Una parte de mí celebra la detención de Javier Duarte, otra parte no lo hace.
La parte que la celebra es esa que observa al ex gobernador más corrupto de la historia ser aprehendido. Un gobernador que acabó con la vida de reporteros y hasta de niños con cáncer; que robó lo que pudo, que se comportó con un dictadorzuelo que hizo lo que quiso: «El Estado soy yo», diría.
La parte que no la celebra es esa que sabe que la detención de Javier Duarte no obedece al imperio de la ley ni a la impartición de justicia; sino más bien a una jugada de pragmatismo político, de rentabilidad electorera.
Si uno analiza a los gobernadores cuyos escándalos de corrupción han saltado a la luz encontrará que en la mayoría de los casos, como bien afirma Jorge Zepeda Patterson, sus estados vivieron un cambio de colores en el gobierno: esos gobernadores fueron reemplazados por otros de oposición.
Así, los nuevos gobernadores tenían grandes incentivos para denunciar las tropelías del anterior. No sólo para constrastar con el partido al que suceden y ganar legitimidad, sino porque cuando los nuevos llegan y se percatan de que las arcas del estado están literalmente vacías tienen que denunciar que fue el gobernador saliente quien dejó las finanzas en un estado deplorable. Así lo hicieron Miguel Angel Yunes (sucesor de Javier Duarte) y Javier Corral (sucesor de César Duarte).
De la misma forma, los escándalos de corrupción (con excepción de Arturo Montiel, como producto de un conflicto interno en el PRI al ser exhibido por Roberto Madrazo) no son el común denominador en el Estado de México, entidad donde nunca ha existido la alternancia y donde hay menos incentivos por exhibir y denunciar las tropelías de los gobernadores pasados. Los gobernadores de la entidad son «menos escandalosos» porque es más difícil exhibirlos. Están protegidos por sus sucesores.
Hay quienes se encuentran sorprendidos por la detención, quienes pensaban que el gobierno dejaría libre a Javier Duarte. Yo no lo creí así, yo dije (en mi cuenta de Twitter) que en algún momento él sería detenido porque para el PRI no es rentable mantener libre a un ex gobernador de esa calaña. El partido tricolor perdía mucho más con su exgobernador libre y prófugo que con su detención. Suena paradójico, pero las mismas razones por las que permitieron durante todo un sexenio que Duarte hiciera o deshiciera lo que quiso con su estado, son las mismas razones por las cuales lo detuvieron: pragmatismo político. Javier Duarte era muy rentable desviando dinero a la campaña de Peña Nieto, ya no lo era con los escándalos de corrupción a la vista, tan graves que llegaron hacer escandalosos hasta para muchos priístas.
No es coincidencia que lo hayan atrapado por estas fechas, tampoco lo es que el padre Solalinde exhibiera al gobierno afirmando hace tiempo que Javier Duarte se encontraba en Chiapas (a unos kilómetros de Guatemala, donde fue detenido) mientras las autoridades se tapaban los oídos (decían que podría encontrarse en Costa Rica, Argentina o hasta Canadá). El gobierno no sólo lo atrapó porque le convenía hacerlo, lo atrapó justo en el momento en el que le convenía hacerlo, cuando necesitaba una bocanada de aire fresco, justo ahí, en la campaña del Estado de México.
Dentro la jerarquía de poder, cuando los están en el escalón abajo perjudican a los que están en el de arriba, quienes tienen prioridad son los últimos, los más cercanos a la punta de la pirámide. Si ven afectados sus intereses, entonces habrá que sacrificar a quienes están por debajo de ellos. Los de arriba consienten y protegen la corrupción de los que están abajo en tanto eso no ponga en duda la estabilidad de quienes están arriba: «Roba, mata gente incómoda si quieres, pero nada más trata de no hacer mucho escándalo». Bastaba eso, un perfil bajo y la lealtad al partido y al gobierno. Javier Duarte se equivocó al hacer demasiado escándalo.
El argumento con cual podemos concluir que no se trata de un acto de justicia es muy simple y demasiado fácil de entender:
Nadie tocó a Javier Duarte durante su paso por el Gobierno de Veracruz. Escándalo tras escándalo, asesinato, robo y hurto, y el Gobierno Federal se hacía de la vista gorda. Tampoco lo hicieron con su mentor Fidel Herrera (porque hay que recordar que Javier Duarte es literalmente una continuación del gobierno de Herrera) ¿Por qué no lo hicieron en ese entonces y sí lo hicieron ahora? ¿Por qué ante el reclamo de la población, por el desfalco, por la muerte de los periodistas, el gobierno de Peña no hacía absolutamente nada? Lo mismo sucedió con los otros prófugos, el PRI los consintió hasta que el costo por consentirlos fue demasiado alto.
No estamos viendo nada nuevo bajo el sol ni mucho menos a un «nuevo PRI» (que en este caso es, de acuerdo al propio Peña Nieto, el de Javier Duarte, el de César Duarte y el de Roberto Borge). El partido en el poder siempre ha castigado a quienes hacen demasiado ruido y pueden desestabilizar al régimen.
Enrique Ochoa Reza, el presidente del CEN del PRI, asegura que se recuperará el dinero que Duarte robó. Pero no menciona palabra alguna sobre los reporteros que fueron asesinados ni las vidas que se perdieron dentro de su gobierno. Presumen que Javier Duarte fue expulsado del PRI hace algunos meses, pero omiten decir que el mismo PRI lo consintió hasta ese entonces y que incluso apoyó con recursos a la campaña de Enrique Peña Nieto.
Lo que queremos no es una detención selectiva de gobernadores, sino la impartición de justicia. Lamentablemente el gobierno actual ha comprometido mucho a las instituciones que deberían sostener a este país. Aunque hagan constantes teatros mediáticos para «intentar convencerlos», la realidad no se puede ocultar con un dedo.
Y la realidad es dura, muy dura.
