¿Cuál debe de ser la relación del político con el dinero? Al final, el político necesita vivir, tener un patrimonio y alimentar bocas. Es la lógica de la pirámide de Maslow donde los deseos de autorrealización no pueden ser satisfechos sin haber satisfecho los niveles de más abajo (seguridad, alimentación entre otros).
Pero el fin último de la política, a diferencia del emprendimiento o el empleo, no es ganar dinero, sino precisamente hacer política por medio del poder. El poder es a la política lo que el dinero es a la iniciativa privada.
Entonces se vuelve imperativo reflexionar sobre el rol que el dinero y los ingresos juegan en la actividad política.
Podríamos decir que el político debería ganar tal cantidad de dinero que le permita tener estabilidad económica de tal forma que no tenga que estarse preocupando por ello mientras hace política, ya que de otra forma los incentivos para amasar recursos del erario se van a incrementar.
Pero lo que denominamos «estabilidad económica» es de alguna forma subjetivo y depende de los hábitos de consumo del individuo en cuestión. Si un jardinero entra a la política y adquiere un cargo donde le pagan $25,000 pesos, ello va a ser una maravilla para él. En cambio, un ejecutivo que gana $80,000 pesos va a ver en esos ingresos una miseria y va a ver sus ingresos recortados a más de la mitad.
Es decir, podríamos asumir que el ejecutivo tendría más incentivos para robar que el jardinero si ambos reciben el mismo sueldo. Pero ahí no termina el problema. Esta «estabilidad económica», al ser subjetiva, puede cambiar al entrar al servicio público. El jardinero entra y al principio es bien feliz con los $25,000 pesos que representan más dinero de lo que ganaba antes y de acuerdo a sus hábitos de consumo ello le daría una estabilidad que antes no tenía; pero resulta que, al entrar al servicio público, comenzará a convivir con gente que tiene otros hábitos de consumo y es posible que los adopte. Si los políticos tienen un Rolex y trajes caros, entonces yo debo tener uno. Si los políticos tienen autos de lujo, yo debo tener uno porque no se ve bien que un diputado ante en un vochito, pero con los $25,000 pesos no me alcanza y entonces ello se vuelve un problema.
Podría pensarse que una solución es que haga política sólo el que tiene libertad financiera, la sugerencia suena tentadora, pero de esta idea surgen varios problemas:
1) Al igual que la estabilidad económica (son «parientes cercanos»), la libertad económica es subjetiva ya que depende de los patrones de consumo que, al entrar en el mundo de la política, pueden cambiar.
2) Puede atentar contra el principio de representatividad, ¿qué pasa con el líder del barrio que le pega duro en el tianguis para mantener a su familia y que lo quiere representar en el congreso local? Al pensar en la libertad financiera como condición, se crea una barrera donde quienes no la tienen simplemente no pueden hacer política y por tanto, algunos sectores podrían quedar subrepresentados.
3) Quien obtiene libertad financiera por medio de una empresa podría tener los incentivos para beneficiar a sus empresas, ya que para un empresario la empresa no le importa solo por una cuestión de ingresos sino de trascendencia: es mi proyecto y quiero que crezca.
Como la relación del individuo con el dinero es subjetiva, entonces se vuelve complicado establecer cuándo un político debe «entrarle», ¿bajo qué condiciones y parámetros y cuánto debe ganar para reducir los incentivos de corrupción? Es un tema muy difícil para responder.
La solución que propongo podría bien ser simple aunque estoy consciente de que no podría ser satisfactoria del todo. Podría sonar algo simplista e incluso obvia, pero creo que debe ser una condición necesaria y un punto de partida. Y más que una norma legal que deba ser impuesta (porque es algo muy difícil de determinar desde fuera) tendría que ser un principio ético.
El individuo que quiera entrarle a la política no debería de entrarle para vivir de la política, sino para hacer política; mientras que su ingreso, que no debe ser fin último, debe ser uno que le permita hacer política sin necesidad de preocuparse tanto por el dinero. Bajo este principio ético, cada aspirante deberá determinar, bajo sus particulares condiciones, si quiere entrar a hacer política o quiere entrar para tener un ingreso de cual vivir. Como es difícil determinar «desde fuera» quién debe entrar y quién no, ya no solo por los ingresos o los hábitos de consumo sino por motivaciones y aspiraciones, entonces debe proponerse un principio ético donde el individuo mismo delibere si quiere entrar a hacer política (y no meramente a vivir de ella) y si sus condiciones económicas y aspiraciones subjetivas le permiten hacerlo o incluso si la motivación es tanta que esté dispuesto a hacer cierto sacrificio económico.
Con el principio ético establecido, entonces deberá ser muy criticable y reprobable socialmente que un ciudadano «le entre» para meramente vivir de ahí y no para hacer política.
El ingreso debe ser razonable y no debería ser bajo ya que en este caso, quienes tengan más ingresos tendrán pocos incentivos para involucrarse en política: «Sí me gustaría entrarle, pero voy a ver mis ingresos disminuidos dramáticamente y no estoy dispuesto a pagar el precio».
Debe ser razonable porque un sueldo bajo, además de hacer que la gente se preocupe más por el dinero y lo cual crea más incentivos para corromperse, puede terminar desvalorizando el puesto en cuestión. Que el sueldo sea razonable también ayudará más a que el político comprenda la importancia que su puesto tiene, el profesionalismo con el que se debe ejercer y que comprenda, a través de su propio sueldo, que se espera que dé resultados a sus gobernados ya que ese sueldo, que no es despreciable, es pagado por ellos.
Como conclusión, no podemos descartar el hecho de que el político tiene que vivir y consumir, pero tampoco podemos pensar que la política debe tener la misma función para los individuos que la iniciativa privada, donde la aspiración última es económica. Evidentemente, esta sugerencia por sí sola no va a acabar con la corrupción (aunque me parece más sensato que proponer reducir sueldos a la mitad) pero tal vez sí puede ser una de las tantas cosas que se pueden hacer para tener un servicio público de calidad.
