Algunas personas han estado promoviendo la idea de que López Obrador renuncie y deje el poder. Es su causa.
Es natural que la gente, enojada, pida la renuncia. Si algo aprendí de la campaña que pedía la renuncia de Peña Nieto y a la que me llegué a sumar en un principio, es que hay que conocer bien lo que dice la ley.
No es como que muchos estemos contentos con tener a López Obrador e incluso estamos preocupados, pero también es cierto que así como esa idea puede ser «atractiva» para algunos, también es facilona y demagógica por la dificultad que existe para hacerlo (y de lo cual no nos advierten) y porque no reparan en las consecuencias de que el Presidente renuncie.
Incluso algún que otro despistado que dice ser abogado constitucionalista asegura que sí se puede. Voy a tomar un poco como referencia este video y así refutar los argumentos de quienes creen que se puede sacar a López Obrador con un tronar de dedos:
La interpretación que aquí se hace es tramposa. No es necesario ser abogado constitucionalista (la gran mayoría de los abogados no va a estar de acuerdo con el licenciado Mario Gallardo Mendiolea) para entender por qué esa promesa es imposible, basta con entender las leyes y conocer los mecanismos.
Ciertamente, el artículo 39 de la Constitución Mexicana establece que: “la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de gobierno”. Pero esto no implica que el pueblo pueda decidir nada más porque sí prescindir del Presidente de la República como parece sugerir Mario Gallardo. Ya que estamos en una democracia representativa, el pueblo puede acceder a ese derecho «de alterar y modificar la forma de gobierno» a través de sus representantes o de los mecanismos existentes en la ley e incluso así ello tiene muchos candados que evita que se traduzca en la posibilidad de remover al Presidente de la República por petición ciudadana.
En varios regímenes presidencialistas existen dos formas a través de las cuales el Presidente puede ser removido: el primero es a través del Juicio Político (forma de destitución que no cae en la ciudadanía) y el segundo es la revocación de mandato.
Hasta hace poco, en México no existía ninguno de esos dos mecanismos. El Presidente no es sujeto a Juicio Político y solo se le puede juzgar por traición a la Patria (en sentido estricto y no como lo vienen manejando los activistas) y delitos graves del orden común (que haya liberado a Ovidio es muy reprochable, pero no es un delito grave comprendiendo el contexto), basta leer el artículo 108 y el 110. Hoy existe la figura de revocación de mandato que es la única figura a través de la cual la ciudadanía puede deponer constitucionalmente a su presidente, pero no existe el mecanismo del juicio político (impeachment). Aquí parece que los que proponen remover a López Obrador tendrían razón, pero ahora habrá que ver qué condicionantes existen para que esto se lleve a cabo.
Resulta que este mecanismo tiene algunas condicionantes. Solo puede activarse la consulta para ese fin hasta la segunda parte del periodo presidencial (es decir, a partir de 2022), debe ser solicitada por el 2.5% del padrón electoral y solo puede activarse una vez. Una vez que se activa, el INE organizará dicha consulta y la mayoría de los electores tiene que votar por su salida para que eso ocurra.
Mario Gallardo Mendiolea menciona al artículo 86 pero lo interpreta de una forma tramposa. El artículo dice que: «El cargo de Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de la Unión, ante el que se presentará la renuncia«. Es decir, AMLO tiene que renunciar por voluntad propia (lo cual sabemos que no va a suceder), tiene que existir una causa grave (por el momento no la hay) y la renuncia tiene que ser avalada por el Congreso (donde MORENA es mayoría).
Quienes desean restar poder al Presidente de la República tienen que tener en cuenta tres fechas: 1) El 22 de julio de este año (es necesario evitar que el gobierno en el poder coopte al INE). 2) El 2021 (las elecciones intermedias para arrebatarle al gobierno la mayoría en las cámaras y 3) El 2022 para activar la revocatoria de mandato. No hay más, esas son las opciones.
Por último: sabemos que hacer dimitir a AMLO es prácticamente imposible hasta 2022, pero incluso en el caso hipotético de que se pudiera hacer por una vía no electoral, los proponentes no están considerando los «efectos colaterales». Algo así sería muy desgastante tanto para el país como para el sistema democrático, crearía mucha incertidumbre e incluso conflictos sociales. No hay nada que garantice que una renuncia forzada nos lleve a mejor puerto.
La oposición en este sentido tiene que ser responsable y tiene que concentrar sus energías en el lugar correcto. Si vamos a defender la democracia, la oposición entonces tiene que conducirse dentro del marco de lo institucional. Prometer renuncias que sabemos no van ni pueden ocurrir es mera demagogia y tan solo va a terminar degradando los esfuerzos opositores.
