Resulta que, de acuerdo a The New York Times, el gobierno mexicano espió a varios periodistas y activistas. Casi todos ellos opositores al régimen. Compraron software a una compañía que solo lo vende a los gobiernos. Al parecer, el espionaje no fue tan sofisticado porque pues todos nos dimos cuenta.
El software insertaba malware en los teléfonos celulares de los espiados de tal forma que cuando vieran un SMS o mensaje aparentemente inofensivo su teléfono se infectara y así los espías no sólo tuvieran acceso a sus contactos, correo, agenda y demás, sino que podían activar la cámara o el micrófono no sólo cuando el espiado usara el teléfono, sino en cualquier momento. Así, los espías podían escuchar cualquier conversación que tuvieran, una comida, una plática con la familia.
Los espías podían averiguar así quienes eran sus contactos así como sus intenciones. Incluso podían conocer su vida personal para así amedrentarlos, podían saber cual era su talón de aquiles.
Entre las personas espiadas se encuentran Carmen Aristegui, su hijo Emilio, Carlos Loret de Mola, Juan Pardinas, Daniel Lizárraga, Salvador Camarena, entre otros. Que Loret de Mola se encuentre dentro de los espiados podría deberse a ciertos delirios del presidente Peña Nieto quien posiblemente ya no confía en casi nadie.
Mientras el discurso de la élite política es la dictadura fallida de Venezuela y cómo es que con López Obrador nos convertiríamos inevitablemente en algo similar, aquí se violan derechos básicos como la libertad de expresión. Porque tengo que decirlo, este tipo de espionaje es propio de dictaduras. El hecho por sí mismo vulnera la democracia y la pone en entredicho. Nuestros gobernantes siguen insistiendo en Venezuela, que hay que denunciar lo que pasa allá, pero hay que callar lo que pasa aquí.
Lo que más me llama la atención es que la oposición brilla por su ausencia en este tema, los que se supone deberían de ser un contrapeso no han emitido declaración alguna. Ahí están los periodistas defendiéndose solos. Como lo señaló Juan Pardinas del IMCO (uno de los espiados) «somos los nuevos enemigos del Estado». El enemigo parece no ser solamente el Gobierno Federal sino toda la clase política cómplice con su silencio.
Los periodistas intentan hacer ruido para que la prensa en la medida de lo posible tome nota. Los medios digitales, más independientes, replican inmediatamente el caso; los más «tradicionales» intentan ser más discretos aunque el escándalo es lo suficientemente grande como para no abordarlo. Mientras en Estados Unidos el escándalo es primera plana, en nuestro país se intenta que la nota sea lo más irrelevante posible.
El gobierno, de forma casi cínica, responde y dice que no espió a nadie cuando todo está bien documentado. Peña Nieto habla en la cumbre de la OEA, también de forma casi cínica, de la libertad de expresión y de la democracia, mientras su propio gobierno vulnera sus principios más importantes: la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Mientras desaparecen periodistas (algunos víctimas del narco, o incluso de gobernadores) el Gobierno Federal no sólo no les garantiza seguridad ni hace nada por ellos, sino que los espía, los vigila, los amedrenta. Carmen Aristegui tenía la razón al indignarse: ¿cómo se le puede ocurrir al gobierno de Peña Nieto a espiar a un hijo suyo, quien ni siquiera es mayor de edad?
Nos tendríamos que preguntar si podemos seguir considerando a México una democracia funcional: una clase política se representa a sí misma, el regreso de las elecciones fraudulentas, gobiernos que espían o amedrentan, periodistas a quienes no se les puede garantizar la libertad de prensa. Si bien, Venezuela está peor que nosotros (sobre todo por el estado de su economía) creo que nuestra clase política está perdiendo autoridad moral incluso para denunciar lo que está pasando en ese país. Hacerlo es un acto de cinismo cuando en México no son capaces de garantizar derechos elementales.
Preocupados en el discurso por el ascenso de López Obrador, ellos mismos llevan a cabo en la práctica todas esas amenazas que alertan, el deterioro institucional, el autoritarismo, la falta de libertad de expresión. La democracia y el Estado de derecho se están pervirtiendo, pareciera que vivimos un retroceso, como si el gobierno aspirara a restaurar la hegemonía (abra el Spotify y póngale play a la Marcha Imperial de Star Wars) bajo la cual vivió durante varias décadas.
Pero hasta López Obrador calla y se mantiene en silencio.
Y nos dimos cuanta que ciudadanos tenemos que representarnos solos. Peor aún, el gobierno pretende acorralarnos cada vez más. Parece que tendremos que construir nosotros lo que asumimos que ya estaba construido.
