Desde el inicio de esta guerra anticrimen, creí que la operación que el presidente Felipe Calderón se disponía a hacer era arriesgada e ingenua, no porque atacar a la delincuencia organizada no se hubiera vuelto urgente, sino porque consideré que no estaba contemplando el panorama completo, y por tanto no enfrentaba la situación desde una estrategia integral. En mi opinión, el hecho de que al comienzo hubiera informado en cadena nacional cuándo y qué lugares se disponía a atacar, constituía una maniobra mediática diseñada para unir a la población contra un enemigo común, después de unas elecciones que habían polarizado al país, no a una intención genuina de terminar con el tráfico de drogas. Golpes de este tipo, creo yo, deben de propinarse sin previo aviso para no darles tiempo a los criminales de huir o prepararse.
Pero durante estos 5 años, donde la lucha contra las drogas ha dejado más víctimas de las que causa el mismo consumo de estupefacientes, Calderón ha madurado y entendido que no puede centrar su batalla en el combate frontal a los narcotraficantes y sus sicarios, cuyas filas son rellenadas inmediatamente con la juventud del mismo país que se pretende proteger, sino que debe de diversificar sus golpes, atacando a los cárteles a nivel económico, y exigir la corresponsabilidad de otros mandatarios, tanto a nivel local como internacional.
Este último punto fue el fundamental en la Cumbre de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica que tuvo lugar la semana pasada en Guatemala, región que fue catalogada como la más insegura del mundo por la ONU, sin tomar en cuenta los sitios que se encuentran en guerra.
En dicho encuentro, el presidente de México tuvo una participación activa, donde admitió que la corrupción había sido la semilla que había germinado en la situación actual de violencia: “Es cierto, la corrupción siempre ha estado presente en nuestros países, y lo hablo con toda honestidad a nombre de México. La corrupción ha sido mal endémico de mi país, no sé de otros, es probable… El problema actualmente es que al corromper se intimida a la autoridad no para conseguir el traslado de un cargamento de droga, sino para dominar el territorio”.
Asimismo, hizo señalamientos dirigidos a urgir una mayor participación económica de la cooperación internacional para “neutralizar la fuerza de los criminales”, equivalente a los 35 mil millones de dólares que se calcula obtienen los narcotraficantes por sus ventas en los Estados Unidos; afirmó que el problema es general y se requiere de una participación seria, no sólo de forma simbólica, “porque no se trata de caridades”. Por otro lado, refirió que “es inaplazable poner controles al tráfico de armas en la región”, aludiendo al armamento que proviene de nuestro vecino del norte.
La demanda de Calderón no es en vano, ya que datos de la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos indican que por lo menos el 70 por ciento de las 29 mil 284 armas incautadas por las autoridades mexicanas desde 2009 fueron compradas en Estados Unidos por los cárteles, luego de que en la administración de George W. Bush, o Junior, como le apodan a modo de mofa sus connacionales, se derogara la ley que prohibía la venta de armas de asalto.
Ésta no fue la primera vez que el Presidente responsabilizaba a la Unión Americana por la situación en México y Centroamérica, pues ya antes había lanzado acusaciones a nuestro vecino imperialista. A principios de este mes, había cuestionado la permisividad que existe en ese país para adquirir armas de grueso calibre: “¿Por qué sigue este negocio de armas? Yo lo digo abiertamente: por el lucro, por las ganancias que le produce a la industria armamentista norteamericana este asunto. Yo acuso a la industria armamentista norteamericana de las miles de muertes que están ocurriendo hoy en México”.
Por su parte, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, admitió que la mayor parte de la demanda de droga se encuentra en su país, por lo que el mandatario Barack Obama estaba destinando por tercer año 10 mil millones de dólares a la educación y prevención contra las drogas en su territorio, y ofreció incrementar hasta en 300 millones su ayuda con fines de seguridad para Centroamérica, lo que representa un 10 por ciento más de lo que se invirtió el año pasado, que se sumarán a los mil 500 millones que aportarán conjuntamente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Clinton también urgió a la región a erradicar la corrupción, construir instituciones efectivas y responsables, a formar policías y crear tribunales bien financiados y equipados, capaces de proteger los derechos humanos y lograr la confianza de la sociedad, y sugirió a los “comercios y a los ricos” a que “paguen sus impuestos justos y sean socios plenos en un esfuerzo conjunto”.
Sin embargo, el apoyo económico acumulado representa un 94.86 por ciento menos de lo que el presidente de México demandaba para estar en igualdad económica con los cárteles de la droga, y se estima que Centroamérica requiere al menos 6 mil 500 millones para hacer frente a este reto, lo que sugiere la dificultad de esta empresa.
La Cumbre Centroamericana deja también un corolario interesante para ser analizado más adelante. Si bien son los países del “primer mundo” –la zona inglesa y francesa de Norteamérica, así como los Estados europeos- los principales consumidores de drogas, es el puente entre Colombia y la frontera norte de México la zona más afectada por los cárteles. Sería interesante saber a cuánto asciende el número de muertos que les deja el consumo (e incluso el tráfico) de estupefacientes en todos aquellos países, para compararlo con las víctimas, directas y colaterales, que ha causado en México, Centroamérica y Colombia el combate a un narcotráfico que existe para satisfacer una demanda extranjera, y cuestionarnos si en nuestra estrategia no debiéramos de exigir no sólo que Estados Unidos dedique 10 mil millones de dólares para enseñar a los estadounidenses a sacar la nariz del polvo blanco, sino que efectúe una serie de reformas, incluso a su Constitución, para impedir que se sigan fabricando las armas con las que se asesinan día a día a mexicanos, centro y sudamericanos.
