Lo que ocurrió en Baja California es un atropello a la institucionalidad mexicana y deberíamos estar muy preocupados.
Es un atropello a la institucionalidad el hecho de que, de forma arbitraria, se cambie el periodo de un gobierno (distinto al que la gente había votado) para que éste dure más tiempo en el poder. Eso va en contra de cualquier espíritu democrático, ya que el candidato ganador gobernará tres años más que los años por los que se le votó.
Es un atropello aún mayor que, para legitimar esta medida, se decida llevar a cabo una consulta ciudadana por fuera de las instituciones. Esta consulta no está validada por el INE, que es un organismo autónomo y que, en teoría le daría neutralidad a un ejercicio que no lo tuvo. Evidentemente, la consulta es, a todas luces, ilegal.
Y todavía es más atropello constatar que el diseño de la boleta tiene un claro sesgo en favor de aquella opción que desea el poder. El simple hecho del uso de los términos «mantener la Reforma» o «llevar a cabo una contrarreforma» le da una legalidad que no debería tener a la decisión de ampliar el período a 5 años como si fuera lo que es ex ante y el otro presentado como la alteridad y que representa una suerte de retroceso o marcha atrás.
Pero todavía es aún más un atropello saber que el proceso estuvo plagado de irregularidades, gente que pudo votar varias veces, urnas que nunca se colocaron, credenciales de elector que no siempre se exigieron, baja participación. Eso hace que el supuesto triunfo del «Proyecto 5» no pueda presumir legitimidad alguna.
Miembros de la 4T Tatiana Clouthier y el propio Andrés Manuel López Obrador parecen querer deslindarse del hecho. AMLO dice que como ya hay «Estado de derecho» lo decidirá la corte.
Pero el modus operandi es asombrosamente similar a la consulta mediante la cual se canceló el NAIM, una consulta deliberadamente manipulada para lograr que ganara el «sí» en las urnas.
Este tipo de prácticas, además de engañar y utilizar al pueblo de tal forma que sirva como instrumento para los intereses políticos de quienes están en el poder. termina lastimando la institucionalidad (ya de por sí endeble) del país. Al pueblo se le hace creer que está participando en las decisiones, pero eso es absolutamente falso, tan solo es utilizado políticamente para legitimar los actos del gobierno de tal forma que sobre de ellos nuestros gobernantes puedan diluir su responsabilidad.
Y nos debería de preocupar.
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