Una de las premisas de las izquierdas modernas es el fortalecimiento de la red de seguridad social, o eso que comúnmente conocemos como Estado de bienestar.
Esta institución, surgida principalmente Europa entre finales del siglo XIX y parte del siglo XX, se presentó como una alternativa evitar radicalizaciones entre los obreros e incluso para que los países mayormente europeos no cayeron en las garras del comunismo. A pesar de algunos embates de la liberalización económica que tuvo lugar a partir de los años 70, este sistema sigue siendo una constante en la gran mayoría de los países desarrollados en los cuales los trabajadores pueden aspirar a tener una pensión, un sistema de salud gratuito, el derecho a la educación, la cultura y un largo etcétera.
El Estado de bienestar, al tiempo que reduce la desigualdad, también le proporciona al ciudadano una base relativamente firme para poder desarrollar su proyecto de vida.
Erica Belcher – London School of Economics
Es cierto que en México el Estado de bienestar es más austero que el que existe en países desarrollados, en gran medida por la más limitada capacidad económica de nuestro país. También es cierto que la redistribución tiene un impacto muy marginal en el combate a la desigualdad. Aún así, tenemos un sistema que ofrece pensiones, sistema de salud (el IMSS, el ISSSTE y el casi desaparecido Seguro Popular) sin los cuales la cruda desigualdad y la pobreza tendrían un impacto aún más profundo en la población. Podríamos además incluir aquí a los programas focalizados como «Solidaridad – Progresa – Oportunidades – Prospera» que buscan combatir la pobreza, entre otros.
Pero con la izquierda de López Obrador no parece que estemos viendo un fortalecimiento de un Estado de bienestar institucional. Más bien pareciera que se está buscando desmantelar parte de éste con el fin de tejer relaciones de dependencia entre los ciudadanos y su gobierno. Pretender sustituir los programas de guarderías y de refugios para mujeres por transferencias directas es, me parece, una clara muestra de la búsqueda de la consolidación de poder a través de la creación de redes de dependencia dentro de los cuales los beneficiados sientan que «el gobierno les está ayudando y con el cual deberían sentirse agradecidos».
Ver este tipo de agradecimientos da una satisfacción muy plena.#RedAMLO #RedAMLOVE #AMLOEstadista #AmloSíMeRepresenta pic.twitter.com/YfeIUECliB
— Su Alteza Serenísima Serge (@Fotodelicox) April 6, 2019
Un sistema de seguridad social institucional no debería verse nunca como un favor que el gobierno le hace a los ciudadanos, sino como un derecho que dichos ciudadanos tienen y que el gobierno, compuesto por servidores públicos que representan a los ciudadanos, está obligado a proporcionar. El caso europeo es ejemplar en este sentido, ya que, aunque sus sistemas son bastante más robustos que el nuestro, no buscan tejer redes de dependencia entre el gobierno y la ciudadanía como sí lo busca hacer el gobierno de López Obrador y como también lo ha acostumbrado a hacer el priísmo (basta ver el uso que el gobierno de Peña Nieto le dio a Prospera). Si bien los gobiernos en esos lares sí pueden prometer fortalecer o adelgazar el sistema de seguridad social, nunca se concibe como un favor que se hace ni que asumen que la ciudadanía les debe algo (votos y apoyo) con el fin de amasar poder y fortalecer la imagen del líder, de quien se dice, es quien proporciona todos estos beneficios.
A algunos esta diferencia les puede parecer no muy significante, pero se trata de todo lo contrario. Dicha diferencia es más bien muy determinante por diversas razones: primero, porque esta visión paternalista afecta mucho el diseño de las políticas públicas (haciéndolas mucho menos eficientes ya que los beneficios que los individuos obtienen están supeditados a la creación de relaciones de dependencia que derive en una mayor cantidad de poder en el gobierno), y segundo, porque suelen distorsionar la dinámica misma de la democracia, creando clientelas y movilizándolas para que el gobierno actual busque refrendarse en el poder.
Mucho se habla del papel que gobierno debe tener en la economía. Si debe tener un papel activo, si debe limitarse a redistribuir la riqueza, o si bien, debe mantenerse completamente ajeno. Pero también es importante debatir cómo es que el gobierno participa. Importa el objetivo que tengan los programas sociales implementados, la postura del gobierno con respecto de ellos y el diseño de las políticas sociales. La diferencia entre un Estado de bienestar constitucional visto por los ciudadanos como un derecho y los beneficios gubernamentales que deben ser agradecidos es enorme, aunque el presupuesto invertido sea similar.
Tal vez no debamos pensar en el desmantelamiento del Estado de bienestar, pero sí en el cambio de narrativa con respecto a éste. Lamentablemente, la narrativa en la llamada Cuarta Transformación es una que incluye una relación paternalista entre el gobierno y los ciudadanos.
