiere a opulencias pero no de qué forma), el que algunos personajes que hoy son de oposición hayan cometido actos cuestionables de la misma forma, no relativiza que los beneficiarios del régimen los cometa. Los actos son reprobables por sí mismos, no con relación a alguien más. Peor aún, su denuncia de esos actos cuando eran oposición hacen que la incongruencia se vuelva aún más grosera.
Violeta también asume, de forma tácita, que «toda la oposición» es igual, que es una misma cosa (idea promovida desde el poder). La realidad es que no es así: gran parte de la oposición de igual forma denunció los conflictos de interés de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. Es más, Mexicanos en Contra de la Corrupción, la organización que reveló este escándalo, también fungió como opositor del gobierno de Peña Nieto e incluso el escándalo de la Estafa Maestra fue una investigación que ellos hicieron en conjunto con Animal Político. Pero ello es convenientemente olvidado por los afines al régimen actual.
En mi particular opinión, no es incongruente per sé que una persona que tenga recursos se preocupe por la desigualdad. Yo puedo tener un iPhone y desear que más gente tuviera acceso a uno. Puedo argumentar que la desigualdad es causada por los empresarios rentistas y que mi dinero es bienhabido o que abrí una fundación para dar oportunidades de educación a personas que viven en condición de pobreza. Sin embargo, sí es muy cuestionable que a una persona quien, estando en la oposición, hacía énfasis en la desigualdad, no le parezca cuestionable que una persona presuma opulencia (siendo que la austeridad era una virtud en aras de combatir dicha desigualdad) y que, en ese acto, tenga relaciones con contratistas del gobierno.
Es claro e innegable el doble estándar. Es evidente que si un escándalo de la misma tesitura hubiera recaído sobre un opositor o sobre un régimen del cual ellos eran oposición el trato había sido muy diferente: seguramente estarían indignados y estarían llenando las redes sociales de reclamos.
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